Comunales | Los desalojos como pol铆tica
Balvanera en el podio
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inform贸 que Balvanera es el barrio donde m谩s desalojos se realizaron desde el inicio de la gesti贸n de Jorge Macri, con un total de 116 procedimientos, seguido por Palermo (54), Almagro (53), Constituci贸n (49) y La Boca (44). El anuncio se dio en el marco de un operativo en Nueva Pompeya, donde se recuper贸 una f谩brica de estilo neocolonial que permanec铆a ocupada desde hac铆a cuatro d茅cadas, y que se convirti贸 en la propiedad n煤mero 900 restituida en el marco de la pol铆tica de recuperaci贸n de inmuebles. Buenos Aires, 4 de agosto de 2026. El inmueble, ubicado en la avenida La Plata 2859 y con acceso secundario por Fournier 2844, cuenta con m谩s de 3.500 metros cuadrados distribuidos en planta baja, cinco pisos y una azotea. El operativo incluy贸 la participaci贸n de personal de Emergencias, Bomberos, la Guardia de Auxilio, la Red de Atenci贸n y la Polic铆a de la Ciudad. Durante la recorrida, Jorge Macri destac贸: 鈥淧ropiedad n煤mero 900 recuperada. Estamos muy orgullosos, es un mensaje muy claro: en la Ciudad de Buenos Aires la propiedad privada se respeta. Y no vamos a permitir que quieran venir a instalar el caos como norma ni que traigan lo peor del conurbano a nuestra Ciudad鈥.
Seg煤n el comunicado oficial, la pol铆tica de restituci贸n de inmuebles permiti贸 devolver a sus due帽os propiedades valuadas en m谩s de 450 millones de d贸lares, adem谩s de contribuir a mejorar la seguridad en los barrios y reducir 铆ndices delictivos. El Gobierno porte帽o sostiene que la recuperaci贸n de espacios ocupados es parte de una estrategia integral para garantizar el respeto a la propiedad privada y ordenar el espacio urbano.
Sin embargo, la postura oficial contrasta con las cr铆ticas de organismos de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestion贸 la modalidad de los desalojos, especialmente aquellos realizados bajo el argumento de riesgo de derrumbe. El organismo inform贸 que se present贸 en una causa colectiva que investiga los procedimientos, iniciada a partir de la denuncia de una familia desalojada en Barracas. En ese expediente, el juez Roberto Gallardo dict贸 una medida cautelar que exige control judicial de los operativos, garant铆as de debido proceso, revisi贸n t茅cnica de los informes edilicios y respuestas habitacionales por parte del Gobierno de la Ciudad.
El CELS se帽al贸 que durante la gesti贸n de Jorge Macri se realizaron casi 800 desalojos, de los cuales alrededor de 60 se basaron en presuntos riesgos de derrumbe. Adem谩s, advirti贸 que en los 煤ltimos meses se incrementaron las denuncias de familias que sufrieron hostigamientos durante los procedimientos. Seg煤n el organismo, las personas desalojadas reciben un subsidio de emergencia de 200.000 pesos, monto que consideran insuficiente para acceder a una vivienda en el mercado porte帽o. Muchas familias terminan aloj谩ndose en hoteles o pensiones alejados de sus lugares habituales de trabajo, estudio y residencia, lo que genera un desarraigo adicional y complica su vida cotidiana.
La tensi贸n entre la pol铆tica oficial y las demandas sociales se refleja en el caso de Balvanera, el barrio con mayor cantidad de desalojos. All铆, vecinos y organizaciones comunitarias advierten que la restituci贸n de inmuebles no siempre contempla alternativas habitacionales para quienes quedan en la calle. La situaci贸n se agrava por el aumento de los costos de alquiler y la falta de pol铆ticas de vivienda accesible, lo que convierte a los subsidios en una ayuda insuficiente frente a la magnitud del problema.
El debate sobre los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires expone dos miradas contrapuestas. Por un lado, el Gobierno porte帽o reivindica la recuperaci贸n de propiedades como una pol铆tica de orden y seguridad, que devuelve inmuebles a sus leg铆timos due帽os y refuerza el respeto a la propiedad privada. Por el otro, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales cuestionan la falta de respuestas habitacionales y el impacto de los operativos en familias vulnerables, que terminan en situaci贸n de calle o en condiciones precarias.
La f谩brica recuperada en Nueva Pompeya se convirti贸 en un s铆mbolo de esta pol铆tica, al ser presentada como un logro de gesti贸n y como parte de un listado que ya alcanza las 900 propiedades restituidas. Pero tambi茅n reaviv贸 el debate sobre el destino de quienes son desalojados y sobre la necesidad de que las pol铆ticas de recuperaci贸n de inmuebles se acompa帽en de soluciones habitacionales concretas.
En este escenario, la discusi贸n sobre los desalojos trasciende la cuesti贸n patrimonial y se instala como un tema central en la agenda urbana de Buenos Aires. La tensi贸n entre el respeto a la propiedad privada y el derecho a la vivienda plantea un desaf铆o que, lejos de resolverse con cifras y anuncios, requiere un abordaje integral que contemple tanto la seguridad como la inclusi贸n social.
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