Buenos Aires, 20 de enero de 2026. En el acto realizado el 30 de diciembre de 2025, al cumplirse 21 años de la masacre de Cromañón, familiares, sobrevivientes y organizaciones leyeron un documento oficial unificado que volvió a poner en el centro de la escena el estado del edificio donde funcionó el boliche. El texto denunció el estancamiento del proceso de expropiación y la falta de voluntad política para hacer cumplir la normativa vigente que protege el predio.

Desde el escenario montado sobre el Pasaje de los Pibes de Cromañón, que forma parte del santuario frente al ex boliche, se escuchó: “Seguimos caminando por un Espacio de Memoria, seguimos acompañando a todas las luchas contra la impunidad, seguimos combatiendo la desmemoria y el olvido, seguimos en las calles por la defensa de nuestros jóvenes, seguimos peleando por un mundo mejor. Por los que no están, pero también por los que están y por los que vendrán. Los pibes y pibas de Cromañón”. Se trazó un paralelismo con los chicos y chicas de aquella época y con los del presente: “Víctimas una y otra vez de este sistema que los excluye, que los usa como mercancía y luego los descarta como material desechable”.

En el documento también se apuntó al Gobierno nacional. Denuncian que, desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, Nación “no movió ni un dedo para la plena vigencia de estas normas” vinculadas a la recuperación del inmueble de Once. “También busca impedir que Cromañón sea un espacio de memoria. No le interesa la Verdad, ni la Justicia. Sólo el olvido, la ignorancia y la impunidad”, plantearon.

El documento también señala responsabilidades concretas en el freno del proceso: denuncian el “estancamiento del proceso de expropiación de Cromañón” durante la gestión del exsubsecretario de Derechos Humanos de la Nación. “Porque un país sin Memoria no tiene futuro, porque un país sin memoria queda a merced de políticas de miseria, venimos hoy a denunciar al gobierno de Milei por intentar destruir la construcción de Memoria de nuestra sociedad, a través del sistemático vaciamiento de las áreas y programas de Derechos Humanos del Estado Nacional”, expresa el texto leído en el acto.

Tras la finalización de los juicios por Cromañón, la Justicia devolvió el inmueble a su propietario hace casi una década. Poco después, personas ingresaron al edificio, arrojaron a un cesto de residuos pertenencias de las víctimas y pintaron el interior del boliche incendiado. El temor de los familiares era concreto: que el lugar fuera demolido o reconvertido en un emprendimiento comercial. Así comenzó un reclamo sostenido por la expropiación y la preservación del sitio como espacio de memoria.

Después de una instancia fallida ante la Legislatura porteña, ese reclamo encontró avances parlamentarios, aunque sin concreción práctica. El 1° de noviembre de 2023, mediante el Decreto 571/2023, el Estado nacional declaró Monumento Histórico Nacional al ex boliche, al hotel lindante y a la parcela de Jean Jaurès 51, y Lugar Histórico Nacional al Santuario y Pasaje de los Pibes de Cromañón, reconociéndolos como un Conjunto de Memoria Colectiva del Trauma Histórico.

A esto se suma la Ley nacional N° 27.695, sancionada en 2022, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble, con el objetivo explícito de crear un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004, conservar los elementos testimoniales de la masacre y desarrollar actividades culturales, educativas y sociales.

“Se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido, y se organizarán actividades culturales e informativas”, establece la normativa y agrega que el Espacio de Memoria debe ser gestionado desde Nación “con participación de los familiares de las víctimas fatales y las víctimas sobrevivientes”. 

Ante la falta de avance tras la asunción del Gobierno libertario, en noviembre de 2024 la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de Ley para extender por cuatro años el plazo para expropiar el predio de Cromañón, que está limitado en la Ley N° 21.499.

En el documento, la comunidad de Cromañón celebró la sanción de la Ley de 2022 y el Decreto de 2023, pero alertó: “Nada de eso se está cumpliendo”.

Mientras el edificio permanece cerrado y se deteriora con el paso del tiempo, el Santuario de Cromañón, sobre Bartolomé Mitre, continúa siendo sostenido por familiares, sobrevivientes y vecinos, sin un acompañamiento estatal acorde a su valor histórico y simbólico. El documento leído en el aniversario lo resume: “Conservar el predio como refugio de la memoria, como un espacio social donde circule la memoria colectiva, ayuda a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual y a sembrar una memoria como pueblo para que hechos como estos no ocurran nunca más”. Y concluye con una definición política que atraviesa toda la lucha: “Para que Cromañón no se repita, necesitamos combatir la corrupción estatal-empresaria, necesitamos cambiar la sociedad, y necesitamos un Estado que no se retire de sus responsabilidades, que no deje tirados a nuestros pibes a los mercaderes de la muerte”.

A más de dos décadas de la masacre que dejó 194 personas muertas y más de 1.400 heridas, Cromañón sigue esperando. Y Balvanera sigue siendo escenario de una exigencia que no prescribe: un Espacio de Memoria vivo.

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