Inclusión o vaciamiento

Porteñas | Reforma de la educación especial

Inclusión o vaciamiento

Con la actual gestión se impulsa una reforma que, lejos de fortalecer el sistema, es percibida por los actores del sector como un proceso de vaciamiento encubierto. “No es inclusión, es ajuste”, proclaman. Docentes y familias denuncian el vaciamiento de la educación especial en la Ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Jorge Macri. Buenos Aires, 28 de octubre de 2025. La educación especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atraviesa una crisis profunda que ha despertado la preocupación de docentes, directivos, familias y especialistas. Bajo la gestión del jefe de Gobierno Jorge Macri, se ha impulsado una reforma que, lejos de fortalecer el sistema, es percibida por los actores del sector como un proceso de vaciamiento encubierto. La implementación de las llamadas Mesas de Inclusión y la reconfiguración de los equipos interdisciplinarios son señaladas como mecanismos que, en lugar de garantizar derechos, desarticulan las estructuras que históricamente han sostenido la modalidad de educación especial.

La denuncia fue visibilizada por Tiempo Argentino en una nota publicada el 25 de octubre de 2025, donde se recogen testimonios de docentes y directivos que, en muchos casos, prefieren mantener el anonimato por temor a represalias. En ese artículo, se relata la experiencia de Romina Alarcón, madre de Bautista, un niño que asiste a la Escuela Integral Interdisciplinaria N° 4 en el barrio de La Boca. Para ella, ese espacio fue clave en el desarrollo de su hijo, y hoy vive con tristeza y preocupación el avance de políticas que amenazan con desmantelar ese entorno de contención y aprendizaje.

La reforma promovida por el gobierno porteño se presenta bajo el discurso de la inclusión, pero para los trabajadores del sector, se trata de un ajuste encubierto. En palabras de docentes nucleados en Ademys, el sindicato que representa a buena parte de la docencia porteña, “no es inclusión, es ajuste”. Esta consigna fue el eje de una movilización masiva realizada el 17 de julio de 2025, en la que participaron docentes de escuelas especiales, familias y organizaciones sociales. La convocatoria surgió desde la Asamblea de Educación Especial de Ademys, que exige la suspensión inmediata de las reformas y la apertura de una mesa de diálogo con participación real de los actores involucrados.

Uno de los puntos más críticos de la reforma es la implementación de las Mesas de Inclusión, espacios que, según el discurso oficial, buscan articular la educación especial con la educación común. Sin embargo, en la práctica, estas mesas han sido utilizadas para justificar el cierre de cargos, la fusión de funciones y la eliminación de equipos interdisciplinarios. Estos equipos, conformados por profesionales como psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos y trabajadores sociales, son fundamentales para el abordaje integral de las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Su desarticulación implica una pérdida significativa en la calidad de la atención y el acompañamiento que reciben los alumnos.

Además, se ha denunciado una reducción presupuestaria que afecta directamente el funcionamiento de las escuelas especiales. Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), publicado por Nota al Pie en agosto de 2025, reveló irregularidades en el manejo de fondos destinados a la educación especial. El documento señala que existen presupuestos millonarios que no se traducen en mejoras concretas para las instituciones, y que, por el contrario, se han detectado desvíos y subejecuciones que comprometen la transparencia de la gestión.

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, ha defendido la reforma argumentando que busca garantizar el derecho a la educación inclusiva, en línea con los marcos normativos internacionales. No obstante, los especialistas advierten que la inclusión no puede ser entendida como la mera integración de estudiantes con discapacidad en escuelas comunes sin los apoyos necesarios. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina, establece que la inclusión debe ser acompañada por ajustes razonables, recursos adecuados y formación docente específica. En este sentido, la eliminación de cargos y equipos especializados contradice los principios de una inclusión efectiva.

Las escuelas de educación especial cumplen un rol insustituible en el sistema educativo. No solo brindan formación académica, sino que también ofrecen espacios de socialización, estimulación y desarrollo personal adaptados a las necesidades de cada estudiante. La modalidad especial no es una instancia segregadora, como a veces se plantea desde ciertos discursos, sino una respuesta pedagógica específica que reconoce la diversidad y promueve la equidad.

En este contexto, las comunidades educativas han comenzado a organizarse para resistir el avance de las reformas. Se han realizado asambleas abiertas, encuentros con legisladores y campañas de visibilización en redes sociales. La consigna “No al vaciamiento de la educación especial” se ha convertido en un grito colectivo que busca frenar el desarme de un sistema que ha sido construido con años de trabajo, compromiso y lucha por los derechos de las personas con discapacidad.

La situación también ha despertado el interés de organismos de derechos humanos y asociaciones civiles que trabajan en el ámbito de la discapacidad. Desde la Asociación por los Derechos de las Personas con Discapacidad (ADPD), se ha emitido un comunicado en el que se alerta sobre el impacto negativo que estas políticas pueden tener en la vida de miles de estudiantes y sus familias. “La educación especial no puede ser reducida a una cuestión presupuestaria. Es una política pública que debe ser garantizada con recursos, formación y participación”, señala el documento.

En paralelo, se han presentado pedidos de informes en la Legislatura porteña para que el Ejecutivo detalle el alcance de las reformas, los criterios utilizados para la reconfiguración de los equipos y el destino de los fondos asignados. Legisladores de distintos bloques han manifestado su preocupación por la falta de transparencia y la ausencia de diálogo con los actores del sistema educativo.

La tensión entre el discurso oficial y la realidad que viven las escuelas especiales pone en evidencia una disputa de fondo sobre el modelo educativo que se quiere construir. Mientras el gobierno de Jorge Macri insiste en avanzar con una reforma que, según sus voceros, moderniza y democratiza el acceso a la educación, los trabajadores del sector denuncian que se trata de un proceso regresivo que vulnera derechos y desmantela estructuras fundamentales.

La educación inclusiva es un objetivo legítimo y necesario, pero no puede ser alcanzado a costa del desarme de la educación especial. La coexistencia de modalidades, el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios y la participación activa de las comunidades educativas son condiciones indispensables para garantizar una inclusión real y efectiva. En este sentido, el llamado de docentes, familias y organizaciones sociales es claro: detener el vaciamiento, abrir el diálogo y construir políticas educativas que respeten la diversidad y promuevan la equidad.

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