Sociedad | Día internacional de la Mujer
Un presente de lucha
La proporción de femicidios sobre el total de homicidios de mujeres fue levemente menor al promedio histórico, aunque desde la unidad especializada se subrayó que la violencia por motivos de género continúa siendo la principal causa de muertes intencionales de mujeres en la ciudad. El análisis del informe destacó el perfil de las víctimas de femicidios en 2025, con un promedio de edad de 44 años, similar al observado en la última década. Se registró una mayor presencia de mujeres adultas mayores y, de manera menos habitual, dos víctimas adolescentes. En la mitad de los casos los agresores utilizaron armas blancas de uso doméstico, un recurso cuya preponderancia fue incluso mayor que la registrada en años anteriores. En nueve de los diez femicidios la víctima mantenía un vínculo previo con el agresor, principalmente de pareja o familiar, y en cinco de esos casos convivían al momento del hecho. El espacio privado fue el escenario de ataque en ocho de los diez femicidios, lo que confirma que el hogar y las relaciones de intimidad siguen siendo el ámbito de mayor riesgo para las mujeres.
Todos los femicidios tuvieron un único autor, con un promedio de edad de 35 años, menor al de las víctimas. Los agresores eran varones adultos de entre 18 y 53 años. Al menos cinco de los nueve presentaban consumo problemático de sustancias, tres padecían afecciones de salud mental y tres habían ejercido violencia contra otras mujeres previamente. En la mitad de los vínculos las víctimas habían sufrido episodios de violencia de género anteriores, y en un caso la mujer había denunciado reiteradamente al agresor, lo que derivó en su detención y condena por hechos previos. Tras los crímenes, cuatro autores intentaron fugarse, aunque todos fueron hallados, mientras que el resto procuró encubrir el hecho o fue detenido durante su comisión.
Mujeres en marcha
El informe se difundió en paralelo a las masivas movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer que tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas ciudades del país. Desde las 16 horas, miles de personas se concentraron frente al Congreso de la Nación y marcharon hacia Plaza de Mayo bajo la consigna “Contra las reformas esclavistas de Milei, el FMI y sus cómplices”. La movilización fue impulsada por organizaciones feministas y LGTBIQ+, sociales, sindicales y políticas, y contó con la participación de jóvenes, estudiantes, jubiladas, trabajadoras de la salud, de la educación, del subte y de la comisión de mujeres y familiares que enfrentan el cierre de fábricas como FATE. A las 18.30 se realizó la lectura de un documento en la Plaza de Mayo. El domingo previo también se llevó a cabo un pañuelazo convocado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en el Congreso, con la participación de colectivos feministas de izquierda e independientes.
Entre los reclamos centrales de la jornada se destacaron el rechazo a la reforma laboral, la oposición a la baja de edad de punibilidad que criminaliza a jóvenes de barrios populares y la defensa de la Ley de Glaciares. Las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno tienen un impacto particular en las mujeres, que sufren recortes salariales, despidos y precarización, además de la sobrecarga en las tareas de cuidado de jóvenes y adultos mayores. En la movilización también estuvieron presentes familiares de Brenda, Morena y Lara, víctimas del triple narcofemicidio en Florencio Varela en 2024, y estudiantes secundarias que marcharon con sus centros de estudiantes y pancartas propias bajo la consigna Ni Una Menos. La protesta se enmarcó en un contexto de creciente malestar social frente al ajuste y los discursos oficiales que atacan al movimiento de mujeres y al feminismo, incluyendo la propuesta de eliminar la figura de femicidio del Código Penal planteada en foros internacionales.
Las asambleas que organizaron la movilización durante febrero estuvieron atravesadas por debates sobre cómo enfrentar el plan de gobierno, que avanza con el apoyo de sectores políticos opositores en el Congreso. También hubo discusiones sobre el rol de las centrales sindicales, cuestionadas por convocar acciones consideradas insuficientes. Desde agrupaciones como Pan y Rosas se planteó la necesidad de relanzar las asambleas para que sean realmente participativas y con amplia difusión en lugares de trabajo, estudio y barrios, con el objetivo de construir desde abajo una fuerza social capaz de enfrentar las políticas de ajuste. La masiva participación en la marcha mostró que existen fuerzas para resistir un plan que, mientras despliega campañas mediáticas contra el movimiento de mujeres, se enfrenta a un creciente descontento social por la degradación de las condiciones de vida.
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