Buenos Aires, 14 de abril de 2026. “Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, al anunciar el plan. 

Desde el jueves 26 de marzo, varios de los ingresos vehiculares fueron modificados: cinco accesos se transformaron en calles peatonales, tres quedaron bajo vigilancia permanente de la Policía de la Ciudad y otros mantienen controles ya existentes. A esto se suman retenes móviles y operativos rotativos en puntos estratégicos del barrio.

A partir del plan de Control de Accesos, cinco de las trece entradas por donde ingresaban vehículos se convirtieron en calles peatonales, tres pasarán a tener puestos permanentes de la Policía de la Ciudad, y se suman a otros tres que ya existían; dos calles se convirtieron en contramano, se colocaron bolardos y también habrá controles itinerantes y rotativos de fiscalización para reforzar la seguridad.

Los procedimientos se desplegaron en sectores clave como Colibrí y Ramos Mejía (en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Retiro), Yaguareté e Islas Galápagos, y Colibrí y Alberto Chejolán, en el límite con el Barrio Saldías.

Desde el gobierno aseguraron que “la urbanización de la Villa 31, tal como estaba diseñada desde 2016, no pudo evitar un crecimiento urbano sin control ni logró propiciar un ordenamiento territorial, que eran objetivos de la Ley 6.129. Por eso, la Ciudad decidió avanzar con medidas para regularizar la situación”.

“No podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos”, dijo Macri.

La idea de prohibir el ingreso de materiales a la villa más grande de la Ciudad ya fue implementada durante el primer gobierno de Mauricio Macri. El efecto inmediato fue el encarecimiento del cemento, arena y piedras, pero las construcciones siguieron. En ese entonces, la restricción terminó por favorecer a empresarios como Oscar “el Gitano” Remorino, un conocido puntero del barrio que continuó con su negocio y luego se convirtió en proveedor del gobierno porteño, lo que le permitió incluso comprar un inmueble subastado por el AABE en 2017.

En los últimos meses Jorge Macri viene publicitando los desalojos a propiedades que llevaban años usurpadas y ahora anuncia este plan en la Villa 31, en todos los casos con acciones en las que abundan clausuras, cierres y allanamientos sin orden judicial, en medio de una fuerte presencia policial. De garantizar el acceso a la vivienda propia para todos los porteños, ni una palabra. Peor aún, en la última semana anunció que el Instituto de Vivienda de la Ciudad a cargo de los planes de vivienda pública, dejará de destinar recursos a la urbanización de los barrios populares. 

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