Porteñas | Conflicto universitario
Silencio macrista
La crisis de financiamiento universitario en Argentina se ha profundizado hacia 2026, con una caída presupuestaria superior al 45% en términos reales respecto a 2023. El resultado es un escenario de alta conflictividad que se vive en las calles, en las aulas y en los pasillos de las instituciones. Sin embargo, en nuestra ciudad, donde se concentra la mayor matrícula universitaria pública del país, el gobierno local permanece ajeno, sin asumir un rol activo frente a un problema que compromete el futuro de cientos de miles de estudiantes y docentes.
Buenos Aires, 14 de abril de 2026. La Ciudad de Buenos Aires alberga a las principales universidades nacionales. La Universidad de Buenos Aires (UBA) sola reúne más de 300.000 estudiantes y alrededor de 30.000 docentes, con un presupuesto que supera el billón de pesos anuales. La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con sede central también acá, aporta decenas de miles de estudiantes en carreras de ingeniería y varios miles de docentes. La Universidad Nacional de las Artes (UNA), por su parte, concentra más de 15.000 alumnos y cerca de 3.000 docentes en disciplinas culturales y artísticas. En conjunto, estas instituciones convierten a la ciudad en el principal polo de educación superior pública del país y además, hay otras como la Universidad Nacional de la Defensa, la Pedagógica Nacional y los Institutos Universitarios de la Gendarmería y la Policía Federal.
La magnitud es tal que la UBA sola representa más del 10% de todos los estudiantes universitarios de Argentina. El impacto económico y social es evidente: decenas de miles de empleos directos, producción científica y cultural, y una influencia decisiva en la vida cotidiana de la ciudad. Sin embargo, la crisis presupuestaria amenaza con desarticular este entramado.
Los puntos clave de la crisis son, por un lado, el brutal ajuste presupuestario. El presupuesto nacional para universidades sufrió una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, afectando funcionamiento, investigación y salarios. Esto se traduce en paralización de obras, desinversión en investigación y salarios docentes con una pérdida de poder adquisitivo que supera el 32% y un notorio éxodo de docentes. También implica el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, refrendada por el Parlamento pese al veto de Milei, lo que ha derivado en protestas, clases públicas y ceses de actividades, incluyendo el Ciclo Básico Común (CBC). Por último y no menos importante, las becas estudiantiles, como Progresar, se redujeron a apenas un 4% de su valor de 2023, y los programas de investigación sufren recortes que comprometen proyectos estratégicos.
El impacto en la Ciudad de Buenos Aires
La crisis golpea con especial fuerza a CABA. El CBC, que concentra a decenas de miles de ingresantes cada año, ha sido escenario de clases públicas y paros docentes. Facultades emblemáticas como Medicina, Derecho e Ingeniería enfrentan problemas para sostener sus actividades básicas. La UTN y la UNA también padecen la falta de recursos, con talleres y laboratorios que no pueden funcionar en condiciones adecuadas.
El deterioro no solo afecta a la comunidad universitaria: repercute en la economía local, en la oferta cultural y en la investigación científica que nutre a la ciudad. La parálisis de obras implica que barrios enteros pierdan la posibilidad de contar con nuevas sedes o servicios educativos. La reducción de becas golpea a miles de jóvenes porteños que dependen de ellas para sostener sus estudios.
A pesar de la magnitud del problema, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha mantenido una postura distante. No existen programas de apoyo específicos para las universidades nacionales radicadas en la ciudad, ni iniciativas para paliar la crisis presupuestaria. Tampoco se han articulado políticas de acompañamiento en infraestructura, becas o investigación. El contraste es evidente: mientras el sistema universitario público se desangra, la administración local prioriza otras áreas y evita involucrarse en un conflicto que afecta directamente a su población.
Rectores y gremios advierten que la falta de compromiso del gobierno porteño agrava la situación. “Cuando se deja de financiar la educación también eso tiene que ver con el proyecto de país que imagina el gobierno: uno que no necesita de educación, no necesita de ciencia ni de tecnología”, señaló el politólogo Agustín Giolo, integrante del CEPA. La frase resume el trasfondo de la crisis: un modelo económico que considera prescindibles la educación y el desarrollo científico.
Un conflicto que se profundiza
El paro universitario nacional, que afectó a más de 60 universidades, interrumpe el inicio de clases y expone el deterioro del sistema. Los gremios ADUBA y APUBA denuncian la inexistencia de espacios de diálogo con el Gobierno nacional y la ausencia de una mesa de negociación salarial. En CABA, las protestas se multiplican en las calles y plazas, con estudiantes y docentes reclamando por el futuro de la educación pública.
La situación es descripta por rectores y gremios como de “tensión extrema” y “éxodo docente”. La combinación de inflación, recortes y falta de respuesta política pone en riesgo el normal funcionamiento de la educación superior y la investigación científica. El conflicto, lejos de resolverse, amenaza con profundizarse.
La crisis universitaria en Argentina es, en gran medida, una crisis de Buenos Aires. La ciudad concentra la mayor matrícula, el mayor presupuesto y el mayor impacto social del sistema universitario público. Sin embargo, el gobierno local permanece ausente, sin asumir responsabilidades frente a un problema que compromete el presente y el futuro de cientos de miles de porteños. La falta de involucramiento no solo agrava la situación actual: proyecta un escenario de desinversión y deterioro que amenaza con desarticular uno de los pilares históricos de la vida cultural, científica y educativa de la ciudad.
Santiago Pujol