Sociedad | Polémica iniciativa que deberá ser debatida en la Legislatura

Cepo al bolsillo

El macrismo aspira a llevar a 160 mil las plazas para estacionamiento medido en la ciudad. De aplicarse, impactará en casi todos los barrios porteños y en zonas residenciales. Aumentará el valor de las fichas y habrá tarifas progresivas en las cercanías de zonas comerciales. Está previsto que luego de diez años vuelva el cepo en la ciudad y haya más playas de acarreo. La medida afectará a toda la Comuna 3. Buenos Aires, 6 de mayo de 2013. La iniciativa concreta del PRO vio la luz a principios de abril, pero se viene planeando desde mucho antes. El ambicioso proyecto surgido de las usinas del macrismo de extender las zonas de estacionamiento pago a casi todos los barrios de la capital espera tratamiento en la Legislatura, pero ya desató la polémica entre quienes sostienen que ayudará al ordenamiento del tránsito y los que ven que detrás del proyecto se esconde un fabuloso negocio privado.

El proyecto prevé la extensión del estacionamiento medido a toda la Comuna 3. De acuerdo a lo que pudo conocerse, se implementará en 44 de los 48 barrios porteños y logrará que las plazas de estacionamiento medido en toda la ciudad trepen de 8 mil a 160 mil. Tarifa progresiva en algunos barrios, y aumentada en hasta un 293% con respecto a la actual, completan el combo, que tendrá un arduo camino de debate. Organizaciones de vecinos y la ONG “No al Parquímetro” ya elevaron sus voces en contra.

Sólo quedarían exceptuados los que estacionen en Villa Soldati, Versalles, Villa Pueyrredón y Coghlan. De todas formas, luego de la inundación que dejó daños materiales en buena parte de la ciudad, es posible que se decida como gesto no sumar una nueva complicación a los vecinos que fueron afectados por el agua.

No está definido cuánto costará la hora de estacionamiento, cuyo valor actual es de $ 1,40 por ficha, pero ya se estima un precio que oscilará entre $ 3 y $ 6, más allá de que en algunas zonas más pobladas y complicadas para el tránsito será progresivo y arrancaría en $ 6 la primera hora, $ 8 la segunda, $ 10 la tercera y llegaría a $ 12 a partir de la cuarta. Todos estos números finales tendrán que ser definidos a través de audiencia pública.

El plan prevé que se divida a la ciudad en cinco zonas. Habrá tarifa progresiva y tarifa simple, que abarcará aproximadamente un 38% de la superficie afectada a la regulación. En cada una de las zonas, habrá una playa de acarreo, donde serán trasladados los autos en infracción.

El fantasma del cepo que inmoviliza los vehículos como forma de castigo ante la infracción también volvió a rondar la posible implementación del plan. El cepo funcionó en la Ciudad de Buenos Aires durante diez años, de 1991 a 2001, durante la gestión de Carlos Grosso.

La principal objeción planteada por vecinos y asociaciones es la falta de alternativas ante el cambio y el incumplimiento de normas aprobadas con anterioridad. De acuerdo a lo que dice la Ley 4003 promulgada en noviembre de 2011, las grúas y el estacionamiento debían estar bajo control estatal. Precisamente las dos empresas privadas que hoy operan –SEC y STO- tienen su contrato vencido desde el año 2001, y son anualmente renovadas sus autorizaciones para acarrear vehículos en una situación jurídica precaria, y abonando a la ciudad un canon irrisorio.

Sistema de Estacionamiento Controlado (SEC), propiedad de BRD Safici; y Sistema de Tránsito Ordenado (STO), que pertenece a Dakota SA, tenían contrato desde 1990, cuando era intendente Grosso. La gestión PRO aumentó la tarifa de acarreo en los últimos años de 56,40 a 190 pesos y luego a 350, sin embargo no hubo renovación de parquímetros y tiqueteadoras, mientras las grúas trasladando vehículos en casos de vencimiento de ticket por unos minutos, o incluso fuera de infracción, se han convertido en un clásico. Lo mismo que las señalizaciones confusas que llevan a cometer faltas involuntarias a muchos automovilistas.

Estas empresas, que no tendrían impedimento alguno para participar de las licitaciones para las futuras zonas, facturan al año cerca de 114 millones de pesos, según estimaciones extraoficiales. Desde hace años pagaban a la ciudad solamente mil pesos por mes en concepto de canon. Recién en 2011 ese monto pasó a $ 30.000, pero un acuerdo firmado con el macrismo en febrero de ese año estableció, en su cláusula sexta, que la suba comenzaba a regir "a partir de la fecha en que el GCBA cumpla con el pago de los mayores costos". Es decir, que SEC y STO pagarían esa suma cuando la ciudad les reintegre los aumentos salariales de sus empleados.

“Sigue existiendo un gran negociado y se está beneficiando a las empresas en contra del vecino y de cualquier tipo de transparencia”, advirtió Juan Chavarri, de la ONG “No al Parquímetro”.




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