Buenos aires, 14 de marzo de 2023. Los negocios importan más que las evidencias del cambio climático. Sobre todo, cuando se trata de influyentes empresarios que aportan a las campañas políticas del oficialismo. Pese a que se conoce y mucho sobre el daño irreparable que causa avanzar en la urbanización de humedales costaneros, en una ciudad acosada por el aumento del nivel del mar y el calentamiento global.

La noticia coincidió con la novena ola de calor del verano más intenso que se haya vivido en esta ciudad, que incluyó el día más caluroso en 117 años. Nada de eso se tuvo en cuenta. Las juezas Nieves Macchiavelli  y Laura Perugini, integrantes de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo revocaron el lunes 6 de marzo el amparo que el año anterior había otorgado el juez de primera instancia Luis Ammirato, impugnando el convenio celebrado entre IRSA y el Ejecutivo local, dispensando una excepción al Código Urbanístico, al considerar que se habían incumplido los mecanismos de participación ciudadana y por los posibles daños ambientales del proyecto.

La medida habilita la construcción de un nuevo barrio de lujo en la ciudad frente a la Reserva Ecológica, humedal protegido internacionalmente, en lo que eran los terrenos ganados al río para la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. El proyecto inmobiliario implica la construcción de más de 30 edificios de hasta 145 metros en parte del predio, con una capacidad constructiva de 895 mil metros cuadrados. A cambio, IRSA deberá entregar una porción de los terrenos ribereños para construir un parque público. Aunque IRSA promociona que el 71 por ciento será destinado a ese parque, los números finos del convenio marcan otra cosa. Además de calles y veredas, en ese porcentaje se cuentan como contraprestación, por ejemplo, 11 hectáreas de un “espejo de agua”conformado por agua que ingresa del Río de la Plata.

Lo más llamativo fueron los argumentos. En su fallo, las juezas Nieves Macchiavelli  y Laura Perugini sostuvieron que al no haber comenzado aún las obras “no puede sostenerse que exista un caso ambiental, dado que no hay una acción directa sobre el ambiente, ni tampoco se explica de qué manera las modificaciones normativas pueden por sí mismas implicar un daño al ambiente”. Pese a que el convenio establece, entre otras cosas, el tamaño y los límites de los polígonos en que se dividirá el predio, la parte que será para las torres y la que será para un supuesto parque público, y hasta las alturas de los edificios, las juezas consideraron que el impacto del emprendimiento todavía no puede definirse ya que “no se elaboró aun un proyecto concreto”.  

Las juezas tienen su historia. Son las mismas funcionarias que, junto al camarista Marcelo López Alfonsín, dieron vía libre para que el gobierno porteño prosiguiera con las clases presenciales en abril del 21, pese a que había recrudecido la pandemia, con el argumento falaz de que “en las escuelas no se producen contagios”. Eran tiempos en que Larreta quería desmarcarse de la estrategia sanitaria nacional, presionado por los libertarios de su espacio político que sabotearon todas las medidas de contención implementadas para evitar la propagación de la enfermedad.

Macchiavelli antes de acceder a la función judicial impulsada por el macrismo, fue funcionaria del gobierno porteño. Primero, como titular de la Subgerencia Operativa Asuntos Judiciales e Institucionales, dentro de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud. De ese lugar se fue en 2012, tras dos años, y pasó a integrar la Dirección General de Defensa al Consumidor del gobierno porteño. En 2014 arrancó en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, y en marzo del año pasado, justo cuando la pandemia llegaba a la Argentina, pasó a integrar la flamante Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Además, es la hermana de Eduardo, actual secretario general del PRO a nivel nacional y quien, desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos del GCBA, organiza la campaña nacional de Horacio Rodríguez Larreta por la presidencia de la República. 

El fallo de la Sala IV salió menos de una semana después de que el jefe de Gobierno, asegurara en la apertura de sesiones de la Legislatura que buscará “recuperar la costanera y el acceso al río” con proyectos que incluyen a Costa Urbana. “La Empresa compró el terreno a 50 millones de dólares y con la nueva normativa hoy se valoriza a más de 800 millones. Larreta le otorgó así una renta extraordinaria a expensas de nuestra costa impactando en la destrucción del ecosistema”, dijo, en tanto, el diputado del Frente de Todos Matías Barroetaveña. 

María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, otra de las organizaciones que pidieron el amparo, sostuvo por su parte que Costa Urbana “implica destruir uno de los pocos humedales que tiene la Ciudad, mientras estamos sufriendo una de las olas de calor más importante de las últimas décadas y el GCBA junto con IRSA quieren continuar llenado de torres y cemento la Costanera”. No se conoce todavía qué aporte recibirá Larreta para su campaña de los propietarios de IRSA.

Norberto Alonso

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