Buenos Aires, 6 de febrero de 2024. Como recordaba el diputado nacional y dirigente docente Hugo Yasky en el debate de la llamada Ley Ómnibus, la crisis que atraviesa la educación argentina desde hace años, es hija de la deuda externa, aunque no parezca. Precisamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) le recomendó al gobierno argentino en 1992 (hace 32 años) que la Nación se desentienda de la educación pública y transfiriera esa responsabilidad sin recursos a las provincias. Es lo que hizo obediente Cavallo, entonces ministro de Economía de Menem. 

Antes de eso y desde 1905, para asegurar que en todas las jurisdicciones se pudiera cumplir con la ley 1420 que estableció la educación pública, obligatoria y gratuita, el Estado nacional se obligó a transferir los recursos para hacerse cargo del equipamiento, la construcción de los establecimientos y los salarios de los docentes en las provincias que no podían solventar la educación. 

¿Por qué se traspasaron las responsabilidades de sostener la escuela pública a las provincias sin brindarles los recursos para hacerlo? Para liberar partidas del presupuesto nacional y destinarlas al pago de la deuda externa. Ahí se profundizó la crisis educativa en la Argentina.

“Crisis que se dio en término de desigualdad, porque no son los mismos recursos económicos que tiene Corrientes, los que tiene Chubut, los que tiene CABA o la provincia de Buenos Aires. Frente a esa desigualdad educativa que se desató cuando le tuvimos que entregar al FMI el sistema educativo argentino con cofinanciamiento de la Nación y las provincias, frente a esa realidad en el año 1997, se instaló la Carpa Blanca. ¿Por qué se instaló la Carpa Blanca en el Congreso de la Nación durante tres años? Porque había siete provincias del país donde ni siquiera se cobraban los salarios. Ya no se podía hacer paro. No se nos ocurrió hacer paro porque directamente no se cobraban salarios. No había clases. El paro era todos los días”, señaló Yasky en esa oportunidad.

Desde entonces, la calidad de la educación no pudo recuperarse, sino hasta que comenzaron a volcarse nuevamente recursos desde el estado nacional, a partir de 2003. Ese compromiso de la Nación en su conjunto con la calidad educativa de todos los chicos está resentido nuevamente por la actual crisis económica social, reinstalada con la deuda externa que volvió a traer Macri. 

Bajo el diagnóstico de emergencia pública que abarcaría también a la educación, las propuestas de la ley ómnibus en ese aspecto responden a justificar la profundización del desfinanciamiento educativo, objetivo confesado incluso en forma de promesa de campaña de degradar el Ministerio a Secretaría. Además, al declararla servicio esencial, que lo es, buscan impedir los reclamos gremiales docentes en vez de dotar de mayores fondos y pagar, entre otras cosas, buenos salarios.

“El proyecto de ley hay que analizarlo en el contexto del ajuste fiscal que ya se está implementando. En lo que respecta al financiamiento educativo, la reducción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y la eliminación de la obra pública, que incluye la construcción de escuelas, van a impactar en la reducción de los fondos para la educación”, analizó Myriam Feldfeber, especialista en educación.

El proyecto de Ley Ómnibus mantiene el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo pero incorpora un artículo en el que se señala que los acuerdos sobre condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo y carrera docente quedarán en manos de cada una de las provincias. Esto, como explica Feldfeber, “tiene el efecto de dejar relegada la responsabilidad del Estado Nacional en la garantía del derecho a la educación y eso agudiza las desigualdades entre las provincias".

No se trata sólo de los fondos, mayores o menores, con que la Nación y las provincias financian la educación, sino que además, el costo de vida creciente deja a muchos en el camino. Por eso la zona comercial del Once se convirtió en enero en un territorio poblado de personas ansiosas de comprar útiles escolares más baratos que en las librerías y comercios de otras zonas de la región metropolitana. Adelantar las compras todo lo posible, porque se esperan mayores aumentos a medida que se acerque el momento de comenzar las clases, fue una estrategia usada por muchísimas personas.

Pero no sólo son los útiles. Los chicos también comen y cada vez más van a hacerlo a la escuela. Entre 2014 y 2022, creció el 21% la cantidad de alumnos que reciben el almuerzo en escuelas estatales de todo el país. En el 22, uno de cada cuatro alumnos (24%) de escuelas estatales recibió el almuerzo gratuito en el comedor escolar. En 8 años también se incrementó 21,3% la cantidad de alumnos que reciben el desayuno. Desde entonces las cosas no mejoraron. Los datos surgen del informe “Programas de alimentación en escuelas de gestión estatal”, del Observatorio de Argentinos por la Educación. 

La desregulación de las cuotas de las escuelas de gestión privada, igual que las que cobran las empresas de medicina prepagas, va a empujar a muchos, otra vez a una educación pública atestada y sin recursos. La fórmula perfecta para incrementar la crisis educativa.

                                                                                                                    Santiago Pujol

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