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Entre lo legítimo y lo amañado

“No vamos a descansar hasta que hayamos
devuelto la última propiedad usurpada y ocupada en la Ciudad”, afirmó el jefe
de Gobierno a comienzos de marzo, al anunciar el desalojo de la propiedad
número 600, ubicada en Tucumán 2583, en Once.

Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(GCBA), allí “funcionaba un hotel familiar que estaba usurpado desde 2014 y
presentaba muy malas condiciones y riesgo estructural”. El GCBA señaló que los
operativos buscan dar respuesta a “propietarios que creían haber perdido sus
propiedades para siempre y a vecinos indignados por los lugares tomados durante
años, por denuncias de inseguridad”. Algunos reclamos judiciales estaban en un
limbo desde hace décadas.

Sobre el procedimiento, el Gobierno porteño
explicó que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se encarga de vaciar las
viviendas ocupadas. También intervienen operarios del Ministerio de Espacio Público
e Higiene Urbana y de la Guardia de Auxilio, entre otras áreas. “Las
propiedades son devueltas a sus dueños y, de ser necesario, se cierran con
materiales para evitar nuevas usurpaciones”, indicaron.

Cuando
hay proceso judicial

En el plano judicial, un reciente desalojo en
Palermo sirve para ejemplificar: el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de
Buenos Aires informó que la desocupación fue ordenada por la Fiscalía PCyF 6, a
partir de denuncias vecinales. La investigación determinó que la propiedad
pertenece al GCBA y que desde 2006 existía una denuncia en el fuero Contencioso
Administrativo. Según el expediente, la ocupación se produjo “mediante abuso de
confianza por parte de quien era el cuidador del inmueble”. Había unos 20
ocupantes.

El MPF indicó además que existe un protocolo de
actuación para estos casos en el que intervienen distintas áreas del Estado,
entre ellas el programa Buenos Aires Presente (BAP) y el Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Desalojos
administrativos en la zona

En otros casos, el Gobierno porteño recurrió a
desalojos administrativos y clausuras al considerar que los inmuebles
presentaban riesgo estructural. En estas situaciones, el vaciamiento de la
propiedad puede realizarse sin que exista una sentencia judicial previa.

A fines de febrero, el GCBA llevó adelante un
operativo en un edificio ubicado en Sarmiento y Jean Jaurès, en la zona del
Abasto. El inmueble tenía tapiada la planta baja porque había rajaduras y
desprendimiento de material. También había grietas en la parte superior. Algunas
de las personas desalojadas denunciaron posteriormente que pagaban alquiler y
que estaban al día.

A comienzos de febrero también fue desalojada
una propiedad con 50 habitaciones y cinco locales comerciales en Alsina y
Pichincha, frente al Spinetto, al sur de Balvanera. El GCBA sostuvo que el
edificio estaba usurpado desde hacía 20 años y que había sido clausurado en
2019. Sin embargo, algunas de las más de 70 familias expulsadas afirmaron que pagaban
alquiler y que no recibieron ninguna alternativa habitacional, más allá de
abandonar el lugar de forma inmediata.

Otro caso ocurrió a comienzos de marzo en
Cochabamba 2642, casi esquina Jujuy, en San Cristóbal. Allí la Guardia de
Auxilio advirtió sobre un presunto riesgo estructural, lo que derivó en un
desalojo administrativo. Las 35 familias que ocupaban el inmueble desde hacía
dos décadas sostuvieron que la propiedad “no tenía dueño” y que no existía
ningún juicio sucesorio, por lo que denunciaron que el argumento del riesgo
edilicio -el cual desmentían- fue utilizado para expulsarlos.

“Resulta alarmante la tendencia creciente del
Poder Ejecutivo local a utilizar la Guardia de Auxilio para ejecutar clausuras
que, en la práctica, funcionan como desalojos de hecho”, alertó. Según el
legislador, bajo la premisa técnica de “riesgo estructural” se prescinde de los
plazos y garantías del debido proceso judicial. También cuestionó la falta de
informes técnicos exhaustivos que justifiquen la urgencia de las medidas por
sobre otras alternativas, como el apuntalamiento o la reparación de los
edificios.

Reclamos
por la respuesta social

En paralelo, vecinos y organizaciones sociales
expresaron preocupación por la capacidad de respuesta de los programas de
asistencia del Gobierno porteño frente al aumento de desalojos. Integrantes de
la red vecinal de la Manzana 66, en Belgrano y Jujuy, señalaron que algunas
personas quedaron en situación de calle tras los operativos. Según denunciaron,
la Red de Atención Social en muchos casos demora en responder y no siempre hay
lugar disponible en los Centros de Inclusión Social (CIS) o paradores.

“Si bien valoramos la gestión del ministro de
Desarrollo Humano y Hábitat Gabriel Mraida, la falta de soluciones sugiere un
sistema al límite. Si la gestión de Macri se enorgullece de los desalojos,
también debe asumir la responsabilidad de no dejar a esa gente en la calle”,
señalaron vecinos de Balvanera.

                                                                                                          Juan
Castro

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