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Comunales | Muerte en Comisaría de Balvanera

Indagarán a policías retirados

Casi tres décadas después de la muerte de José Delfín Acosta Martínez en la entonces Comisaría 5ª de Balvanera, la justicia argentina avanzará por primera vez en la indagatoria de siete policías federales retirados, en cumplimiento de las obligaciones fijadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2020 declaró al Estado responsable por la detención arbitraria, las violaciones a los derechos humanos de la víctima y la deficiente investigación judicial. El juez Fernando Caunedo aceptó el pedido del fiscal Alberto Gentili y citó a los exagentes para octubre, en un giro que busca reparar un caso marcado por irregularidades, discriminación racial y más de veinte años de impunidad. Buenos Aires, 1 de setiembre de 2026. La decisión judicial alcanza al comisario inspector Horacio Raúl Bussetti, al comisario Claudio Oscar Cervera, al inspector Pedro Fabián Aguilar, al sargento primero Omar Justo Ojeda, al sargento Humberto Mario Echegaray, al cabo primero Marcelino Hugo Lezcano y al subcomisario Alfredo Daniel González, todos retirados de la Policía Federal Argentina. También figuraba en la investigación el sargento primero Domingo Alberto Oliva, pero su fallecimiento en 2011 motivó el pedido de sobreseimiento. Las indagatorias se realizarán en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 10, que retomó el expediente tras la sentencia internacional que exigió al Estado argentino reabrir la causa y avanzar en la determinación de responsabilidades.

El caso se remonta al 5 de abril de 1996, cuando un operativo policial acudió al boliche Maluco Beleza, en Sarmiento al 1700, por una supuesta incidencia en la que una de las personas involucradas estaría armada. Allí fueron detenidos Acosta Martínez, ciudadano uruguayo afrodescendiente de 32 años, y dos hermanos brasileños. Según el dictamen fiscal, el procedimiento habría sido irregular: los tres hombres fueron privados ilegítimamente de su libertad en un contexto de abuso funcional y discriminación racial. Trasladados a la Comisaría 5ª, Acosta fue alojado en el recinto de guardia interna, mientras los otros detenidos fueron llevados a una celda.

La versión policial sostuvo que Acosta se encontraba bajo los efectos de alcohol o alguna sustancia, que insultó al personal y que comenzó a arrojar sus pertenencias al piso antes de desnudarse y desplazarse por el recinto. Según ese relato, los oficiales intentaron calmarlo, lo esposaron y llamaron preventivamente a una ambulancia cuando el detenido comenzó a golpearse la cabeza contra el piso. El médico del SAME que llegó desde el Hospital Ramos Mejía constató convulsiones y ordenó su traslado, pero Acosta murió en el trayecto. Esa reconstrucción fue aceptada por la justicia en 1996, que archivó la causa al considerar que no había delito, una decisión que la Cámara confirmó pese a la apelación de la familia.

La investigación tuvo un derrotero complejo. La familia repatrió el cuerpo a Uruguay, donde se realizó una segunda autopsia que motivó la reapertura del expediente en Argentina en 1998. Sin embargo, en 1999 el juzgado volvió a archivarlo, al concluir que la muerte había sido producto de alcohol, drogas y lesiones autoimpuestas. La querella apeló sin éxito en todas las instancias, hasta que en 2002 el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras años de trámite, la CIDH elevó el expediente a la Corte Interamericana, que en 2020 declaró responsable al Estado argentino por la detención arbitraria, la muerte de Acosta y la afectación de la integridad de sus familiares, además de señalar graves deficiencias en la investigación judicial.

En su sentencia, la Corte IDH ordenó al Estado promover y continuar las investigaciones necesarias para determinar y sancionar a los responsables, tomando en especial consideración el contexto de violencia policial por racismo y discriminación. El Estado argentino reconoció su responsabilidad durante la audiencia pública de marzo de 2020 y se comprometió a reabrir la causa. A partir de ese mandato, el juzgado desarchivó el expediente y delegó la investigación en la fiscalía, que a su vez encomendó el trámite a la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), especializada en casos de abuso policial.

La reapertura permitió incorporar nuevos análisis, revisar actuaciones previas y sumar la colaboración de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo a la Investigación Penal. Con ese impulso, el fiscal Gentili solicitó las indagatorias que ahora fueron aceptadas por el juez Caunedo. El avance judicial representa un punto de inflexión en un caso que permaneció estancado durante más de veinte años y que, según la Corte Interamericana, ejemplifica prácticas de detención arbitraria, discriminación racial y violencia institucional que el Estado argentino debe erradicar.

La citación de los siete policías retirados abre una nueva etapa en la búsqueda de verdad y justicia para la familia de Acosta Martínez, cuyo reclamo atravesó fronteras y logró que el sistema interamericano interviniera ante la falta de respuestas internas. También coloca nuevamente en agenda la necesidad de revisar los mecanismos de control policial y las prácticas de detención en la vía pública, especialmente en contextos donde la discriminación racial y la violencia institucional han sido documentadas por organismos nacionales e internacionales. En octubre, cuando los imputados se sienten frente al juez, se pondrá en marcha un capítulo largamente postergado de una causa que, treinta años después, busca finalmente esclarecer lo ocurrido en aquella madrugada en Balvanera.

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