Alquilar �se puede

Porteñas | La campaña de Macri

Alquilar ¿se puede?

El gobierno porteño anunció a principios de año un nuevo programa habitacional, orientado a facilitar el acceso al alquiler de vivienda. Alquilar se puede es su nombre. La iniciativa fue presentada como una respuesta eficaz a los problemas que enfrentan quienes pretenden contratar la locación de una vivienda en la ciudad y no cuentan con garantía propia, ingresos o empleo en blanco. Sin embargo, muchos expertos ponen en duda su eficacia para resolver el problema de acceder a un alquiler. Buenos Aires, 9 de junio de 2015. El eslogan es llamativo. Alquilar se puede, afirma la publicidad, acompañada de la imagen de una joven pareja sonriente con una niña pequeña, aparentemente satisfecha por haber resuelto el acceso a su vivienda. ¿Qué hay de verdad detrás de la propaganda?

Los precios de la vivienda en la ciudad se han disparado, medidos en dólares. Eso impacta también en los alquileres, aunque su valor haya incrementado en menor medida. Pero más allá de los montos solicitados, otros costos entran en juego. Si se quiere iniciar un contrato de alquiler en la Ciudad de Buenos Aires hay que pagar cuatro meses juntos. Más los gastos administrativos. Se exige, también, una garantía propietaria de familiar directo en Capital Federal.

El gobierno porteño tomó nota del problema y lanzó Alquilar se puede, un programa del Instituto de la Vivienda y del Banco Ciudad, que se propone facilitar la entrada y permanencia a un alquiler. Pero el programa no es una ayuda real: son muy pocos los beneficiarios, es sólo para menores de 35 años y se necesita una abultada suma de dinero para acceder.

La propuesta oficial

¿Cuáles son los requisitos para acceder? En principio, tener entre 18 y 35 años, residir, trabajar o estudiar en la CABA; no tener antecedentes financieros desfavorables y, en caso de ser seleccionado, “si el postulante tiene ingresos no registrados deberá cumplir con el esquema de ahorro previo o presentar contrato vigente de alquiler y últimos 6 recibos de constancia de pago”, según informa la página oficial del gobierno.

Otros requisitos son que el inmueble a alquilar sea para vivienda única, familiar, y en condiciones de habitabilidad; que esté dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el costo de alquiler mensual no supere el 30% de los ingresos netos mensuales familiares (relación alquiler / ingreso del 30%).

¿Qué ofrece el programa? En principio, una garantía bancaria para propietarios del Banco Ciudad, que suplanta la tradicional garantía propietaria. Se trata de un seguro que ya comercializaba el Banco, pero en este caso, esta garantía será subsidiada por el IVC para alquileres de hasta $5.000. Además, para poder afrontar los costos de formalizar un contrato (comisiones, mes adelantado y gastos) el gobierno ofrece un préstamo personal a tasa subsidiada del Banco Ciudad, para financiar la mayor parte de los gastos de entrada al alquiler. La tasa que se cobra es un cincuenta por ciento menor que la de los créditos inmobiliarios del mismo banco.

Las críticas a la iniciativa

El presidente de la organización Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, consideró que el nuevo plan es “funcional al mercado inmobiliario ilegal”, mientras que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció que es “propio de la década del 90 cuando se subvencionaba la demanda”.

“El gobierno de (Mauricio) Macri no regula el mercado inmobiliario, no exige que se cumpla la ley y tampoco genera condiciones más justas para el inquilino. Lo único que hace es fomentar este mercado ilegal con un préstamo de dinero”, aseguró Muñoz.

Para el titular de Inquilinos Agrupados, este plan es “algo selectivo”, ya que sólo pueden acceder a él personas menores de 35 años y lo que ofrece es “un préstamo personal que es apenas más bajo que el que ofrece cualquier banco”, sostuvo Muñoz.

Asimismo, advirtió que el crédito se destinará “sólo a 6.000 personas en un universo de 1.200.000 inquilinos que hay en la Ciudad”, y denunció que además “financia las ilegalidades de las inmobiliarias que piden hasta dos meses de comisión cada vez que se firma un contrato, algo que va en contra de lo que establece la ley 2.340 de la Ciudad de Buenos Aires”. En este sentido, Muñoz detalló que esa ley establece “un tope de lo que pueden cobrar las inmobiliarias por comisión y es un 4,15 por ciento del alquiler, lo que generalmente da menos de un mes”.

Por su parte, Joaquín Benítez, sociólogo de la ACIJ, coincidió y advirtió que el programa del gobierno de la Ciudad “tiene al menos tres problemas”. “Primero tenemos un problema de plazas, ya que según el mismo gobierno porteño hay 275.000 personas viviendo en villas en la Ciudad y casi medio millón de personas con déficit habitacional; segundo, un problema de valores inmobiliarios, ya que te dejan alquilar por un monto de hasta el 30 por ciento de los ingresos netos del hogar cuando los alquileres no bajan de 3.500 pesos”, precisó.

Y agregó: “Por último, el programa no regula el mercado de alquileres, sino que genera precios muy altos y mucha especulación inmobiliaria, ya que uno de sus componentes es un préstamo con un interés altísimo”. “Tradicionalmente los programas habitacionales subvencionaban la oferta y bajaban los precios para que la gente pudiera acceder, pero este tipo de planes está inspirado en políticas de los 90, que apuntan a subvencionar demanda en lugar de producir vivienda barata”, subrayó Benítez.

Norberto Alonso

Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir