Comunales | 32 años del atentado a la AMIA

Una justicia que no llega

Treinta y dos años después del atentado contra la AMIA, el acto realizado en Pasteur 633 volvió a poner en primer plano no solo el reclamo de justicia, sino también la persistencia de un entramado político, judicial y diplomático que, desde 1994, ha operado para evitar que se conozca la verdad completa sobre el ataque. La ceremonia, marcada por el sonido de la sirena a las 9:53 y la lectura de los nombres de las 85 víctimas, reunió a familiares, dirigentes comunitarios, autoridades y vecinos bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”. Pero esa memoria, en el caso AMIA, es inseparable de las maniobras que se desplegaron desde el primer día para desviar la investigación, encubrir responsabilidades y utilizar políticamente la tragedia. Buenos Aires, 21 de julio de 2026. El atentado, atribuido por la Justicia argentina a funcionarios del Estado iraní y a integrantes de Hezbolá —organización responsable de graves atentados en su resistencia al expansionismo israelí—, nunca tuvo un solo condenado. La causa fue declarada de lesa humanidad y no prescribe, pero el paso del tiempo no trajo avances sustantivos. Por el contrario, consolidó un patrón de obstrucciones que comenzó en las horas posteriores a la explosión y se prolongó durante décadas. La manipulación de pruebas, el pago ilegal a testigos, la desviación deliberada de líneas de investigación y la protección de funcionarios involucrados en el encubrimiento formaron parte de una matriz que, lejos de desactivarse, se reacomodó según las necesidades políticas de cada momento.

El acto en Once volvió a recordar que la primera maniobra decisiva ocurrió en 1994, cuando se montó una versión oficial que apuntaba a una “conexión local” construida sobre pruebas falsas. La pista policial armada por la Bonaerense, el pago ilegal a Carlos Telleldín y la actuación del juez Juan José Galeano —luego destituido por mal desempeño— fueron elementos centrales de un encubrimiento que buscó cerrar la causa en una dirección funcional al poder político de entonces. Esa operación, que terminó siendo denunciada por los propios familiares, permitió que los verdaderos responsables quedaran fuera del alcance judicial y que la investigación se transformara en un terreno de disputa institucional.

Con el paso de los años, la causa AMIA se convirtió en un instrumento político utilizado por distintos gobiernos para reforzar alianzas internacionales, justificar decisiones diplomáticas o confrontar adversarios internos. La firma del Memorándum con Irán en 2013, defendido por el oficialismo de ese momento como una vía para destrabar la investigación, fue interpretado por sectores de la comunidad judía y por familiares de víctimas como una maniobra para legitimar la posición del Estado iraní y diluir responsabilidades. La denuncia del fiscal Alberto Nisman —quien murió en circunstancias aún no esclarecidas— profundizó la crisis institucional y volvió a colocar el atentado en el centro de la disputa política nacional.

La falta de avances judiciales también se explica por la ausencia de cooperación internacional efectiva. Las circulares rojas de Interpol contra los funcionarios iraníes imputados nunca derivaron en detenciones, y los pedidos de extradición fueron sistemáticamente rechazados. En paralelo, la causa local quedó atrapada en un laberinto de recursos, nulidades y cambios de jueces que impidieron consolidar una línea de investigación coherente. La declaración de la causa como delito de lesa humanidad garantizó su continuidad, pero no modificó la estructura de obstáculos que la rodea.

En el acto de este viernes, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, volvió a señalar que “32 años de impunidad son un abismo intolerable para cualquier República que pretenda llamarse democrática”. Su afirmación sintetiza un sentimiento compartido por familiares y organizaciones comunitarias: la convicción de que la impunidad no es un accidente, sino el resultado de decisiones políticas sostenidas en el tiempo. La presencia de autoridades nacionales y delegaciones internacionales en la ceremonia no logró disipar esa percepción. Para muchos asistentes, el uso político del atentado continúa vigente, ya sea en discursos que apelan a la memoria como bandera partidaria o en gestos que buscan capitalizar la sensibilidad del tema sin aportar soluciones concretas.

Los testimonios de familiares, uno de los momentos más emotivos del acto, insistieron en que la memoria no puede separarse de la exigencia de verdad. Recordaron a sus seres queridos, pero también a quienes murieron sin ver avances en la causa. El video proyectado durante la ceremonia reforzó esa idea: la impunidad no solo afecta a las víctimas directas, sino también a generaciones enteras que crecieron sin respuestas.

El cierre artístico, a cargo del cantante Gonzalo Sarfatti, y la conducción del actor Martín Seefeld —quien perdió a su amigo Fabián Schalit en el ataque— aportaron un tono íntimo a una jornada atravesada por la política. Entre los asistentes estuvieron el presidente Javier Milei, funcionarios nacionales, autoridades porteñas y representantes diplomáticos. La presencia de figuras del gobierno actual se interpretó en distintos sectores como un gesto de acompañamiento, pero también como parte de una tradición en la que cada administración busca inscribir su narrativa en torno al atentado.

Treinta y dos años después, el acto en Once volvió a mostrar que la memoria del atentado a la AMIA es inseparable de la historia de sus encubrimientos. Las maniobras instrumentadas desde 1994 para evitar que se conozca la verdad siguen condicionando el presente. La causa permanece abierta, pero la impunidad continúa intacta. Y mientras esa impunidad persista, la conmemoración anual será no solo un homenaje, sino también un recordatorio de que el atentado sigue siendo utilizado políticamente y de que los responsables —materiales y encubridores— continúan sin ser juzgados.



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