Porteñas | Coparticipación en mora

Caputo no manda la plata

La discusión por los fondos de coparticipación entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional volvió a ocupar un lugar central en la agenda política hacia el cierre de 2025. En un escenario marcado por tensiones presupuestarias, negociaciones abiertas y un fallo de la Corte Suprema aún pendiente de cumplimiento pleno, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para reclamar la normalización de los giros semanales del 1,55% de coparticipación y exigir el pago de la deuda acumulada por la falta de transferencias. Según la administración porteña, el atraso comenzó en junio y ya suma 350 mil millones de pesos. Buenos Aires, 23 de diciembre de 2025. El encuentro, realizado en el Palacio de Hacienda y extendido durante 40 minutos, se desarrolló en un clima que ambas partes calificaron como de “buena sintonía”. Macri planteó la necesidad de que la Nación reanude los envíos semanales establecidos por la cautelar de la Corte Suprema y reclamó el pago de los montos adeudados. La Ciudad sostiene que el incumplimiento se profundizó tras el resultado electoral de La Libertad Avanza en la Capital, lo que derivó en una nueva acumulación de deuda entre ambas jurisdicciones.

La reunión no incluyó referencias al traspié legislativo que sufrió el Gobierno nacional en la Cámara de Diputados, donde el capítulo XI del Presupuesto —que contenía las partidas para saldar la deuda con la Ciudad— fue rechazado. Ese capítulo también incluía la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que llevó al oficialismo a evitar su tratamiento artículo por artículo y provocó su caída completa. Como consecuencia, el pago de la deuda quedó fuera del Presupuesto 2026 y deberá resolverse mediante negociaciones directas entre Nación y Ciudad.

Durante el encuentro, Macri elogió el rumbo económico del Gobierno nacional, destacó el ordenamiento macro y ratificó su apoyo al equilibrio fiscal, al tiempo que subrayó la importancia de la previsibilidad para la administración porteña. También se mencionó que, a mediados de octubre, el Presidente autorizó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 85 millones de dólares destinado a la Ciudad, una medida que —según fuentes porteñas— había estado “pisada” durante meses.

El conflicto por la coparticipación tiene un largo historial. En 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, la Ciudad recibió un aumento en su coeficiente de coparticipación para financiar el traspaso de la Policía Federal. En 2020, el gobierno de Alberto Fernández redujo ese porcentaje, argumentando que el incremento había sido excesivo. La Ciudad judicializó la medida y, en diciembre de 2022, la Corte Suprema ordenó restituir un 1,55% adicional hasta alcanzar un total del 2,95% de la masa coparticipable, fallo que debía cumplirse mediante transferencias diarias y semanales en efectivo.

En septiembre de 2024, Nación y Ciudad acordaron una modalidad de pago que combinaba un 1,40% por goteo diario y un 1,55% mediante transferencias semanales. Sin embargo, según la Ciudad, el Ministerio de Economía dejó de cumplir con el envío del 1,55% adicional a partir de agosto de 2025, lo que generó una deuda acumulada que distintas fuentes estiman entre 350 mil millones y 370 mil millones de pesos. La diferencia responde a los distintos cortes temporales utilizados para calcular los montos adeudados.

El conflicto se intensificó tras la media sanción del Presupuesto 2026. El oficialismo había aceptado incluir un artículo que contemplaba el pago de la deuda con la Ciudad para asegurar el acompañamiento del PRO, pero la caída del capítulo XI dejó sin efecto esa incorporación. Desde entonces, la relación entre La Libertad Avanza y el PRO atraviesa un momento de tensión, aunque ambas partes buscan evitar una ruptura abierta y sostener canales de diálogo institucional.

En este contexto, la reunión entre Macri y Caputo fue interpretada como un intento de recomponer la relación y avanzar hacia una solución técnica. Ambos funcionarios acordaron que sus equipos retomarán las negociaciones en los próximos días para definir un calendario de pagos y una modalidad que permita regularizar los envíos. La Ciudad insiste en que los fondos son indispensables para sostener servicios esenciales y garantizar la continuidad de obras públicas, mientras que la Nación enfrenta restricciones fiscales y un escenario legislativo complejo.

El trasfondo político también juega un papel relevante. La Ciudad representa el 21% del PBI nacional y es uno de los distritos con mayor afinidad política con el Gobierno nacional, por lo que la falta de cumplimiento del fallo de la Corte Suprema es interpretada por el Ejecutivo porteño como un gesto negativo en un momento en que busca previsibilidad financiera y estabilidad institucional.

La disputa por la coparticipación se ha convertido en uno de los principales frentes abiertos entre ambas administraciones. La resolución del conflicto dependerá de la capacidad de los equipos técnicos para acordar un esquema de pagos viable y del margen político que el Gobierno nacional esté dispuesto a conceder en un contexto de ajuste fiscal. Por ahora, la normalización de los giros y el pago de la deuda continúan en negociación, y la Ciudad espera que las próximas reuniones permitan destrabar un conflicto que ya lleva años y que impacta de manera directa en sus cuentas públicas.


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