Sociedad | Traspaso del Fuero Laboral
Será tratado en el Senado
El convenio mantiene en manos de la justicia federal las causas en las que sea parte el Estado Nacional, los litigios vinculados a asociaciones sindicales, la seguridad social y otros supuestos de competencia federal. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad pasará a ejercer la función revisora en las causas laborales locales, mientras que la Corte Suprema de Justicia de la Nación conservará su rol en los casos previstos por la Constitución.
El proyecto, sin embargo, desató una fuerte polémica. Trabajadores judiciales, jueces laborales y funcionarios del ámbito nacional expresaron su rechazo, argumentando que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia y, por lo tanto, no deberÃa asumir competencias que corresponden al orden nacional. La transferencia, sostienen, equipara a la Ciudad con una provincia en términos judiciales, lo que genera tensiones constitucionales y abre interrogantes sobre la validez de las decisiones que emita el nuevo fuero laboral porteño.
Los crÃticos advierten que el traspaso puede afectar el acceso a la justicia de los trabajadores, ya que implicarÃa cambios en la organización de los tribunales, en los procedimientos y en la estructura de apelaciones. También señalan que la medida se enmarca en un contexto de reformas laborales impulsadas por el gobierno nacional, lo que despierta sospechas sobre un intento de debilitar la protección de los derechos de los trabajadores.
Desde el oficialismo, en cambio, se presenta el acuerdo como un paso hacia la consolidación de la autonomÃa porteña, pendiente desde la reforma constitucional de 1994. El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, lo calificó como “un nuevo hito en la autonomÃa†y destacó que permitirá a Buenos Aires administrar su propio fuero laboral, en lÃnea con lo que ocurre en las provincias.
El debate no es nuevo. La transferencia de competencias judiciales a la Ciudad ha sido un tema recurrente desde hace más de dos décadas, con avances parciales en materia penal y contravencional. Sin embargo, el fuero laboral siempre fue considerado especialmente sensible por su impacto en los derechos de los trabajadores y por la cantidad de causas que tramita. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo concentra miles de expedientes cada año, y su eventual cierre plantea un desafÃo logÃstico y polÃtico de gran magnitud.
Los gremios judiciales ya anticiparon medidas de fuerza y presentaciones judiciales para frenar el traspaso. Argumentan que la Ciudad carece de infraestructura suficiente para absorber el volumen de causas laborales y que la transición podrÃa generar demoras y colapsos en el sistema. Además, cuestionan que el convenio se haya firmado sin un debate amplio ni la participación de los trabajadores del fuero.
En el Senado, la discusión promete ser intensa. Los bloques opositores plantean que la transferencia vulnera el federalismo y que la Ciudad no puede ser equiparada a una provincia. El oficialismo, por su parte, buscará instalar la idea de que se trata de un paso natural en el proceso de autonomÃa porteña y que la medida permitirá una justicia más cercana a los ciudadanos.
El desenlace dependerá de la capacidad del gobierno nacional y del Ejecutivo porteño para convencer a legisladores y a la opinión pública de que el traspaso no implica un retroceso en materia de derechos laborales. Mientras tanto, los trabajadores y funcionarios judiciales mantienen su rechazo y advierten que, de concretarse, la medida podrÃa abrir un escenario de conflictividad institucional y social.
En definitiva, el convenio para transferir la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires no solo es un proyecto técnico de reorganización judicial, sino también un capÃtulo más en la disputa por el alcance de la autonomÃa porteña y por el equilibrio entre los poderes nacionales y locales. Su carácter polémico radica en que, al equiparar a la Ciudad con una provincia, tensiona los lÃmites del federalismo argentino y pone en juego la protección de los derechos laborales en un momento de alta sensibilidad polÃtica y social.
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