Buenos Aires, 10 de enero de 2023. En marzo de este año debía realizarse el primer juicio por jurados en la historia de la Ciudad de Buenos Aires sobre el derrumbe de San Cristóbal ocurrido en 2019, por el cual murió el vecino Adrián Continiello Farelo. No obstante, los acusados accedieron a condenas condicionales y otras medidas sin prisión efectiva, por lo cual la causa está a un paso del cierre, lo mismo que la suspensión del juicio, según denuncia la familia de la víctima.

De este modo, Norma Farelo, madre de Adrián, explicó ante este medio: “El Ministerio Público Fiscal (de CABA) a cargo del Dr. Unrein, haciendo uso de su facultad y habiendo evaluado la causa presentó avenimientos, con lo que llegó a acuerdos de suspensión de juicio a prueba para algunos imputados, y con otros condenas condicionales -juicio abreviado- con condenas en suspenso, inhabilitaciones para todos y reglas de conducta”. “De esta manera no hay condenas de cumplimiento efectivo ni mucho menos el juicio por jurados”, sumó.

De todos modos, la jueza en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Carla Cavaliere es “la que tomará la decisión de si aprueba o no dicha medida”, expresó. “Seguramente será luego de la feria judicial”. Se trata de la magistrada que iba a estar a cargo del juicio por jurados. “Si quedan firmes los acuerdos, está el recurso de apelación”, mencionó como posible paso a seguir: “No perdemos esperanza y llegada la resolución como familia y asesorados por nuestra letrada veremos cuál es la mejor decisión a adoptar”.

En la tarde del 1 de abril de 2019 un grupo de operarios a cargo de varias maquinarias realizaban tareas de excavación y submuración en el predio de Pavón 3062, barrio de San Cristóbal. Durante los trabajos hubo un derrumbe por el cual se vino abajo la vivienda lindera (Pavón 3078). En la planta baja había un supermercado y en la parte superior residía Adrián con su pareja y sus mascotas. El joven sonidista de la TV pública y 32 años murió entre los escombros por varias lesiones de distinto tipo.

Las firmas responsables de los trabajos eran la constructora Lybster S.A. y Demoliciones Mitre SA. El fideicomiso Caputo Hermanos SA ordenó los trabajos, ya que estaba al frente del desarrollo inmobiliario en ese terreno. Junto a quejas vecinales anteriores por rajaduras y vibraciones, el gremio UOCRA había denunciado presuntas falencias en la obra, pero la Agencia Gubernamental de Control porteña (AGC) no la clausuró. La familia de Adrián responsabiliza, por esto último, también al Gobierno: de haber cerrado el lugar hasta que estuvieran garantizadas las condiciones, el inmueble no se hubiera venido abajo.  

Tras la investigación judicial, se imputó a ocho personas: Valeria Martini, arquitecta y jefa de obra; Ricardo Nicolson, ingeniero a cargo y uno de los directores de Lybster; Eduardo Aguaviva, director de la obra por parte del Fideicomiso Caputo Hermanos SA, que encargó los trabajos. También Norma Simoes, presidenta de Lybster; Ramiro Ramos, arquitecto y representante técnico de la empresa; Sabrina Blans, responsable de Seguridad e Higiene de la obra; Osvaldo Becerra, arquitecto de la firma Demoliciones Mitre S.A. y Guido Tirendi, inspector de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras del GCBA.

Desde lo ocurrido, en la comunidad de barrios aledaños hubo una fuerte respuesta y un pedido de Justicia constante, con acompañamiento a la familia de Adrián, que luchó tanto en los pasillos judiciales como en protestas callejeras para darle visibilidad a este hecho.

El juicio por jurados tenía fecha de inicio para el 6 de marzo de 2023 y se iba a extender por varias jornadas. Iba a ser por el delito de estrago imprudente (artículo 189 del Código Penal). El juicio por jurados está contemplado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de 1996, pero nunca se implementó. En el Poder Judicial porteño promovieron muchos simulacros de juicios y jornadas de difusión. 

En septiembre de 2021 la Legislatura sancionó la Ley N° 6.451 cuyo objetivo es “establecer el Juicio por Jurados en la ciudad, en cumplimiento de los artículos 5°, 118, 122, 123 y 126 de la Constitución Nacional y el artículo 81, inciso 2° y 106 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

La familia de Adrián citó esta ley para pedir el juicio por jurados sobre el derrumbe de San Cristóbal. En agosto de 2022 el Poder Judicial porteño, a través del Consejo de la Magistratura, confirmó su realización. “La Ley N° 6.451 es la que recae porque nosotros como querella pedimos estrago doloso, de allí que llegamos a juicio por jurados. De otro modo sería colegiado que es lo que querían los responsables”, explicó Norma en agosto. Los acusados buscaban evitar “condenas de cumplimiento efectivo”.

Sus dichos anticipaban parte de lo que ocurrió en los meses posteriores: muchos de los acusados pidieron juicios abreviados a fin de evitar el de jurados. “El Ministerio Público Fiscal realizó los avenimientos. Algunos fueron con suspensión de juicio a prueba y dos condenas condicionales para el ingeniero Nicolson y la arquitecta Martini, que estaban todos los días en la obra. El inspector del GCBA Guido Tirendi ya fue condenado con condena condicional”, señaló la madre de Adrián la semana pasada.

        Juan Castro

Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir