Buenos Aires, 10 de febrero de 2026. Lavagna presentó su renuncia el 2 de febrero de 2026, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que la nueva metodología del IPC quedaba postergada indefinidamente. El INDEC había preparado una actualización de la canasta de bienes y servicios para reflejar mejor los patrones de consumo actuales. El argumento oficial fue que introducir cambios metodológicos en plena transición económica podía “confundir” a los mercados y alterar las expectativas. El gobierno prefirió mantener la continuidad de la serie histórica, aunque ello implicara seguir midiendo con una canasta desactualizada. La decisión provocó la renuncia de Lavagna, quien defendía la necesidad de avanzar hacia estadísticas más transparentes y representativas.

El primer dato con esta fórmula debía publicarse el 10 de febrero, pero el gobierno argumentó que no era conveniente introducir cambios metodológicos en plena transición económica y que la prioridad era consolidar el proceso de desinflación antes de modificar la medición. Tras la suspensión, las consultoras privadas estimaron que la inflación de enero estaría entre 2,3% y 2,6%, mientras el mercado espera con incertidumbre el dato oficial.

La inflación de 2025 cerró en 31,5%, la más baja en ocho años, lo que el gobierno presentó como un logro. Sin embargo, desde agosto de ese año la tendencia mensual volvió a mostrar aceleración, generando dudas sobre la sostenibilidad de la desinflación. En este contexto, la polémica refleja una tensión entre la necesidad de modernizar las estadísticas oficiales y la estrategia política de no alterar la medición en medio de un proceso de ajuste económico.

El comparativo entre la metodología vieja y la nueva ayuda a entender la discusión. La fórmula vigente se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004-2005, con una canasta que refleja patrones de consumo de hace más de 15 años. Incluye bienes hoy obsoletos, como DVD o telefonía fija, y se apoya en relevamientos presenciales en comercios. 

La nueva metodología, suspendida, se basaba en la ENGHo 2017-2018, incorporaba servicios digitales, telecomunicaciones, streaming y delivery, y aumentaba el peso de alimentos frescos y transporte urbano. También preveía mayor uso de precios digitales y bases de datos electrónicas. Según estimaciones privadas, el impacto inmediato hubiera sido mínimo: enero habría marcado apenas 0,1% menos inflación con la nueva fórmula. Pero el gesto político resultó significativo: en un país con memoria de manipulación estadística, cualquier sospecha de maquillaje genera alarma.

Reducir el número oficial de la inflación tiene un fuerte valor político porque afecta directamente la percepción de éxito o fracaso de un gobierno. Un índice más bajo permite mostrar resultados de gestión, influir en expectativas de consumidores y empresarios, moderar demandas salariales, reducir ajustes automáticos en contratos indexados y mejorar la narrativa internacional frente a organismos multilaterales y mercados financieros. El riesgo es que, si se percibe manipulación, la credibilidad del gobierno y del INDEC se erosiona, lo que a la larga puede ser más costoso que el beneficio inmediato.

La historia argentina ofrece ejemplos contundentes. Entre 2007 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el INDEC fue acusado de manipular el IPC para mostrar cifras de inflación mucho más bajas que las reales. La consecuencia fue la pérdida de credibilidad del instituto, el surgimiento de índices privados y provinciales como el “IPC Congreso” que impulsaba activamente Patricia Bullrich, sanciones del FMI por falta de transparencia y un fuerte deterioro institucional. La suspensión de la nueva metodología en 2026 reavivó el fantasma del “apagón estadístico”, con críticas sobre falta de transparencia y sospechas de manipulación para sostener la narrativa de desinflación.

Otros países también han enfrentado crisis por manipulación de estadísticas. Grecia, en 2009-2010, fue acusada de subestimar el déficit fiscal y alterar datos para cumplir con criterios de la Unión Europea. El resultado fue una crisis de deuda soberana, la intervención de la “troika” y la pérdida de autonomía económica. Turquía, entre 2021 y 2023, vio cómo su instituto estadístico oficial publicaba cifras de inflación mucho más bajas que las estimaciones privadas. La desconfianza ciudadana dio lugar a índices alternativos, mientras la credibilidad del gobierno de Erdoğan se debilitaba. Venezuela, entre 2014 y 2019, directamente dejó de publicar datos oficiales en medio de la hiperinflación. Organismos internacionales y consultoras privadas debieron estimar la inflación, lo que derivó en pérdida total de confianza y aislamiento financiero.

En síntesis, manipular la inflación puede dar beneficios políticos inmediatos, pero casi siempre termina en crisis de credibilidad institucional, sanciones internacionales y pérdida de confianza ciudadana. La polémica argentina de 2026 muestra que las estadísticas no son solo números: son un campo de disputa política, económica y social, donde la transparencia es tan importante como la estabilidad. El desafío para el gobierno es demostrar que la desinflación es real y sostenible, sin recurrir a atajos que reaviven viejos fantasmas.  

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