Sociedad | Crisis económica
Menos colectivos
La crisis del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ha convertido en un problema cotidiano para millones de personas que dependen de los colectivos como principal medio de movilidad. Un informe reciente del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que circulan hasta un 40% menos de unidades en comparación con el nivel operativo regular, un dato que impacta de manera directa en nodos neurálgicos de la ciudad como la zona de Once, donde confluyen líneas de colectivos, trenes y subte, y que funciona como uno de los principales puntos de conexión entre la Capital y el Conurbano. Buenos Aires, 28 de abril de 2026. El estudio señala que la reducción de la oferta de colectivos responde a una combinación de factores coyunturales y estructurales. El incremento abrupto del precio del combustible, impulsado por la guerra contra Irán y la inestabilidad internacional, disparó los costos operativos muy por encima de lo previsto en las planillas oficiales. A esto se suma el atraso en el pago de subsidios y la falta de actualización tarifaria que compense el desfasaje financiero de las empresas. El resultado es un recorte de frecuencias que se traduce en esperas interminables en las paradas, unidades abarrotadas y un deterioro general del servicio.
La contracción de la oferta es desigual según la jurisdicción. Las líneas interjurisdiccionales, que conectan la Ciudad con el Gran Buenos Aires, son las más afectadas, con una caída del 40% en su flota operativa. En contraste, las líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registran una merma menor, del 5%. Esta diferencia se explica por la estructura de financiamiento y la dependencia de las compensaciones estatales. Según el relevamiento, la flota actual es significativamente menor a la de años anteriores: se estima que hay unos 2.359 coches menos en funcionamiento que en 2019.
En Once, uno de los puntos más transitados de la Ciudad, la reducción de colectivos se siente con especial intensidad. Allí confluyen diariamente miles de pasajeros que llegan desde el oeste del Conurbano en trenes del Sarmiento y que dependen de los colectivos para completar su trayecto hacia otros barrios porteños. La menor frecuencia de unidades genera aglomeraciones en las paradas de la avenida Pueyrredón y en las calles aledañas, donde las filas de usuarios se extienden durante horas pico. La situación se agrava porque el subte, con tarifas que superan los $1.400, no logra absorber toda la demanda, y los trenes, aunque más económicos, no ofrecen la misma capilaridad de recorrido dentro de la Ciudad.
El impacto en el bolsillo de los usuarios es otro de los puntos críticos. El boleto mínimo de colectivo en la Ciudad se ubica en $715, mientras que en la Provincia asciende a $871. En paralelo, el boleto de trenes en el AMBA cuesta $280 y el del subte $1.414. Esta combinación de tarifas en alza y frecuencias en baja configura un escenario de “viajar menos y pagar más”, que golpea con fuerza a los sectores de menores ingresos. De trasladarse la totalidad del incremento del combustible a los usuarios, se requeriría una suba adicional del 16% en las tarifas, lo que profundizaría aún más la crisis de accesibilidad.
El informe del IIEP advierte que la discusión de fondo es de orden fiscal. Para sostener el sistema en funcionamiento se necesitaría una inyección de subsidios adicionales por $17.500 millones al mes, dado que los cálculos actuales se basan en un valor del combustible de $1.744 por litro, cuando el precio de mercado supera los $2.100. La distribución de esa carga se reparte entre Nación, Provincia y Ciudad: $7.595 millones corresponden al Estado Nacional, $8.155 millones a la Provincia de Buenos Aires y $1.750 millones a la Ciudad. Sin embargo, la falta de coordinación y el retraso en los desembolsos generan un cuello de botella que termina repercutiendo en la cantidad de colectivos en la calle.
La crisis del transporte público no es exclusiva del AMBA. Desde la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior en 2024, las tarifas en las provincias se dispararon y hoy superan en un 45% los valores de 2019. Ciudades como Corrientes, Chaco, Formosa, Córdoba y Santa Fe cuentan con los boletos más caros en relación a los ingresos, lo que evidencia un problema estructural a nivel nacional. Sin embargo, en el AMBA la reducción de frecuencias y la congestión en nodos como Once, Retiro o Constitución hacen que la crisis se viva de manera más palpable y cotidiana.
Las cámaras empresarias advierten que el sistema se encuentra en estado “terminal”. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) sostiene que, de no mediar una respuesta urgente por parte de la Secretaría de Transporte respecto a la deuda de fondos pendientes y al reconocimiento de los precios reales de los insumos, los recortes podrían profundizarse, afectando incluso la prestación de servicios en horarios pico y comprometiendo el pago de salarios de los choferes. En Once, donde la vida urbana depende de la fluidez del transporte, la reducción de colectivos amenaza con paralizar la dinámica de un barrio que funciona como corazón del movimiento diario de la Ciudad.
La crisis del transporte público en Buenos Aires expone la fragilidad de un sistema que depende de subsidios para sostener su funcionamiento y que se ve golpeado por factores externos como la volatilidad internacional del precio del combustible. Mientras tanto, los usuarios enfrentan cada día la incertidumbre de no saber si podrán llegar a tiempo a sus destinos, atrapados en un esquema de menor oferta, mayores costos y un servicio que se deteriora en el mismo ritmo en que crece la demanda.
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