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Cupo incumplido en la ciudad

La Ciudad de Buenos Aires todavía no cumple con el cupo laboral para personas con capacidades diferentes. A 15 años del plazo límite establecido por la ley, el Gobierno porteño informó que el porcentaje ascendía en julio al 4,36%, un número más alto que en años anteriores. Sin embargo, la norma contempla un mínimo del 5%. Buenos Aires, 22 de julio de 2025. En 2004, la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 1502, que establecía que al menos el 5% de los puestos en la administración pública debían estar ocupados por personas con capacidades diferentes. La norma fijaba un plazo de cinco años para cumplir con ese objetivo, previendo un avance gradual: un mínimo del 2% en los primeros dos años y la totalidad del cupo al llegar al quinto.

Más tarde, en 2009, otra ley extendió el plazo por un año más y fijó como fecha límite definitiva el año 2010. Desde entonces, no hubo nuevas prórrogas ni modificaciones a esa obligación. Sin embargo, a 15 años de vencido el plazo, el Gobierno porteño todavía no alcanzó el porcentaje exigido.

La normativa busca asegurar el derecho al trabajo de personas con discapacidad dentro del sector público porteño. Para ello, no solo fija un porcentaje mínimo de incorporación, sino que establece una serie de herramientas y condiciones destinadas a facilitar ese acceso. El espíritu de la ley apunta a garantizar la inclusión de manera efectiva, promoviendo igualdad de oportunidades y un ingreso laboral real para quienes enfrentan barreras estructurales de acceso al empleo.

En respuesta a un pedido de información realizado por El Auditor.info, el Gobierno de la Ciudad informó que al 4 de julio de este año, el porcentaje ascendía al 4,36% tomando como base la planta permanente del escalafón general. La cifra fue proporcionada por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

El área de Gobierno que más gente con discapacidad ocupa es el Ministerio de Educación, con el 9,94% del total de su personal. Del otro lado de la tabla aparece Desarrollo Económico, que solo cuenta entre sus empleados con un 1,39% del total.

Si bien ese número representa un incremento respecto de los valores informados en años anteriores, no alcanza aún el mínimo del 5% exigido por la normativa vigente. El informe no brinda detalles metodológicos sobre cómo se construyó el porcentaje informado ni especifica si se consideraron otras formas de contratación dentro del empleo público.

En los últimos años, distintos informes de organismos de control alertaron sobre el incumplimiento. Uno de los más recientes fue elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), que examinó datos oficiales correspondientes a 2022 y 2023. De ese relevamiento surgió que el porcentaje de personas con discapacidad en la planta total del gobierno estaba muy por debajo de lo que marca la ley: apenas el 1,2% en 2022 y el 0,9% en 2023. Ambas cifras reflejan una tendencia decreciente, aún más alejada del objetivo.

El informe de la Auditoría también destacaba que, además de no alcanzar el porcentaje mínimo, existían inconsistencias en los registros oficiales sobre la nómina de personal. Según se indicó, no estaban debidamente documentadas las condiciones de las personas con discapacidad que prestaban servicios en distintas áreas del Gobierno, lo cual dificultaba realizar un seguimiento confiable sobre el cumplimiento del cupo. Asimismo, se advirtió que no se hallaron evidencias de planes concretos para revertir esta situación, ni de acciones dirigidas a garantizar el ingreso efectivo y sostenido de personas con discapacidad a la administración pública porteña.

La Ley Nº 1502 no solo establece el cumplimiento de un cupo del 5%, sino que también dispone la implementación de políticas activas que garanticen la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entre las acciones previstas en la norma se incluyen la adecuación de los puestos de trabajo, el desarrollo de programas de ingreso y permanencia, y el acompañamiento con asistencia técnica cuando sea necesario. Estas medidas tienen como objetivo asegurar condiciones laborales accesibles y equitativas para el ingreso y la continuidad en la administración pública.

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