Buenos Aires, 21 de mayo de 2024. Como informáramos en nuestra edición del 16 de abril pasado, el proceso de expropiación para la construcción de un espacio de memoria en el edificio del ex boliche República de Cromañón está frenado desde la asunción del presidente Javier Milei. Las agrupaciones de familiares y sobrevivientes habían conseguido que se reglamentara la ley de expropiación antes del recambio presidencial, pero desde entonces no tienen ninguna novedad pese a haber reclamado respuestas a cada uno de los organismos estatales involucrados en el proceso. En el año en que se cumplirán veinte años de la masacre, las organizaciones deberán volver a pelear, además, por la renovación de la ley de reparación integral en la Ciudad de Buenos Aires.

 

La última noticia era esperanzadora. Casi un año y medio después de la aprobación de la ley de expropiación en el Congreso nacional, los familiares y sobrevivientes habían logrado que el Gobierno de Alberto Fernández firmara la reglamentación de la norma para activar el proceso. Fue al borde del recambio presidencial, el pasado 2 de diciembre, y las agrupaciones llegaron a firmar en la Secretaría de Derechos Humanos el acta de conformación de un consejo asesor para el paso a utilidad pública del local y su posterior conversión en espacio de memoria. Desde entonces nada se movió.

 

"Son ellos los que deberían citarnos, pero a pesar de eso fuimos nosotres quienes hemos intentado todos los carriles de diálogo para pedir que activen el proceso y poder reunirnos. Así y todo, este año no tuvimos ninguna novedad", dijo a Página 12 Silvia Bignami, integrante de Movimiento Cromañón. De diciembre a esta parte las notas pidiendo audiencias salieron desde las casillas de las organizaciones a diversas terminales estatales: a la Secretaría, al Ministerio de Justicia, al Tribunal de Tasaciones a cargo de valuar el edificio, y hasta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

 

De la Secretaría y el Ministerio, responsables directos del proceso, recibieron sólo formalidades: acuses de recibo del pedido y aperturas de "expedientes" sin ningún seguimiento, con el detalle de que el actual titular de la Secretaría no es otro que el juez Alberto Baños, uno de los que estuvieron a cargo de la causa Cromañón. "El único que contestó algo fue el Tribunal de Tasaciones. Dijeron que habían empezado el expediente, pero al mirarlo aparece como archivado porque la AABE no les responde la gestión para entrar al lugar, algo que es necesario para tasarlo", cuenta Bigami, madre de Julián Rozengardt, uno de los 194 fallecidos. La no respuesta de la AABE a las agrupaciones cierra un círculo burocrático en el que las familias y sobrevivientes se encuentran desde hace ya seis meses.

 

"El Estado es el que está fuera de la ley. Es terrible porque Cromañón fue producto de la negligencia de quienes tenían que controlar y hacer cumplir la ley, y veinte años después el Estado nos sigue llevando a este tipo de situaciones. Nosotres cumplimos las reglas de juego que el Estado nos propone, pero el Estado mismo no las respeta al incumplir una ley votada por el propio Congreso", advierte en este sentido María Luján Rossi, sobreviviente de la masacre. 

 

Además de la reglamentación para la expropiación, las agrupaciones habían conseguido otro logro el año pasado: la declaración de Monumento Histórico Nacional del conjunto inmobiliario del barrio de Balvanera, que incluye al boliche, el hotel aledaño y el santuario erigido sobre Bartolomé Mitre, junto a la Estación Once. Aunque en teoría eso tendría que habilitar un cuidado especial del lugar, de diciembre hasta ahora no representó ningún tipo de medida concreta de protección. Del cuidado del santuario, por ejemplo, se ocupan las propias familias y sobrevivientes que hasta llegan a realizar tareas de limpieza para mantenerlo.

 

En paralelo deben preocuparse por la renovación de la ley de reparación integral que vence en diciembre de este año. La última actualización fue aprobada por la Legislatura porteña a fines de 2021, al límite de su vigencia y tras la presión de las organizaciones, que ahora vuelven a plantear una demanda nunca escuchada: que la reparación sea "vitalicia", es decir, que no sea necesario volver a pelear por ella cada tres años, período en el que queda sin vigencia. "Peleamos eso y que vuelva a abrirse el padrón para incluir a los sobrevivientes porque hay un montón que están afuera", apunta Rossi.

