Buenos Aires, 9 de octubre de 2018. Esposados, fueron trasladados hasta la garita que tiene esa fuerza en Osvaldo Cruz e Iguazú. Ahí, Ezequiel, fue sometido a una primera sesión de golpes. Iván recibió el mismo tratamiento en el interior de uno de los móviles. Luego los llevaron a un descampado frente al Riachuelo, cerca de la fábrica Pepsi, y reiniciaron el tratamiento. Los torturaron, los humillaron y les hicieron un simulacro de fusilamiento. 

Finalmente les robaron todo lo que tenían, les dijeron que corrieran y que rezaran si querían salvarse, que es lo que hicieron, sin siquiera mirar atrás. La revista La Garganta Poderosa relataba entonces: "Corrieron, corrieron a sus casas, corrieron a nuestra redacción, corrieron a la Procuraduría contra la Violencia Institucional y ayer se presentaron en la fiscalía de Pompeya, para prestar declaración".

 

Comenzó entonces una batalla judicial que merced a la valentía de Iván y Ezequiel, el apoyo de sus familias, la labor del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la movilización de La Poderosa y organizaciones sociales y vecinos de la villa 21-24, terminó el viernes 21 de septiembre con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la CABA que condenó a seis integrantes de la Prefectura Naval Argentina a penas de entre diez y ocho años por encontrarlos culpables de haber torturado a los jóvenes. Es la primera condena que recae sobre miembros de fuerzas de seguridad por delitos represivos cometidos durante el actual gobierno. Las querellas estuvieron a cargo de Gabriela Carpineti y Nahuel Berguier, por La Poderosa, y Agustina Lloret y Florencia Sotelo, por el CELS. 

Los condenados fueron Leandro Adolfo Antúnez, Orlando Ariel Benítez y Osvaldo Alberto Ertel a 10 años y seis meses de prisión y Eduardo Sandoval, Ramón Falcón y Yamil Marsilli a 8 años y 11 meses, en todos los casos por los delitos de torturas, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves en concurso real con robo agravado en poblado y en banda, con el agravante de haber sido cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, además de la inhabilitación absoluta y perpetua para volver a ejercer cargos públicos. 

Para el CELS, "el proceso judicial mostró las prácticas policiales de hostigamiento y humillaciones que sufren cotidianamente los jóvenes de la Villa 21-24 y de Zavaleta. Y si bien el Ministerio de Seguridad de la Nación dio de baja a los seis prefectos hoy condenados, nada hizo la autoridad política por modificar sus rutinas violentas. Las relaciones problemáticas entre prefectos y jóvenes en el barrio no aparecen como una preocupación de las autoridades. El resultado es la persistencia y la intensificación de la violencia institucional en la zona sur de la ciudad".

Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir