Porteñas | Ex Batallón 601

La Legislatura pondrá una placa

El próximo jueves 19 habrá un acto oficial frente al edificio de Callao y Viamonte. Estarán presentes María Rachid, Edgardo Form y Barrios x Memoria y Justicia Balvanera, que ya había colocado una insignia en 2014. Buenos Aires, 17 de marzo de 2015. El jueves 19 de marzo se realizará un acto en la esquina de Viamonte y Callao para colocar una placa que evoque el funcionamiento del ex Batallón 601 en años de Terrorismo de Estado.

El «Batallón de Inteligencia 601», nombre del Servicio de Informaciones del Ejército (SIE), fue un servicio de inteligencia militar muy activo durante la última dictadura en nuestro país, y particularmente durante la Guerra de Malvinas. Dependía de la Jefatura II del Ejército y tenía destacamentos desplegados en toda la República Argentina. Su misión era la reunión de información, análisis y producción de inteligencia militar.

La iniciativa corre por cuenta de la Legislatura porteña, tras una votación en el Recinto. Este edificio, tal como informamos en ediciones anteriores, será sede educativa y administrativa de la USAL, al tiempo que en su ochava funcionará un local comercial.

La información la dio primero Barrios x Memoria y Justicia Balvanera. Pidió, a tono con las leyes vigentes, que en ese inmueble funcione un espacio de Memoria para evocar e informar sobre las dictaduras argentinas y la represión estatal. El edificio, ubicado en Viamonte 1818 y que desde septiembre de 2005 tenía aviso de obra, salió a licitación en el último semestre de 2002 y su venta se concretó en enero/febrero de 2003.

Así pudo evadir la política de Memoria, Verdad y Justicia que llevaría adelante el presidente Néstor Kirchner, que asumió el gobierno el 25 de mayo de 2003, con la clara premisa de preservar aquellos lugares donde se vivió y se planeó la represión.

En una de esas oficinas estuvo escondido el cuerpo embalsamado de Eva Perón y en otras, represores como Guillermo Suárez Masson planificaron los operativos represivos.

La historia reciente cuenta que en febrero de 2000, el entonces jefe del Ejército, Carlos Brinzoni, anunciaba el cierre del Batallón y la futura venta del edificio, medidas que formaban parte del proyecto de reestructuración integral del área de Defensa, que tenía a Ricardo López Murphy como ministro.

Diversos organismos de derechos humanos insistieron ante las autoridades de entonces en la necesidad de preservar el lugar, no sólo para recuperarlo como un espacio para la memoria sino también para que la Justicia lo conserve como prueba.

CONSTRUIR LA MEMORIA

En septiembre del año pasado se aprobó la colocación de una placa en el edificio de Viamonte N° 1818, del barrio de Balvanera, donde funcionó la sede principal del “Batallón de Inteligencia 601″ del Servicio de Informaciones del Ejército Argentino, durante el terrorismo de estado en nuestro país. En el histórico inmueble se planeó la represión en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde allí se elaboraron operativos de secuestros y se conoce que, tras esas paredes y puertas blindadas, hubo detenidos/as desaparecidos/as para ser torturados/as y luego trasladados/as a otros Centros Clandestinos de Detención. El objetivo de la iniciativa parlamentaria es la señalización como aporte a la construcción social de la conciencia histórica colectiva. Impulsaron esta iniciativa los diputados Edgardo Form (NE) y María Rachid (FpV). Ambos estarán en el acto del próximo jueves.

Del mismo modo, el agosto pasado Barrios x Memoria y Justicia Balvanera instaló una placa para recordar el terrorismo de Estado. A la semana habían sido vandalizadas. “Contrastando con el fuerte apoyo recibido el pasado jueves, quienes realizaron esta vergonzosa acción no dieron la cara ni dejaron identificación alguna. Así como nosotros colocamos las baldosas a la luz del día, ellos operan protegidos por la oscuridad”, dijo la organización vecinal.

“Limpiaremos una y otra vez las baldosas violentadas y seguiremos colocando otras con los nombres de los queridos compañeros, militantes populares víctimas de los genocidas”, sumaron. “También continuaremos movilizados, interactuando con otras organizaciones de nuestro barrio que estén dispuestas a reclamar a los poderes públicos la apertura en ese edificio de un Espacio de Memoria visible y a la calle y la aplicación de la Ley Nacional 26691. Seguiremos apoyando varios proyectos de ley presentados en la Legislatura de la Ciudad donde se señaliza, se declara patrimonio histórico y se reserva un espacio de memoria en la ex sede del 601”, habían evocado en aquel entonces.

En tanto, el jueves 12 de septiembre de 2014 la Legislatura porteña repudió el vandalismo contra estas baldosas por la memoria instaladas en Callao y Viamonte. El texto que se votó en la Legislatura, por impulso de José Cruz Campagnoli (NE), expone el “enérgico repudio” a los daños perpetrados contra esta evocación de memoria sobre los años que vivió el país en dictadura.

También la Defensoría de Pueblo porteña presentó en junio de 2014 un proyecto de ley en la Legislatura para que sea declarado sitio histórico el inmueble donde funcionó el Batallón de Inteligencia 601.

En los fundamentos de la iniciativa se recuerda que en ese lugar funcionó “uno de los sitios de planificación y operaciones más importantes de la última dictadura cívico-militar argentina, donde se planearon y dirigieron, en el marco del Plan Cóndor, intervenciones represivas sobre el Estado Plurinacional de Bolivia y países de América Central, lo cual le otorga un innegable valor histórico y simbólico”.

