Buenos Aires, 12 de octubre de 2021. El jueves pasado se publicó la noticia de le confirmaron la condena a prisión perpetua al policía que mató a Jon Camafreitas, un joven de 18 años en Balvanera. La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Dias y Eugenio Sarrabayrouse, quienes desestimaron los argumentos que había hecho el abogado defensor de Naredo, que había cuestionado las declaraciones de dos testigos presenciales del hecho en el que fue asesinado Jon Camafreitas (18) y que -según dijo- se contradecían en el relato que dieron al comienzo de la causa y el que brindaron durante el juicio.

Ante esa situación, el camarista Dias explicó que debe primar la exposición de los testigos en el juicio oral, ya que la primera declaración de los había sido tomada en la comisaría por los compañeros del expolicía Naredo, autor del disparo que mató a Camafreitas.

Por otro lado, la defensa también cuestionó que no se tuviera en cuenta la declaración de Naredo, al que consideró como “el principal testigo” de los hechos.

Al respecto, el magistrado Dias indicó que el tribunal sí consideró la declaración del acusado, pero que “su versión de los hechos no se sustentaba con las pruebas obtenidas durante el juicio”. A su vez, Dias repasó los fundamentos de la sentencia y recordó el análisis acerca de los peritajes donde se descartó la posibilidad de que el hecho hubiera ocurrido por accidente, tal como había señalado el policía.

“No puede alegarse el no acatamiento de la directiva policial como un indicio de culpabilidad, cuando previamente no existieron razones para dar inicio a la persecución en cuyo marco se le ordena concretamente a Camafreitas que pare de correr”, resaltó el juez Dias.

Y agregó: “De lo contrario, se justificaría todo accionar policial que, iniciado de forma irregular, produzca luego potenciales elementos habilitantes de la mentada conducta para la cual no existían desde el inicio razones legales para su puesta en marcha; lo que constituiría, lisa y llanamente, un razonamiento engañoso para burlar las propias y expresas disposiciones legales reguladoras de esta materia”.

El episodio ocurrió el 21 de enero de 2012 en Independencia y Loria, de Balvanera, cuando Naredo y el también policía federal Juan Carlos Moreyra perseguían a Camafreitas y a un amigo de 14 años, por considerarlos "sospechosos". Los jóvenes volvían a sus casas desde la plaza Boedo, de la que se habían ido para alejarse de una pelea entre dos grupos de jóvenes enfrentados.

Moreyra persiguió al adolescente, mientras que Naredo alcanzó a Camafreitas, quien recibió un balazo en la cabeza y murió cuatro días después en el Hospital Ramos Mejía por la herida sufrida, según la pesquisa. 

Al declarar sobre lo sucedido, el cabo contó que forcejeó con Camafreitas cuando éste intentó quitarle el arma reglamentaria, una pistola Browning 9 milímetros, y que en ese momento se produjo el disparo de manera accidental.

No obstante, la familia de la víctima no creyó en esa versión y su madre, Delia Castro, se presentó como querellante en el juicio oral y público.

En el debate, los testigos y las pericias probaron que Naredo tomó a Jon por detrás y lo forzó a agacharse, momento en que colocó su pistola, que empuñaba con bala en recámara, sin seguro y amartillada, sobre su cabeza.

La bala penetró al cráneo por la nuca, salió por la sien y se incrustó en la persiana metálica de un local a 49 centímetros del suelo, con un ángulo de 15 grados, determinaron los peritajes.

En los alegatos, tanto la abogada María del Carmen Verdú, representante legal de la familia de la víctima, como el fiscal del juicio, Ariel Yapur, solicitaron una condena a prisión perpetua para Naredo en base a esas y otras pruebas.

"Naredo fusiló a Jon al amparo de un fierro y una chapa, como se canta en la calle, y apretó el gatillo que el Estado puso en sus manos", precisó Verdú, quien explicó que los rastros hallados en la gorra que el chico llevaba puesta demostraron que el arma estaba apoyada en su cabeza.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 23 de la Ciudad de Buenos Aires, con los votos de Héctor Magariños y Pablo Jantus y la disidencia de Javier Anzóategui, condenó al policía a prisión perpetua en septiembre de 2014 por el delito de "homicidio agravado por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad".

Tras el fallo, Naredo se dio a la fuga y finalmente se entregó el 7 de noviembre de 2017 en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, en ese entonces a cargo de Patricia Bullrich.

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