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La construcción irresponsable

Buenos
Aires, 17 de marzo de 2026. El colapso de la losa del estacionamiento
subterráneo, que destruyó alrededor de 65 vehículos y obligó a evacuar a más de
300 familias de la Torre 14, abrió una investigación judicial por estrago
culposo y puso en el centro del debate las reiteradas denuncias vecinales por
filtraciones y fallas estructurales que nunca fueron atendidas.

El
administrador del sector afectado declaró ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas N° 31 que había elevado al menos siete reclamos
formales entre 2022 y 2025, dirigidos al Banco Hipotecario, alertando sobre
filtraciones en los techos de las cocheras. El primer correo electrónico fue
enviado el 27 de enero de 2022, y pese a las sucesivas reiteraciones, la
entidad no dio respuesta efectiva. En septiembre de ese mismo año, los vecinos
enviaron una carta documento por filtraciones y fallas estructurales, pero
tampoco obtuvieron solución. Incluso contrataron a un arquitecto independiente
que elaboró informes técnicos con fotos y videos, donde se advertía que los
problemas se agravarían con el tiempo. Todo ese material fue incorporado al
expediente judicial.

La
relación con COSUD, la constructora, comenzó recién en 2023, cuando se planteó
la posibilidad de un acuerdo similar al alcanzado en otro sector del complejo.
Sin embargo, ese entendimiento nunca prosperó y los vecinos quedaron librados a
su suerte. En 2025, ante la falta de avances, se discutió en asambleas la
contratación de estudios jurídicos y presupuestos para reparar las filtraciones
por cuenta propia, pero ninguna empresa aceptó cotizar la obra. El
administrador participó en nueve asambleas vecinales en las que se trató el
tema, la última apenas un mes antes del derrumbe. En su declaración, aportó
actas y grabaciones de esas reuniones a la fiscal María del Rosario Salvetici.

El rol
del Banco Hipotecario, perteneciente al Grupo Elsztain, aparece como eje de las
críticas. Los vecinos sostienen que la entidad, responsable de la construcción,
entrega y mantenimiento del complejo, desoyó sistemáticamente los reclamos y no
garantizó condiciones mínimas de seguridad. La falta de un plan de evacuación y
de un manual de uso de los espacios, reconocida por el administrador, refuerza
la idea de una entrega deficiente y sin controles adecuados. El sistema de
escaleras con extractor de aire, por ejemplo, nunca funcionó pese a los
reclamos elevados a la constructora.

Tras el
derrumbe, la Justicia porteña inició una causa por estrago culposo y ordenó
peritajes técnicos en la Torre 15, edificio gemelo, donde también se detectaron
rajaduras y filtraciones. Sin embargo, la presencia de maquinaria pesada en el
lugar generó un nuevo foco de conflicto: los vecinos denunciaron que la
remoción de escombros antes de concluir los peritajes podía destruir pruebas
clave para la investigación. Hubo momentos de tensión cuando algunos intentaron
ingresar por la fuerza para recuperar pertenencias o impedir que se retiraran
materiales que consideraban evidencia judicial. La desconfianza hacia las
autoridades y hacia el Banco Hipotecario se profundizó, alimentada por años de
reclamos ignorados.

El
Gobierno de la Ciudad alojó temporalmente a las familias evacuadas en hoteles,
mientras se definía la habitabilidad de las torres. El impacto en el barrio fue
inmediato: el operativo de seguridad obligó a modificar la logística de
espectáculos en el cercano Estadio de Huracán, donde la banda La Renga debió cancelar
sus shows. La vida cotidiana de cientos de personas quedó trastocada, con
incertidumbre sobre el futuro de sus viviendas y con la sensación de que el
colapso pudo haberse evitado.

El caso
revela una cadena de omisiones que va más allá de un accidente aislado. La
reiteración de reclamos, la ausencia de respuestas del Banco Hipotecario, la
falta de controles gubernamentales efectivos y la negativa de la constructora a
dejar constancia escrita de sus compromisos configuran un cuadro de negligencia
que ahora deberá ser dilucidado en sede judicial. Los vecinos insisten en que
la utilización de maquinaria pesada sin esperar los peritajes constituye una
maniobra para encubrir responsabilidades y eliminar rastros de las fallas
estructurales. La investigación deberá determinar si hubo irregularidades en la
construcción, si se incumplieron normas de seguridad y cuál fue el grado de
responsabilidad de cada actor.

A una
semana del derrumbe, el complejo Estación Buenos Aires se convirtió en símbolo
de la tensión entre los grandes desarrolladores inmobiliarios y los derechos de
los beneficiarios de programas habitacionales. El Banco Hipotecario, como brazo
financiero del Grupo Elsztain, enfrenta cuestionamientos por su rol en la
administración del fideicomiso y por la falta de respuesta a los reclamos
vecinales. La causa judicial y los peritajes en curso serán determinantes para
establecer responsabilidades, pero la confianza de los vecinos parece quebrada.
La imagen de familias desalojadas, vehículos aplastados y escombros removidos
bajo sospecha sintetiza la crisis de un proyecto que nació como emblema de
acceso a la vivienda y hoy se encuentra bajo la sombra del colapso y la
desidia.

                                                                                                                     Santiago Pujol

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