Buenos Aires, 8 de noviembre de 2022. Cerca de un diez por ciento de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufre en carne propia falta de atención médica, suspensión constante de prestaciones, cancelación de turnos, discontinuidad de tratamientos y cobros ilegales de copagos: son los afiliados de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA)  –obligatoria para todos los empleados públicos, excepto policía y para los jubilados municipales–, quienes sin embargo siguen aportando todos los meses a esas arcas más de lo que lo harían en caso de pertenecer a cualquier otra obra social: un 6 por ciento de sus salarios. 

Fue frente a este panorama que el colectivo “Trabajadorxs y afiliadxs en defensa de la Obra social de la Ciudad de Buenos Aires” ha venido a lo largo de todo el año organizando abrazos al Sanatorio Méndez (que queda en Avellaneda y Acoyte y es el “sanatorio central” de la obra social), pedidos de informes en la sede del Gobierno de la Ciudad y en la Legislatura y movilizaciones a la sede de la entidad, en Rivadavia al 6000. 

“Para el primer abrazo éramos 15: parecíamos locos en el desierto. Los afiliados sabíamos lo que estaba pasando, pero no había una organización que se propusiera encauzar la lucha ni demasiada conciencia colectiva. Entonces empezamos a hacer diferentes acciones para visibilizar la situación hasta que llegamos a ser más de 300 compañeros”. Quien habla es Ana Belinco, una de las voces cantantes del colectivo autoconvocado, docente en el Bajo Flores y militante de Tribuna Docente Tendencia. 

“Como la ObSBA dejó de pagar a sus prestadores, el Méndez es el único servicio que nos queda, con lo que al personal no le alcanzan las manos para atender la demanda”, relata y agrega que la mitad del subsuelo de ese sanatorio está concesionado a una empresa privada de diagnóstico por imágenes, y que los desmanejos de la obra social incluyen también el cierre de residencias turísticas y la privatización de parte del centro recreativo en Núñez.

“El 6 por ciento de nuestros salarios hace a una caja millonaria”, advierte Iván Sotomayor, enfermero del hospital Álvarez y afiliado de ObSBA, pero muchos recursos se van hacia OSDE por la opción que habilitó la misma Obra Social. “Hasta tuvieron suspendidos el servicio de anestesia y la esterilización de materiales quirúrgicos. Muchos afiliados empezaron a preguntarse: ‘Y frente a esta situación, ¿mi gremio qué hace?’”, relata y da en el clavo de por qué un incómodo silencio se teje alrededor del escándalo. 

El problema no es nuevo: la ObSBA viene siendo noticia desde sus inicios allá por el año 2000, cuando a través de la ley 472 fue creada para sustituir a su antecesora, la quebrada IMOS. La obra social es administrada hoy por un directorio cuyo presidente es Juan Carlos Cela, parte de la actual conducción del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad (SUTECBA). Los demás miembros del directorio se constituyen con representantes del Gobierno de la Ciudad –que tiene a la ObSBA intervenida desde 2008– y miembros de SUTECBA y de los sindicatos Asociación de Médicos Municipales y Unión de Docentes Argentinos. Ni SUTECBA, ni los canales oficiales de ObSBA y Médicos Municipales, ni la responsable del área de salud de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) quisieron brindar testimonio para esta nota. 

“Nosotros hacemos responsable del vaciamiento a todo el directorio de ObSBA” –señala Bellinco–. Por la mencionada ley 472 la obra social debería cada seis meses hacer públicos los balances, pero eso no sucede, lo que según los autoconvocados constituye la prueba más fehaciente del desfalco millonario. De acuerdo a Sotomayor, pedir la apertura de los libros “es lo que más los incomoda”. Y enfatiza: “Incluido el gobierno de Larreta porque no hay una sola contratación ni un pago que salga de ObSBA sin la firma de sus representantes”. 

“Denunciamos que el 6 por ciento que nos descuentan no está yendo a la salud de los municipales. Y es muy fácil concluir en este punto, porque sencillamente no nos atienden”, marca la secretaria gremial de Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) y también afiliada a ObSBA, Amanda Martin. Y añade: “Lo primero que reclamamos es la apertura de libros, porque es la única forma en la que los afiliados podamos saber de forma transparente a dónde va el 6 por ciento de nuestros haberes. Lo segundo, que se regularice la atención médica. Y en tercer lugar planteamos que se revise cómo se conforma el directorio”. 

“No está en agenda, querida, hacer ninguna asamblea”, le dijo Cela en la cara a Belinco cuando frente a los reclamos frente a la sede no le quedó más alternativa que atender personalmente a una delegación de cuatro compañeras. Así y todo el reclamo sigue pasando por esa asamblea abierta que incluya a afiliados y trabajadores de ObSBA y en la que sea posible tanto “ver los libros” como idear un plan para sacar adelante a la obra social. “Trabajamos en condiciones deplorables, teniendo que mantener más de dos cargos para llegar a fin de mes con sueldos que son una miseria. Y cuando tenemos un problema de salud, nuestra obra social nos niega la atención”, refiere Belinco. Y concluye: “Son muchas las demandas alrededor de las que deberíamos poder organizar un plan de lucha unificado”. 

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