Buenos Aires, 7 de noviembre de 2023. A casi 19 años de la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en el boliche República de Cromañón, el presidente Alberto Fernández firmó el miércoles 1 de noviembre el Decreto 571/2023 que le da protección patrimonial al conjunto que abarca al ex boliche pero también al hotel lindante y al Santuario y Paseo de los Pibes de Cromañón.

Se trata de un proyecto impulsado por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del Ministerio de Cultura, y las organizaciones de sobrevivientes y familiares de las víctimas que celebraron la noticia aunque volvieron a reclamar la reglamentación de la ley de expropiación del lugar, aprobada hace ya más de un año.

El flamante decreto apareció este miércoles 1 de noviembre en el Boletín Oficial (BO), con la firma del presidente, Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y del ministro de Cultura, Tristán Bauer.

La medida declaró como Monumento Histórico Nacional al conjunto conformado por los edificios del antiguo local bailable "República Cromañón" y del antiguo hotel lindante, ubicados en la calle Bartolomé Mitre 3038/3078 y la parcela a cielo abierto sobre la Jean Jaures 51, en el barrio porteño de Balvanera.

Además se declaró como Lugar Histórico Nacional al espacio donde se emplazan el "Paseo de los Pibes de Cromañón", los murales artísticos alusivos y el "Santuario de Cromañón", que se extiende sobre la calle Bartolomé Mitre y en paralelo a ella, entre las calles Jean Jaures y Ecuador.

Sobre este paseo, el texto afirma que se trata de un "espacio de profunda carga simbólica, donde el carácter inquisitivo y reparador del arte popular se hace patente ante los ojos de quienes lo transitan, erigiéndose como un hito insoslayable para la memoria de las víctimas".

A su vez, el Gobierno nacional declaró a la Colección Cromañón alojada en la sede del Archivo Nacional de la Memoria, en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex-ESMA), como Bien de Interés Histórico Nacional.

En este sentido, el decreto asegura que "los bienes que conforman este Conjunto de Memoria Colectiva del Trauma Histórico constituyen el crudo testimonio, material e inmaterial, de uno de los capítulos más dolorosos en la historia del país".

El 30 de diciembre de 2004, producto del accionar negligente de empresarios, músicos, policías y funcionarios, murieron 194 personas, en su mayoría jóvenes, en República Cromañón. En el decreto se estima que al menos 4500 sobrevivientes tuvieron secuelas físicas y psicológicas, y que “desde el momento en que se produjo la tragedia, los y las sobrevivientes de Cromañón, junto a sus familiares, amigos y amigas, lucharon por cimentar la Memoria, exponer la verdad y obtener la justicia reparadora de este trauma histórico”.

Desde el 1º de noviembre, los bienes declarados MHN conforman un “Conjunto de Memoria Colectiva del Trauma Histórico” sobre uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente. La norma es “inédita en la historia de la protección de bienes por parte del Estado argentino” y “los objetos muebles existentes al día de hoy dentro del conjunto son piezas clave por su valor testimonial”, y se menciona como antecedente (en características y objetivos) en América Latina las Resoluciones 161 y 162 de 2017 de la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, mediante las que se declaró Sitio de Memoria al exsupermercado Ycuá Bolaños y su entorno inmediato y Bien Patrimonial de Valor Cultural al conjunto de bienes de ese establecimiento en el que, en agosto de 2004, murieron 364 personas a causa de un incendio.

“La masacre de Cromañón ha sido un parteaguas para las generaciones jóvenes a partir de sus consecuencias en el tiempo", señaló Mónica Capano, directora de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. "La declaratoria de los espacios de la masacre y de los objetos que la testimonian es una ruptura con la vieja concepción del patrimonio, al superar las miradas esteticistas y hegemónicas y al dar cuenta del conflicto que entrañan las memorias del trauma. Estos lugares que hoy pasan a ser patrimonio de la patria han sido escenario de una masacre cuyas heridas, de alguna manera con este decreto, el Estado argentino contribuye a saldar”, abunbó. Un trauma histórico que no solo repercute en las personas afectadas, sino también en las familias, la comunidad y, como revela este caso, el entorno.

Capano remarca que la declaratoria es fruto de “un arduo trabajo participativo” con las organizaciones de familiares, sobrevivientes y amigas y amigos, y con la Secretaría de Derechos Humanos. “Lo que, una vez más, nos lleva a afirmar que los patrimonios son políticos en el sentido más virtuoso de la palabra”.

Tras la declaratoria, se espera que el Poder Ejecutivo reglamente la ley de expropiación del conjunto de bienes para que el Tribunal de Tasaciones de la Nación pueda establecer el valor y fijar la compensación correspondiente. “Recién entonces se podrán determinar los usos porque hoy sigue siendo propiedad privada -dice Capano-. Se piensa en un espacio de memoria en el que se exhiban los objetos testimoniales, en el que haya un museo de sitio y donde, quizás, se guarde el archivo que hoy preserva la Secretaría de Derechos Humanos, pero lo fundamental es que estos destinos van a surgir de un trabajo mancomunado de las organizaciones y el Estado”.

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