Porteñas | La calle no es lugar para vivir

Frazadazo contra la indiferencia

La movilización conocida como “Frazadazo”, realizada el 23 de julio en 9 de julio y Avenida de Mayo, volvió a poner en el centro del debate público el crecimiento sostenido de la población en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. La consigna que encabezó la jornada —“La calle no es un lugar para vivir ni para morir”— sintetizó el reclamo de más de medio centenar de organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos que denuncian que, pese al presupuesto extraordinario que administra el Gobierno porteño, la respuesta estatal frente a esta problemática sigue siendo insuficiente y, en muchos casos, hostil. Buenos Aires, 28 de julio de 2026. El aumento de personas viviendo en la vía pública quedó reflejado en los relevamientos oficiales y en los censos populares realizados por organizaciones sociales. Según el último censo del Gobierno de la Ciudad, llevado adelante en noviembre de 2025, se registraron 5.176 personas en situación de calle, de las cuales 1.613 dormían directamente en el espacio público. Este número representa un incremento interanual del 30% y confirma una tendencia que se viene profundizando desde la pospandemia. En paralelo, el Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado por más de 30 organizaciones entre el 26 y el 29 de junio de 2025, relevó 11.892 personas, más del doble del registro oficial. La legisladora porteña Berenice Iañez advirtió que estas diferencias no son meramente estadísticas: de ellas dependen los recursos asignados, el alcance de las políticas públicas y la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos.   

El contraste entre ambos relevamientos expone un problema estructural: mientras el Gobierno porteño sostiene que la población en situación de calle asciende a poco más de cinco mil personas, las organizaciones sociales señalan que la cifra real supera ampliamente los diez mil casos. A nivel nacional, el Gobierno informó la existencia de 9.400 personas en situación de calle en todo el país, lo que vuelve aún más llamativa la magnitud del fenómeno concentrado en la Ciudad de Buenos Aires. La persistencia del subregistro, denunciado desde hace años por las organizaciones, se vincula con la falta de implementación plena de la Ley 3706, que establece la obligación de realizar censos integrales y políticas de acompañamiento, y con la ausencia de actualización del subsidio habitacional previsto en la Ley 6935.  

En este contexto, la Comuna 3 —integrada por Balvanera y San Cristóbal— se consolidó como uno de los territorios más afectados por el crecimiento de la población en situación de calle. De acuerdo con el censo oficial de noviembre de 2025, casi la mitad de las personas que duermen en la vía pública se concentran en las comunas 1 y 3, que abarcan el área central de la Ciudad. En Balvanera y San Cristóbal, la presencia cotidiana de personas viviendo en veredas, plazas, entradas de edificios, bocas de subte y hospitales se volvió parte del paisaje urbano, reflejo de una crisis habitacional que se profundiza año tras año.   

Los datos oficiales muestran además que la cantidad de personas alojadas en los Centros de Inclusión Social (CIS) creció un 20% en apenas seis meses y un 26% en la comparación interanual. Durante 2025 se inauguraron diez nuevos centros, alcanzando un total de 58 paradores con unas 4.900 plazas. Sin embargo, la demanda supera ampliamente la capacidad instalada y miles de personas continúan durmiendo en la calle. El perfil de esta población también interpela: el 80% son adultos en edad productiva, entre 19 y 59 años; casi el 70% no nació en la Ciudad, principalmente en la provincia de Buenos Aires; y el 68% lleva más de un año viviendo a la intemperie. Las principales causas identificadas incluyen problemas laborales y económicos, conflictos familiares y el impacto de la pospandemia en la salud mental y los consumos problemáticos.   

Durante el Frazadazo, las organizaciones denunciaron que, pese al presupuesto récord de 17 billones 347 mil millones de pesos aprobado para 2026 —uno de los más altos de América Latina en términos per cápita—, la política estatal hacia las personas en situación de calle se caracteriza por el abandono, la invisibilización y, en muchos casos, el hostigamiento policial. La Red Puentes, que articula casas de abordaje comunitario para personas con consumos problemáticos y situación de calle, sostuvo que la frazada se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la desidia estatal y a los “censos mentirosos” que perpetúan condiciones de vida indignas.

Los reclamos de la jornada incluyeron la implementación efectiva de la Ley 3706, la actualización del subsidio habitacional, el fortalecimiento de los dispositivos de atención, políticas integrales de salud mental y consumos problemáticos, y el cese de la persecución hacia las personas en situación de calle y las organizaciones que sostienen tareas de asistencia allí donde el Estado no llega. En la Comuna 3, donde la crisis se expresa con particular crudeza, estos pedidos adquieren una urgencia mayor: es uno de los territorios donde la calle dejó de ser un lugar de tránsito para convertirse, cada vez más, en un lugar de supervivencia.



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