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Pérdida de poder adquisitivo

El ajuste previsional aplicado desde diciembre de 2023 configuró en la Ciudad de Buenos Aires un proceso de deterioro sostenido del poder adquisitivo de los adultos mayores, cuyo impacto se expresa tanto en la pérdida directa de ingresos como en la contracción del consumo y la actividad económica local. Con más de 631.000 jubilados y más de 373.000 afiliados al PAMI, la Ciudad concentra uno de los universos previsionales más numerosos del país, y las medidas adoptadas por el gobierno nacional —congelamiento del bono extraordinario, eliminación del reintegro del IVA y actualización insuficiente de los haberes— profundizaron la vulnerabilidad de un sector que destina casi la totalidad de sus ingresos a gastos esenciales. El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado el 28 de agosto de 2026, permite dimensionar la magnitud de este ajuste y sus consecuencias sobre la vida cotidiana de los jubilados porteños. Buenos Aires, 1 de setiembre de 2026. Desde marzo de 2024, el bono extraordinario previsional permanece congelado en 70.000 pesos. La cifra, que originalmente funcionaba como un complemento para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación, quedó desactualizada frente a la dinámica de precios y frente a la propia fórmula de movilidad. Si el bono se hubiera actualizado con el mismo mecanismo que el haber jubilatorio, en junio de 2026 debería haber alcanzado los 209.991 pesos. La diferencia acumulada entre abril de 2024 y junio de 2026 asciende a 2.225.714 pesos por jubilado, una pérdida que se vuelve estructural en un contexto donde más de la mitad de los beneficiarios del país —el 50,6%— percibe la jubilación mínima con bono o menos. En la Ciudad, esto equivale a unos 319.347 jubilados afectados directamente por el congelamiento. La pérdida agregada para este grupo asciende a 710.775 millones de pesos, un monto que se traduce en menos consumo, menos circulación de ingresos y menor dinamismo económico en los barrios porteños.

El deterioro del poder adquisitivo se profundiza cuando se observa la evolución de los haberes frente al Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA). Según el informe, las jubilaciones mínimas con bono se ubicaron en el trimestre abril-junio de 2026 un 22,6% por debajo del último trimestre del gobierno anterior. En el caso de la jubilación sin bono, la caída fue del 6,5%. La comparación trimestral es la adecuada metodológicamente, dado que la fórmula de movilidad anterior actualizaba los haberes cada tres meses. En ambos casos, la pérdida real de ingresos se consolida como una tendencia que afecta la capacidad de los adultos mayores para afrontar gastos básicos como alimentos, medicamentos, alquileres y servicios públicos.

A este escenario se sumó la eliminación del reintegro del IVA para jubilados y pensionados, una medida que había sido implementada para mejorar el poder de compra de los sectores pasivos de menores ingresos. El beneficio alcanzaba a quienes percibían hasta tres haberes mínimos, un universo que en junio de 2026 equivalía a ingresos de hasta 1.209.954 pesos y abarcaba a 5,2 millones de personas, es decir, el 86% del total de jubilados y pensionados del país. El esquema anterior permitía el reembolso automático del 21% del valor de las compras realizadas con tarjeta de débito en productos de la canasta básica, con un tope mensual equivalente al 21% del haber mínimo. Su eliminación implicó una pérdida directa y mensual en los ingresos disponibles de millones de adultos mayores, sin necesidad de trámites ni intermediaciones, y funcionaba como un mecanismo eficaz de alivio frente a la inflación.

La combinación de congelamiento del bono, pérdida real del poder adquisitivo y eliminación del reintegro del IVA configura un cuadro de ajuste que golpea de manera particular a la población jubilada de la Ciudad, donde la proporción de adultos mayores es más alta que el promedio nacional y donde el PAMI cumple un rol central en la atención sanitaria. Con más de 373.000 afiliados, el instituto enfrenta una demanda creciente en un contexto de ingresos deteriorados, lo que repercute en la capacidad de los jubilados para acceder a medicamentos, estudios y tratamientos, incluso cuando están cubiertos parcialmente por la obra social.

El informe de CEPA advierte que la pérdida de ingresos previsionales no solo afecta la calidad de vida de los jubilados, sino que también repercute en la economía urbana. Los adultos mayores que perciben la mínima destinan prácticamente todo su ingreso al consumo básico, por lo que cualquier recorte se traduce en menor actividad comercial en los barrios, caída en las ventas de alimentos y medicamentos, y menor circulación de dinero en sectores que dependen de la demanda cotidiana. En una ciudad donde el comercio minorista y los servicios representan una parte sustancial del empleo, la contracción del consumo previsional tiene efectos multiplicadores negativos.

El ajuste previsional, además, se produce en un contexto de inflación persistente y aumento de los costos de vida en la Ciudad, donde los alquileres, los servicios públicos y los medicamentos registraron incrementos superiores al promedio nacional. Para los jubilados porteños, la pérdida de ingresos se combina con una estructura de gastos más elevada, lo que agrava la vulnerabilidad económica y social del sector.

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