El inmueble fue vendido por el Ejército en 2003 y recientemente fue adquirido por la Universidad del Salvador, que lo está refuncionalizando para aulas y residencia de estudiantes.

En este sentido, según se informó en un comunicado, el proyecto recalca la importancia de “asegurar que la memoria de este sitio sea rescatada para las presentes y futuras generaciones, particularmente si allí van a estudiar y residir transitoriamente futuros estudiantes de una universidad que profesa la religión católica, la cual padeció víctimas del terrorismo de Estado en la persona de seminaristas, sacerdotes y autoridades eclesiásticas”.

El proyecto se inscribe dentro de lo dispuesto por la Ley Nacional 26.691 de 2011, sancionada para la Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado.

El edificio de Callao y Viamonte, donde operaron servicios de inteligencia de varias dictaduras, ahora será un edificio de estudios de la USAL, mientras que su planta baja tendrá locales comerciales. El edificio (Callao N° 692 y Viamonte N° 1816) tiene nueve pisos, una arquitectura de lo más paqueta, digna de la avenida Callao y Barrio Norte (aunque está situado en Balvanera). Lo que se esconde dentro es parte de la historia más negra del país: allí funcionaron los servicios de inteligencia de varias dictaduras.

LA HISTORIA NEGRA

Hoy el llamado Batallón 601, nombre de guerra del Servicio de Informaciones del Ejército (SIE) y rebautizado como Central de Reunión de Inteligencia Militar por el ex jefe del Ejército, Martín Balza, funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo.

La dimensión exacta del papel del "601" sólo apareció una década después del golpe, cuando se supo que por allí había pasado Suárez Mason, comandante por entonces del Cuerpo I de Ejército, por el cual hoy está abierta una megacausa por delitos de lesa humanidad, que ya tiene 1.701 las víctimas judicializadas y 166 imputados.

Puertas para adentro se dieron hechos como el secuestro del cadáver de Eva Perón durante la mal llamada Revolución Libertadora. Aparte de ser uno de los lugares clave en el desarrollo del Plan Cóndor, allí operaron “los detestables automóviles Ford Falcon sin patente, con sus deleznables Grupos de Tareas a cuestas” que idearon secuestros y detenciones integrantes del Batallón 601.

“Existen denuncias de que a ese lugar fueron llevados ciudadanos secuestrados para ser interrogados, torturados, y luego trasladarlos a Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE)” detallaron desde Barrios x Memoria y Justicia Balvanera. Entre sus víctimas nombran a Laura Creatore, Carlos Capitman y Rafael Perrotta.

Luego de la vuelta democrática, funcionó este batallón hasta el año dos mil, cuando fue disuelto, durante la presidencia de Fernando De la Rúa. Ese edificio era público hasta ese entonces, cuando se desafectó y pasó a manos privadas. Hay versiones que aseguran que ex militares lo compraron, otros rumores indican que en el último tiempo se retiró valiosa información que comprometía a miembros de este ex Batallón.

También pasaron por el "601", los llamados PCI -personal civil de inteligencia- Leandro Sánchez Reisse, implicado en varias operaciones de secuestros extorsivos y desapariciones, y Raúl Guglielminetti.

La historia negra de la represión cuenta que, en los peores años, los jefes del Batallón 601 fueron los generales Alberto Valin (desde el 11 de octubre de 1974 hasta el 26 de octubre de 1976), Carlos Tepedino (desde el 27 de octubre del `76 hasta el 30 de octubre del `79), Jorge Muzio (hasta el 29 de septiembre de 1981) y Julio César Bellene.

Los represores del 601 trabajaban en íntima conexión con los jefes de inteligencia del Primer Cuerpo de Ejército y eran los que planificaban y realizaban los operativos, pero rara vez los detenidos eran llevados a la sede del 601, con la excepción de las desapariciones de Laura Creatore y Carlos Capitman, ambos secuestrados en la vía pública el 28 de marzo de 1976.

Otro caso en el que está probada la intervención del Batallón 601 es el secuestro y desaparición del periodista y escritor Haroldo Conti, perpetrado el 4 de mayo de 1976 en su domicilio de la Capital Federal, ya que cuando en noviembre de 1982 fueron detenidos en Ginebra, Suiza, tres miembros del 601 confesaron tener información sobre lo sucedido con Conti.

En 2003, el juez federal Claudio Bonadío ordenó la detención del ex dictador Leopoldo Galtieri y de otros 43 represores, muchos de ellos pertenecientes a la estructura militar de inteligencia que funcionaba el Batallón 601.

Los orígenes de la causa se remontan al 17 de febrero de 1983, cuando se interpuso un recurso de hábeas corpus a favor de 15 militantes de Montoneros que habían desaparecido en 1979 y 80, durante la llamada "contraofensiva" decidida por la conducción nacional de la organización.

En la actualidad, el juez federal Daniel Rafecas lleva adelante la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos en el Primer Cuerpo de Ejército, donde está incluido el Batallón 601, y entre los acusados se encuentran Miguel Etchecolatz, Reynaldo Bignone, Raúl Antonio Guglielminetti, Jorge Carlos Olivera Róvere, Juan Bautista Sasiañ, Omar Domingo Rubens Graffigna y Juan Alfredo Etchebarne.

La justicia sigue en su búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia a pesar de las "remodelaciones" que sólo lograrán borrar huellas físicas, pero no las huellas de la historia. Como dice León Gieco: "Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia".


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