Comunales | En la subsede de la Junta Comunal

Proponen CIM en San Cristóbal

La Legislatura porteña analiza un proyecto para crear un nuevo Centro Integral de la Mujer en San Cristóbal, con sede en el edificio público de Sarandí 1273, que ampliaría la cobertura territorial de la Comuna 3 y sumaría una especialización inédita en el abordaje de violencias digitales. La iniciativa, impulsada por la comunera Inés Fornassero de Unión por la Patria, busca responder a un reclamo vecinal sostenido y reforzar la red de asistencia a mujeres que atraviesan situaciones de violencia, en un territorio donde los dos CIM existentes —Aberastury y Margarita Malharro, ambos en Balvanera— brindaron más de 3.600 prestaciones en 2024 y se encuentran a más de tres kilómetros del área donde se propone instalar el nuevo dispositivo. Buenos Aires, 27 de octubre de 2026. El proyecto ingresó a la Legislatura con el objetivo de que el Poder Ejecutivo porteño adopte las medidas necesarias para poner en funcionamiento el centro una vez que se concrete la mudanza de la sede comunal y su subsede. La propuesta se apoya en la disponibilidad futura del inmueble de Sarandí 1273, cuya ubicación —cercana a estaciones de subte, centros de salud y espacios públicos— permitiría articular de manera más accesible los servicios de atención. Según datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad, la Comuna 3 contaba al 1 de julio de 2024 con 101.974 mujeres, una cifra que, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1.688, justificaría la existencia de al menos dos CIM plenamente operativos y un tercero para garantizar la cobertura adecuada.

El corazón del proyecto está en las prestaciones que brindan estos centros, concebidos como dispositivos integrales de asistencia, acompañamiento y orientación para mujeres que enfrentan situaciones de violencia física, psicológica, económica, sexual, simbólica, política o doméstica. Los CIM funcionan con equipos interdisciplinarios que incluyen psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y personal especializado en intervención comunitaria. Su tarea abarca desde la contención emocional y el asesoramiento legal hasta la elaboración de estrategias de protección, la articulación con fiscalías y juzgados, la derivación a refugios y la gestión de medidas cautelares. En muchos casos, los centros también acompañan procesos de autonomía económica, acceso a programas sociales y reconstrucción de redes de apoyo, elementos clave para que las mujeres puedan sostener decisiones de salida de situaciones de violencia.

La iniciativa presentada en la Legislatura incorpora un componente novedoso: la especialización en violencias digitales y telemáticas por motivos de género. Este eje responde a la creciente demanda de asistencia frente a agresiones que se ejercen a través de internet y plataformas digitales, y que pueden tener efectos devastadores en la vida cotidiana de las víctimas. Entre las situaciones contempladas figuran el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la sextorsión, la suplantación de identidad, el doxing y la creación de imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial, conocidas como deepfakes. El proyecto advierte que estas prácticas generan daños concretos en la salud emocional, la reputación y la seguridad de las mujeres, y que su rápida circulación en redes requiere respuestas específicas para evitar la revictimización.

Para abordar estas problemáticas, el futuro CIM se organizaría en cuatro áreas. La primera estaría destinada a la atención interdisciplinaria, con contención psicoemocional, orientación legal y asesoramiento para preservar evidencia digital, un aspecto crucial para avanzar en denuncias y procesos judiciales. Entre las normas mencionadas como marco de actuación figuran la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres y la Ley 27.736, conocida como Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital al marco legal argentino y estableció obligaciones para organismos públicos en materia de prevención y asistencia.

La segunda área se enfocaría en la prevención y la ciudadanía digital, mediante talleres y actividades con escuelas, centros de estudiantes y familias de la Comuna 3. El objetivo sería facilitar la detección temprana de situaciones de riesgo y promover estrategias comunitarias para frenar la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento, una problemática que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes. La tercera área contemplaría dispositivos de trabajo con varones para abordar conductas de cibercontrol, patrones vinculares abusivos y prácticas de hostigamiento digital, en línea con programas que ya funcionan en otras comunas y que buscan intervenir en los factores que sostienen la violencia de género. La cuarta área se orientaría a la coordinación con organismos de protección y fiscalías especializadas, además de desarrollar registros estadísticos sobre las problemáticas detectadas en el territorio, una herramienta clave para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

El proyecto también incorpora referencias a la Guía Ema, elaborada a partir de un caso de difusión no consentida de material íntimo que tuvo consecuencias trágicas para una adolescente. Entre sus principios, destaca que las agresiones en entornos digitales deben ser abordadas como formas de violencia con efectos reales, que requieren prevención, asistencia y acompañamiento institucional. La inclusión de esta guía en los fundamentos del proyecto busca reforzar la necesidad de que los CIM cuenten con herramientas específicas para intervenir en situaciones que, aunque ocurren en el ámbito virtual, tienen impactos concretos en la vida de las mujeres.

La propuesta deberá ser tratada en el ámbito legislativo y, en caso de avanzar, requerirá que el Gobierno porteño adopte las medidas necesarias para concretar la creación y puesta en funcionamiento del centro en San Cristóbal. Para las organizaciones y vecinas que impulsan el reclamo, la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la red de asistencia en un territorio donde la demanda crece y donde las violencias digitales se suman a las formas tradicionales de agresión, configurando escenarios complejos que requieren respuestas integrales, accesibles y territorializadas. Como ocurre en otros barrios de la Ciudad, la presencia de un CIM cercano puede ser determinante para que una mujer encuentre un espacio seguro donde pedir ayuda, recibir acompañamiento y comenzar un proceso de reparación y protección.


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