Porteñas | Nueva licitación de Higiene Urbana

Recicladores excluidos

La Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina (CTA-T) convocó para el miércoles 29 de julio a una conferencia de prensa en Plaza Miserere, en el corazón comercial de Once, con el objetivo de visibilizar la preocupación creciente del sector de reciclado urbano ante la nueva licitación del servicio de recolección de residuos secos impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad, programada para las 13 en Rivadavia y Pueyrredón, busca advertir sobre el impacto que tendría la reforma del sistema en miles de trabajadores y en la estructura de los Centros Verdes, pieza central del modelo de reciclado con inclusión social vigente desde hace más de dos décadas. Buenos Aires, 28 de julio de 2026. La alerta se encendió tras la publicación de los pliegos técnicos de la licitación del Servicio de Higiene Urbana Seca, formalizada mediante la Resolución Nº 53/SECH/26 de la Secretaría de Higiene. El documento establece las condiciones operativas para los próximos dos años y reorganiza el sistema en seis zonas comunales y nueve Centros de Reciclado estatales. Para la CTA-T, el nuevo esquema no solo modifica la lógica de funcionamiento del servicio, sino que abre la puerta a una competencia directa entre cooperativas y empresas privadas, poniendo en riesgo más de 7.000 puestos de trabajo vinculados a la recolección, clasificación y tratamiento de materiales reciclables.

Alejandro Gianni, secretario de Ambiente de la CTA-T en CABA, sociólogo y referente del ambientalismo popular, expresó que la licitación “busca transformar de raíz un modelo que funciona”, construido por miles de recuperadores urbanos desde principios de los años 2000. Según el dirigente, el reciclado con inclusión social —reconocido internacionalmente por su aporte ambiental y su impacto en la economía popular— se vería desfinanciado y fragmentado si se aplican los cambios previstos. Gianni sostuvo que la resolución “pone en riesgo el reciclado con inclusión social construido por miles de recuperadores urbanos” y llamó a defender un sistema que, además de reducir la cantidad de residuos enviados a rellenos sanitarios, garantiza ingresos y derechos laborales a quienes sostienen la tarea cotidiana en los barrios.

Los pliegos establecen exigencias técnicas que, según las organizaciones, podrían ser difíciles de cumplir para las cooperativas sin un acompañamiento adecuado. Entre ellas se destacan el control satelital por GPS y telemetría de toda la flota de camiones, la obligación de brindar seis prestaciones simultáneas —desde la atención a grandes generadores hasta la operación de Puntos Verdes y plantas de procesamiento— y un tope de descarte del 20% en los centros de tratamiento. Para la CTA-T, estas condiciones no solo elevan los costos operativos, sino que podrían derivar en sanciones o pérdida de contratos para las cooperativas, que históricamente han trabajado con recursos limitados y con fuerte apoyo comunitario.

El conflicto también se vincula con declaraciones recientes del jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien afirmó que los centros de reciclaje en los barrios deberían ser removidos. Aunque los pliegos no mencionan su eliminación, sí habilitan a que los Centros Verdes sean operados por quienes resulten adjudicados, lo que abre la posibilidad de que empresas privadas administren espacios que hoy funcionan bajo gestión cooperativa. Para las organizaciones, esto implicaría un retroceso en términos de participación comunitaria y control social del sistema de reciclado.

La conferencia en Plaza Miserere busca reforzar la idea de que la incorporación de tecnología y la modernización del servicio no deben traducirse en pérdida de derechos laborales ni en la desarticulación de un modelo que ha demostrado eficacia ambiental y social. Las cooperativas, que desde hace años articulan con escuelas, comercios y vecinos para promover la separación en origen, sostienen que la prioridad debe ser fortalecer el reciclado inclusivo y garantizar condiciones dignas de trabajo, en lugar de avanzar hacia un esquema que privilegie la competencia empresarial.

Gianni sintetizó el espíritu de la convocatoria al señalar que “defender el reciclado es defender más de 7.000 puestos de trabajo y el derecho de la Ciudad a seguir construyendo un modelo con inclusión”. La jornada en Plaza Miserere se presenta así como un llamado a la organización comunitaria y sindical en un momento clave para el futuro del sistema de reciclado porteño, cuya continuidad dependerá de las decisiones que se tomen en el marco de la nueva licitación.



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