Comunales | Los desalojos como política

Balvanera encabeza la lista

Balvanera se convirtió en el epicentro de la política de recuperación de inmuebles usurpados que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El barrio que incluye Once, Congreso y Abasto lidera el ranking de propiedades restituidas a sus dueños, con más de un centenar de operativos en poco más de dos años. Balvanera en el centro de un debate que combina seguridad, urbanismo y justicia social. Buenos Aires, 18 de mayo de 2026. Según los datos oficiales, desde el inicio de la gestión de Jorge Macri como jefe de Gobierno ya fueron liberados 780 inmuebles, lo que equivale a un promedio de una propiedad recuperada por cada día hábil. En 2023 se registraron apenas 13 casos, pero la cifra se disparó en los años siguientes: 254 en 2024, 317 en 2025 y 179 en lo que va de 2026. El objetivo declarado por la administración porteña es garantizar el derecho a la propiedad privada, reforzar la seguridad y devolver tranquilidad a los vecinos.

Balvanera encabeza la lista por encima de otros barrios con alta incidencia de ocupaciones ilegales. La Boca aparece en segundo lugar con 51 casos, seguida por Constitución con 44, Almagro con 43 y Caballito con 35. Más atrás figuran San Cristóbal y Flores con 33 cada uno, Barracas con 32 y Palermo con 31. La magnitud de los operativos en Balvanera se explica por la densidad poblacional, la antigüedad de muchos edificios y la proliferación de hoteles y casas colectivas que en las últimas décadas fueron blanco de usurpaciones. Muchos de los inmuebles intervenidos presentaban problemas estructurales, conexiones irregulares a servicios públicos, situaciones de hacinamiento y condiciones habitacionales precarias. También eran señalados como focos de inseguridad y generaban constantes denuncias vecinales.

Entre los últimos procedimientos realizados en Balvanera se destaca el desalojo de una casa ubicada en México 2184, que permaneció tomada durante 15 años y tenía riesgo de derrumbe. Allí participaron agentes de la Policía de la Ciudad, personal de la Red de Atención y Bomberos. Otro operativo se concretó en una propiedad de dos plantas situada en Pasco 598, que funcionaba como aguantadero y acumulaba chatarra y basura incluso en la terraza. El inmueble estuvo intrusado durante 11 años y acumulaba denuncias de vecinos por ruidos molestos y peleas frecuentes. Estos casos reflejan la complejidad de la problemática y la necesidad de intervenciones que combinen seguridad, asistencia social y soluciones habitacionales.

El jefe de Gobierno Jorge Macri sostuvo que “durante años en Balvanera el caos se convirtió en la norma. Un local usurpado. Un edificio. Un hotel. Un barrio entero tomado. Lo más grave es que nos hicieron creer que era normal convivir con el abandono, con el miedo, con la violencia. Por eso en Balvanera no recuperamos solamente 100 propiedades. Recuperamos un barrio, el orden, el respeto por el trabajo, por el esfuerzo y por la propiedad privada. Recuperamos el derecho a vivir en paz”. Macri estuvo presente en México al 2100, donde conversó con vecinos y con José Balatti, dueño de una de las propiedades recuperadas. Lo acompañaron el ministro de Seguridad Horacio Giménez, el secretario de Seguridad Maximiliano Piñeiro y el jefe de la Policía de la Ciudad Diego Casaló.

La política de desalojos y recuperación de inmuebles también generó debate en la Legislatura porteña. Diputados de distintos bloques opositores presentaron un proyecto de resolución para exigir explicaciones sobre el accionar oficial ante propiedades declaradas en emergencia edilicia. La iniciativa reclamó información precisa sobre cómo se administraron estos casos desde 2024 hasta la actualidad y cuáles fueron los criterios utilizados para determinar riesgos estructurales y aplicar medidas como clausuras, desalojos o intervenciones de urgencia. El texto pidió al Poder Ejecutivo que detalle si existen registros actualizados de inmuebles en situación crítica, así como los criterios técnicos utilizados para clasificar el nivel de riesgo de cada edificio. También solicitó datos sobre la cantidad de inspecciones realizadas, las intervenciones efectuadas con o sin uso de fuerza pública y las medidas adoptadas en cada caso, como clausuras, apuntalamientos o desalojos.

Otro punto central del pedido estuvo vinculado a la continuidad de las acciones tras la detección de riesgo edilicio. Los legisladores exigieron conocer si se realizaron obras estructurales posteriores, cuáles fueron los plazos entre el diagnóstico y la intervención y en qué casos la emergencia continuó vigente sin avances en reparaciones o refacciones. La oposición también pidió precisiones sobre el cumplimiento de las medidas adoptadas y la eventual restitución de los inmuebles una vez finalizadas las acciones preventivas. El proyecto indagó además sobre el rol de las fuerzas de seguridad durante los operativos, la existencia de detenciones, el secuestro de elementos y la coordinación entre áreas técnicas, organismos de control y dependencias sociales. Asimismo, se requirió que el Gobierno informe cuántas personas resultaron afectadas por desalojos y desocupaciones, qué dispositivos de asistencia habitacional se implementaron y si existió seguimiento posterior para garantizar condiciones mínimas a las familias desplazadas.

La situación en Balvanera expone la tensión entre la necesidad de recuperar el orden urbano y la obligación de garantizar derechos básicos a quienes habitan en condiciones precarias. El barrio, que concentra una gran cantidad de hoteles, casas colectivas y edificios antiguos, se convirtió en el escenario más visible de una política que busca devolver propiedades a sus dueños pero que también enfrenta cuestionamientos por la falta de soluciones habitacionales de fondo. La recuperación de 780 inmuebles en poco más de dos años marca un récord en la Ciudad de Buenos Aires y coloca a Balvanera en el centro de un debate que combina seguridad, urbanismo y justicia social.  



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