Buenos Aires, 20 de enero de 2026. El fotógrafo de la revista Noticias fue secuestrado y asesinado tras haber retratado al empresario Alfredo Yabrán, un hombre que hasta entonces se mantenía en las sombras y que representaba la connivencia entre negocios, política y poder mafioso. La imagen de Yabrán publicada en la tapa de la revista fue suficiente para desatar una represalia que expuso la violencia con la que ciertos sectores reaccionan cuando sienten amenazado su control. El crimen de Cabezas no fue solo un ataque contra un periodista, sino contra toda la sociedad que reclama transparencia y derecho a la información.  

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lo definió como el atentado más grave contra la profesión desde el retorno de la democracia en 1983. Esa definición no es exagerada: el asesinato de Cabezas puso en evidencia que la prensa independiente incomoda a los poderes fácticos, y que cuando se la enfrenta con valentía, la respuesta puede ser feroz. La fotografía de Yabrán fue un acto periodístico que rompió el pacto de silencio y mostró que el periodismo puede iluminar aquello que el poder quiere mantener oculto.  

Desde entonces, la relación conflictiva entre poder y prensa se ha repetido en distintos momentos de la vida política argentina. La persecución judicial a periodistas, las presiones económicas sobre medios críticos, el escarnio público, los intentos de censura y la estigmatización de voces independientes son prácticas que, aunque menos extremas que el asesinato de Cabezas, mantienen vivo el mismo patrón de intolerancia. La lógica es siempre la misma: deslegitimar, acallar o castigar a quienes investigan y publican lo que incomoda.  

La vigencia del caso Cabezas se refleja en cada aniversario, cuando colegas, familiares y organizaciones reclaman memoria y justicia. Pero también se refleja en la actualidad, cuando periodistas que investigan corrupción, narcotráfico o abusos de poder reciben amenazas o sufren campañas de hostigamiento en redes sociales. El mensaje que dejó aquel crimen es claro: sin libertad de prensa, la democracia se vacía de contenido.  

Cabezas se convirtió en un emblema porque su asesinato mostró crudamente que el periodismo independiente es un contrapeso indispensable frente a los abusos. La intolerancia del poder hacia la prensa no es un fenómeno del pasado, sino una tensión permanente que exige vigilancia ciudadana. Defender la memoria de Cabezas es defender el derecho de todos a estar informados, a conocer lo que ocurre detrás de los muros del poder y a exigir rendición de cuentas.  

La democracia argentina, con sus avances y retrocesos, no puede permitirse olvidar que un fotógrafo fue asesinado el 25 de enero de 1997 por cumplir con su deber profesional. La mejor manera de honrarlo es garantizar que ningún periodista vuelva a ser silenciado por la violencia, y que la prensa independiente pueda seguir cumpliendo su función sin miedo ni represalias. El caso Cabezas nos recuerda que la libertad de expresión no es un privilegio, sino un derecho que se conquista y se defiende cada día.  

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