 

El lesbicidio de Barracas puso en evidencia ese último punto. Andrea Amarante, una de las víctimas, era sobreviviente de Cromañón y no estaba incluida en el padrón de la reparación. "No podemos asegurar que no le hubiera pasado esto si ella estaba en la ley de reparación, pero sí que habría estado en una situación diferente, y que, de esta manera, se le sumaron múltiples discriminaciones", reflexiona en este sentido Bignami, cuyo movimiento estuvo presente en la marcha del pasado lunes en pedido de justicia.

 

Los familiares y sobrevivientes también denuncian recortes incluso dentro del programa en vigencia, que no se limita sólo a la asistencia económica sino que también debería garantizar, por ejemplo, asistencia en salud mental. Fabiana Puebla, sobreviviente y a la vez familiar de uno de los fallecidos, advierte en este sentido que "no tenemos ni siquiera un referente con quien comunicarnos". "La doctora que está hoy ya está jubilada, sigue sólo porque no nos quiere dejar en banda, pero es una sola coordinadora para todos", señala y agrega que el vademécum al que tienen acceso como parte de la reparación "también se está achicando".

 

"A veinte años de la masacre tenemos que pelear con Nación por la tasación y la expropiación, y tenemos que pelear con Ciudad por la ley de reparación integral, lo que nos hace seguir pensando que hay un montón de cosas que no quedaron saldadas", cierra Rossi. "Nosotres estamos tratando de cumplir las leyes y hay un Estado que no las está cumpliendo. Todo el día estamos craneando qué más podemos hacer y nunca es suficiente. Parte de nuestras vidas se nos va en esto", concluye Bignami.

 

El lamentable suceso ocurrido el 30 de diciembre de 2004, en el boliche Cromañón de Once, durante un recital de Callejeros, es considerado como la tragedia más grande de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. No solo por las 194 muertes y los más de 1.500 heridos, que fueron atendidos en algún hospital o sanatorio de la Ciudad, sino también porque en el transcurso de estos 20 años, 19 de ellos decidieron suicidarse. Por consiguiente, los sobrevivientes arrastran daños cardiorrespiratorios y psicológicos crónicos, debido al estrés postraumático concebido esa fatídica noche.

En diciembre se vence la Ley 4786, sancionada por la Legislatura porteña en 2013 y renovada en tres oportunidades, y miles de víctimas podrían quedar sin asistencia. Es por esto que las víctimas demandan la sanción de una ley de reparación integral y definitiva.

Los daños psicológicos causados a los sobrevivientes son crónicos, al igual que los respiratorios ocasionados por aspirar el ácido cianhídrico y el monóxido de carbono desprendido por el panel acústico y la media sombra que estaban colocadas en el techo.

Por otro lado, el vencimiento periódico de esta ley y el miedo a que no se renueve, sumado a la lucha y demanda por la continuidad, representan también una instancia de revictimización que siempre llega en el mes de diciembre, cerca de la fecha del aniversario. Es por esto que las víctimas luchan para que la ley sea vitalicia.

En este sentido, es fundamental que las autoridades porteñas puedan actualizar el padrón de beneficiarios, ya que en la ley vigente no están contempladas la totalidad de las víctimas. En 2005, cuando se confeccionó el padrón, muchas víctimas no lograron anotarse. Algunos por desconocimiento, otros no quisieron y otros al ser menores de edad dependían de la voluntad de sus padres. Por eso, es necesario poder incluir a las víctimas que no son beneficiarias y que muchas veces son las que más necesitan de la cobertura integral de la ley. Por último, se expresa la necesidad de ampliar y reforzar los artículos relacionados con la salud, ya sea física o mental.

A finales del 2023, se celebró el décimo aniversario de la sanción de la Ley 4786 y, al mismo tiempo, el nacimiento de la Coordinadora Cromañón, la organización que durante 2013 nucleó a referentes de otras agrupaciones del universo Cromañón en pos de mejorar la calidad de vida de sobrevivientes y familiares. Luego de la sanción por unanimidad, sobrevivientes autoconvocados que conformaban la Coordinadora decidieron darle continuidad a ese espacio con el fin de constituirse como una organización política, social de DD. HH. no partidaria, que no está vigente solo para defender el acceso a la salud física-mental, educación, trabajo y vivienda, sino también, para dar la disputa resignificando Cromañón hacia una nueva versión del hecho, entendido como un gran acto colectivo y solidario de la juventud.

Esta celebración conmemorativa tuvo lugar en el Centro Cultural El Tipográfico, en el barrio de San Cristóbal, y contó como invitada de honor con la presencia de Taty Almeida, que fue nombrada por la organización como socia honoraria de la Asociación Civil “Nos Pasó A Todxs”.

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