Comunales | Desalojos arbitrarios

Familias a la intemperie

A m谩s de tres semanas del operativo que dej贸 a decenas de personas en la calle en Alberti al 500, el conflicto en Balvanera contin煤a abierto y se profundiza con nuevas denuncias. Las familias desalojadas, que aseguran ser propietarios e inquilinos leg铆timos, sostienen que el Gobierno porte帽o mont贸 una campa帽a de estigmatizaci贸n para justificar una medida que consideran arbitraria, ilegal y carente de fundamentos t茅cnicos. Mientras tanto, siguen sin recibir una soluci贸n habitacional estable y reclaman reparaci贸n por los da帽os sufridos. Buenos Aires, 21 de julio de 2026. El operativo del 10 de junio sorprendi贸 a los vecinos por su magnitud y por la rapidez con la que se ejecut贸. La Polic铆a de la Ciudad y la Guardia de Auxilio ingresaron al edificio de Alberti 565/567/569/571 con el argumento de un 鈥渞iesgo estructural鈥 que, seg煤n la versi贸n oficial, hac铆a inminente un derrumbe. La clausura administrativa preventiva fue respaldada horas despu茅s por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien celebr贸 p煤blicamente la intervenci贸n y afirm贸 que se hab铆a desalojado 鈥渦na guarida de delincuentes鈥, asegurando que 鈥渘ing煤n porte帽o tiene por qu茅 convivir con estos malvivientes鈥. La DGGAyE reforz贸 esa postura al describir un deterioro generalizado del inmueble y al intimar a los propietarios a presentar un plan de obras urgente.

Pero en la vereda del edificio clausurado, los testimonios de las familias afectadas dibujan un panorama completamente distinto. Los vecinos exhiben escrituras, contratos y documentaci贸n que acreditan su residencia legal y rechazan de plano las acusaciones de usurpaci贸n. Relatan que fueron obligados a abandonar sus viviendas sin previo aviso, sin un informe t茅cnico concluyente y sin que se les ofreciera una alternativa habitacional real. 鈥淣os sacaron diciendo que hab铆a un problema de derrumbe. Nos obligaron a salir a la hora que sea, dici茅ndonos que ten铆an un lugar para que estuvi茅ramos mientras tanto鈥, cont贸 uno de los damnificados, que mostr贸 sus papeles ante organizaciones sociales que acompa帽an el reclamo.

Otra vecina, que vive en el edificio desde los 18 a帽os, describi贸 la situaci贸n como un despojo injustificado: 鈥淓s mentira que la casa se est谩 derrumbando. Nos desalojaron a tantas familias y ahora estamos en la calle鈥. La falta de asistencia estatal inmediata oblig贸 a los vecinos a costear hoteles y hospedajes de emergencia, un gasto que muchos no pueden sostener. 鈥淣o elegimos esto. Los que nos sacaron fueron ellos. Tuvimos que pagar el hotel nosotros鈥, lament贸 otra mujer.

La arquitecta Estefan铆a Capato, representante t茅cnica de parte de las familias, cuestion贸 la veracidad del supuesto riesgo edilicio. Asegur贸 que el edificio fue inspeccionado en m煤ltiples ocasiones por personal de bomberos y que no se detectaron fallas estructurales que justificaran un desalojo compulsivo. 鈥淗oy es 3 de julio y el edificio no se derrumb贸. Eso es una mentira鈥, afirm贸. Seg煤n su evaluaci贸n, las inspecciones posteriores parecen orientadas a encontrar una falla que no existe: 鈥淓st谩n intentando marcar con los dedos una supuesta falla estructural cuando no la hay鈥.

Las organizaciones que acompa帽an a las familias advierten que el operativo no solo las dej贸 sin vivienda, sino que desorganiz贸 por completo su vida cotidiana. Una vocera de la Coordinadora Contra los Desalojos se帽al贸 que muchas personas perdieron su trabajo, interrumpieron tratamientos m茅dicos y quedaron expuestas a una situaci贸n de vulnerabilidad extrema. 鈥淓s una campa帽a mentirosa, sucia y cruel. Lo 煤nico que est谩n haciendo es desalojar a gente trabajadora鈥, sostuvo. Tambi茅n alert贸 que el caso debe servir de advertencia para otros propietarios de la ciudad, ante lo que consideran un uso discrecional de medidas de emergencia edilicia para justificar desalojos sin garant铆as.

El equipo legal que patrocina a los vecinos, encabezado por la abogada Luciana Mina, denunci贸 que fueron expulsadas alrededor de 53 personas, entre ellas varios ni帽os, sin que el Gobierno porte帽o ofreciera una respuesta acorde a la Constituci贸n y a las leyes locales. Mina cuestion贸 especialmente las declaraciones del jefe de Gobierno: 鈥淣o dijo que lo hac铆a porque el inmueble pod铆a caerse sobre las cabezas de los habitantes. Dijo que expulsaba a supuestos malvivientes. Eso es estigmatizaci贸n y discriminaci贸n鈥. Seg煤n la abogada, si hubiera existido un riesgo real, la Guardia de Auxilio deber铆a haber procedido a realizar apuntalamientos y obras de emergencia que permitieran a las familias permanecer en sus hogares. 鈥淭odo el da帽o que les han producido tiene que ser reparado鈥, concluy贸.

Mientras el edificio permanece clausurado y las familias contin煤an movilizadas, el conflicto se inscribe en un debate m谩s amplio sobre el acceso a la vivienda, el uso de medidas preventivas y la relaci贸n entre pol铆ticas de seguridad y derechos habitacionales. En Balvanera, los vecinos desalojados siguen reclamando lo que consideran una reparaci贸n imprescindible: recuperar su hogar, su estabilidad y su dignidad frente a un operativo que, seg煤n ellos, los convirti贸 injustamente en blanco de una narrativa oficial que los estigmatiza.


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