Sociedad | Violencia de g茅nero

El efecto del ajuste

La violencia de g茅nero contin煤a siendo una de las problem谩ticas m谩s urgentes y persistentes en la Argentina, lamentablemente actualizada por el triple feminicidio narco de Florencio Varela. A pesar de los avances normativos y sociales de las 煤ltimas d茅cadas, los femicidios, las agresiones f铆sicas, psicol贸gicas y econ贸micas contra mujeres y personas LGBTI+ siguen ocurriendo con alarmante frecuencia. Nada eso cuenta para el gobierno nacional, mientras que la administraci贸n local prioriza otros temas. Buenos Aires, 7 de octubre de 2025. Para saber de qu茅 estamos hablando, anotemos que la violencia de g茅nero es cualquier acto o comportamiento, realizado u omitido, que causa da帽o o sufrimiento f铆sico, psicol贸gico, sexual o econ贸mico, y que se basa en una relaci贸n desigual de poder, afectando la vida, la libertad y la dignidad de una persona, pero que se dirige especialmente contra mujeres por el hecho de serlo, o contra otras personas por su identidad o expresi贸n de g茅nero u orientaci贸n sexual. Incluye diferentes tipos de violencia, como la f铆sica, psicol贸gica, sexual y econ贸mica, y puede ocurrir tanto en el 谩mbito p煤blico como privado. No basta con condenarlos. Para cuidar a quien los sufre se requieren pol铆ticas p煤blicas activas. 

La contrapartida es que el problema no disminuye. Seg煤n el Observatorio de Femicidios de la Defensor铆a del Pueblo de la Naci贸n entre enero y junio de 2025 se registraron 124 v铆ctimas de femicidio, incluyendo 8 femicidios vinculados, 5 suicidios feminicidas y 7 homicidios en contextos de narcotr谩fico. Este 煤ltimo dato visibiliza la intersecci贸n entre violencia de g茅nero y otras formas de violencia estructural. En este contexto, las pol铆ticas p煤blicas de prevenci贸n y asistencia se vuelven fundamentales. Sin embargo, el actual escenario de recorte del gasto social a nivel nacional y el reperfilamiento presupuestario en la ciudad, plantea serios desaf铆os para la sostenibilidad y efectividad de estas pol铆ticas.  

Desde principios de 2024, el gobierno nacional ha impulsado una serie de medidas de austeridad que incluyen recortes en 谩reas sensibles como salud, educaci贸n y desarrollo social, entre ellas, disolver el Ministerio de las Mujeres, G茅neros y Diversidad. Desde 2025, las competencias de esa cartera fueron absorbidas por el Ministerio de Justicia, que ha eliminado programas emblem谩ticos como Acercar Derechos y el Registro Nacional de Organizaciones Sociales, en el marco de una pol铆tica de ajuste y desideologizaci贸n del Estado. La reducci贸n de fondos ha afectado la capacidad de sostener dispositivos territoriales, casas de protecci贸n integral, l铆neas de atenci贸n y campa帽as de sensibilizaci贸n.

En paralelo, la ciudad ha adoptado un enfoque de "reperfilamiento" del gasto social que, si bien no implica un recorte directo en todos los rubros, s铆 ha generado una redistribuci贸n que prioriza infraestructura y seguridad por sobre pol铆ticas de cuidado y prevenci贸n. Esta reorientaci贸n presupuestaria ha generado preocupaci贸n entre organizaciones feministas, sindicatos y especialistas en pol铆ticas p煤blicas.

Impacto en los dispositivos de prevenci贸n

Los dispositivos de prevenci贸n de la violencia de g茅nero requieren presencia territorial, articulaci贸n interinstitucional y recursos humanos capacitados. En CABA, programas como "La L铆nea 144 local", los Centros Integrales de la Mujer (CIM) y las campa帽as de concientizaci贸n han visto una disminuci贸n en su alcance o frecuencia. Algunos CIM han reducido horarios de atenci贸n o han dejado de ofrecer acompa帽amiento psicol贸gico por falta de profesionales.

Adem谩s, la articulaci贸n con el sistema judicial y de salud se ha vuelto m谩s fr谩gil ante la falta de recursos para capacitaciones, seguimiento de casos y derivaciones. Esto genera una brecha entre la normativa vigente -como la Ley 26.485 de Protecci贸n Integral- y su aplicaci贸n efectiva en el territorio.

Rol de las organizaciones sociales

Frente a este panorama, las organizaciones sociales, feministas y comunitarias han redoblado esfuerzos para sostener redes de contenci贸n. Espacios como casas refugio autogestionadas, redes de acompa帽antes y colectivos barriales han asumido tareas que deber铆an estar garantizadas por el Estado. Sin embargo, estas iniciativas tambi茅n enfrentan dificultades para sostenerse sin financiamiento p煤blico.

La falta de recursos no solo limita la capacidad de respuesta, sino que tambi茅n pone en riesgo la vida de quienes atraviesan situaciones de violencia. La demora en la atenci贸n, la falta de lugares seguros y la ausencia de acompa帽amiento integral pueden tener consecuencias irreversibles.

En este contexto, es urgente repensar las pol铆ticas p煤blicas desde una perspectiva de derechos y equidad. Algunas medidas clave que proponen los expertos incluyen:
- Restituci贸n y ampliaci贸n del presupuesto destinado a programas de prevenci贸n y asistencia.
- Fortalecimiento de los CIM con profesionales interdisciplinarios y horarios extendidos.
- Capacitaci贸n obligatoria en perspectiva de g茅nero para personal estatal, judicial y de salud.
- Articulaci贸n efectiva entre Naci贸n, Ciudad y organizaciones sociales.

Adem谩s, es fundamental que las pol铆ticas p煤blicas no se limiten a la atenci贸n de casos, sino que promuevan transformaciones culturales profundas. La educaci贸n sexual integral, las campa帽as de sensibilizaci贸n y la promoci贸n de masculinidades no violentas son pilares para construir una sociedad m谩s justa.

Todo esto porque la violencia de g茅nero no puede abordarse con pol铆ticas aisladas ni con presupuestos menguados. Requiere compromiso pol铆tico, recursos sostenidos y participaci贸n activa de la sociedad civil. En tiempos de ajuste, el riesgo es que las vidas m谩s vulnerables queden a煤n m谩s expuestas. Por eso, defender y fortalecer las pol铆ticas p煤blicas de prevenci贸n no es solo una cuesti贸n de gesti贸n: es una cuesti贸n de derechos humanos.


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