La doble vara de macri

Comunales | Vendedores ambulantes

La doble vara de Macri

Los vendedores ambulantes de la Ciudad de Buenos Aires enfrentan un escenario cada vez más hostil, marcado por operativos de desalojo, decomiso de mercadería y denuncias de hostigamiento. En respuesta, vecinos, organizaciones sindicales y la Defensoría del Laburante comenzaron a articular una estrategia conjunta que busca frenar la persecución y abrir el debate sobre un posible marco legal que regule la actividad en la vía pública. Buenos Aires, 4 de agosto de 2026. La problemática se intensificó en las últimas semanas con el aumento de los operativos impulsados por la gestión de Jorge Macri, que sostiene como prioridad liberar el espacio público. Sin embargo, los trabajadores denuncian que la aplicación de este criterio es selectiva: mientras se persigue a quienes venden medias o accesorios en las calles de Balvanera y Once, se tolera la ocupación de veredas por parte de polos gastronómicos y comercios que desde hace años invaden el espacio urbano y no se persigue el narcomenudeo. La contradicción alimenta el malestar de los manteros, que aseguran ser víctimas de un trato desigual y de prácticas abusivas.

Los relatos de los vendedores son contundentes. Afirman que les quitan la mercadería, los golpean y en algunos casos los persiguen hasta sus casas. Ariel Rivero, referente de la Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), explicó que muchos trabajadores ya ni siquiera despliegan mantas en la vía pública, sino que caminan con la mercadería en la mano para evitar el decomiso. “Hoy no podemos trabajar. Contamos con la solidaridad de los vecinos de Manzana 66, que conocen nuestra problemática porque nos ven todos los días sufriendo el hostigamiento de la policía y Espacio Público”, señaló.

La reunión realizada en la sede de ATE, sobre la avenida Belgrano, reunió a representantes de la CTA Autónoma Capital, vendedores ambulantes de Once y Balvanera, organizaciones vecinales y la Defensoría del Laburante. Allí se discutió la posibilidad de elaborar un proyecto de ley que regule la actividad y garantice condiciones dignas de trabajo. José Peralta, secretario adjunto de la CTA-A Capital, expresó que “no queremos que estos hechos se repitan y estamos pensando en alguna regulación legal, en la redacción de un proyecto que les permita trabajar dignamente”.

El respaldo sindical se suma a la solidaridad vecinal. Desde la agrupación Manzana 66, los vecinos denuncian que mientras el gobierno porteño intensifica los operativos contra los manteros, en el barrio proliferan otras actividades ilegales sin control. “En Once tenemos depósitos clandestinos que cargan y descargan las 24 horas, vendedores de droga y un ‘Polo Falopero’ que todos conocen, pero para el gobierno el problema es un tipo que vende medias en Pueyrredón y Sarmiento”, afirmó Alberto Aguilera, referente de la organización.

Las denuncias también apuntan a la existencia de grupos parapoliciales que actúan en la Comuna bajo la cobertura de ONG vinculadas al oficialismo. Según los vecinos, estas agrupaciones persiguen a vendedores y personas en situación de calle, hostigan a murgas y se victimizan cuando reciben respuestas de quienes sufren sus agresiones. “Hay un vendedor que vive en Pueyrredón al 200 y cada vez que regresa del supermercado le revisan la bolsa para ver si está vendiendo. Es un acoso insoportable”, relató Aguilera.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad sostiene que los operativos buscan recuperar el espacio público y combatir la venta ilegal. La mercadería decomisada, según la versión oficial, se traslada a depósitos dependientes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana o de la Agencia Gubernamental de Control. Algunos artículos se donan, pero la mayoría tiene un destino incierto, lo que alimenta la desconfianza de los trabajadores.

La falta de diálogo agrava la crisis. Los vendedores aseguran que las autoridades porteñas suspendieron las instancias de negociación y que los operativos se intensificaron sin ofrecer alternativas. Ante esta situación, además de la articulación con gremios y vecinos, los manteros comenzaron a golpear las puertas de la Legislatura para exponer su problemática y reclamar un marco legal que les permita subsistir.

La discusión sobre la venta ambulante en Buenos Aires trasciende el plano laboral y se inscribe en un debate más amplio sobre el uso del espacio público y las prioridades de gestión. Mientras los manteros reclaman el derecho a trabajar dignamente, los vecinos denuncian la falta de control sobre actividades ilegales de mayor impacto social, como el narcotráfico. La tensión entre persecución y desidia revela un escenario complejo, donde las políticas de seguridad y orden urbano parecen aplicarse de manera selectiva.

El encuentro en Balvanera dejó en claro que la resistencia de los vendedores ambulantes cuenta con respaldo social y sindical, y que la discusión sobre un marco legal para la actividad comienza a instalarse como una alternativa necesaria. En un barrio donde la venta callejera convive con problemáticas estructurales, la demanda de regulación aparece como un intento de equilibrar derechos laborales, convivencia urbana y seguridad ciudadana.

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