Sociedad | Un legado a defender
Sarmiento, padre del aula
El legado de Domingo Faustino Sarmiento vuelve a escena cada vez que la educación pública atraviesa una crisis, y no es casual: su figura encarna la convicción de que, sin escuelas, sin maestros y sin ciencia no hay ciudadanía posible. Por eso resulta particularmente llamativo que, en un momento en que el sistema universitario y científico técnico sufre un proceso acelerado de desfinanciamiento, el gobierno reivindique al sanjuanino como propio. La apelación retórica a Sarmiento contrasta con políticas que erosionan justamente aquello que él consideró el corazón de la vida democrática: la educación pública como derecho y como proyecto de país. Buenos Aires, 15 de setiembre de 2026. Sarmiento no fue solo un reformador escolar; fue el arquitecto de una visión moderna que entendía la instrucción como la base de la igualdad y del progreso. Desde muy joven, cuando fundó una escuela en San Francisco del Monte de Oro, asumió que la educación debía ser accesible para todos, sin distinción de origen social ni de género. Esa idea, desarrollada en De la educación popular (1849), se convirtió en un principio rector de su acción pública. En Chile, durante el exilio, profundizó esa vocación: dirigió escuelas, creó métodos de alfabetización y fundó la primera Escuela Normal de Preceptores de América Latina, convencido de que sin maestros formados no hay sistema educativo que perdure.
Su paso por la gobernación de San Juan y luego por la presidencia consolidó esa visión en políticas concretas. La obligatoriedad de la enseñanza primaria, la creación de escuelas para miles de alumnos, la expansión de colegios nacionales y escuelas normales, y la fundación de instituciones científicas como el Observatorio Astronómico de Córdoba y la Academia de Ciencias delinearon un modelo que colocó a la Argentina en la vanguardia educativa regional. A ello se sumó el sistema de bibliotecas populares, una apuesta por democratizar la lectura y la cultura en todo el territorio.
Sarmiento entendía que la educación no era un gasto sino una inversión estratégica. Creía que la escuela podía “curar radicalmente los males sociales” y que la república solo podía sostenerse sobre ciudadanos instruidos, capaces de ejercer sus derechos y participar de la vida pública. Su legado, reconocido continentalmente -al punto de que el 11 de septiembre fue instituido como Día del Maestro en toda América Latina-, se apoyaba en una premisa simple y contundente: sin educación pública no hay democracia posible.
Por eso, en el presente, invocar su nombre mientras se desfinancia la universidad, se paralizan proyectos científicos y se debilita la formación docente no es solo una contradicción histórica, es una señal preocupante sobre el rumbo del país. Defender el legado de Sarmiento implica sostener la educación como política de Estado, garantizar recursos, fortalecer instituciones y preservar la idea de que el conocimiento es un bien público. No se trata de repetir su figura como símbolo, sino de honrar aquello que él construyó: un sistema educativo que durante décadas distinguió a la Argentina en el mundo y que hoy necesita, más que nunca, ser protegido.
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