Sociedad | Por divulgar información reservada sobre aborto no punible
Piden continuar la investigación
El fiscal ante la Cámara del Crimen, Eduardo Itoyz, pidió continuar con la investigación sobre posible comisión de delito por parte del Jefe de Gobierno Mauricio Macri, por haber divulgado datos una paciente que intentó abortar en el Hospital Ramos Mejía a fines del año pasado, en un caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia. Buenos Aires, 18 de febrero de 2013. El fiscal Eduardo Itoyz, en una audiencia oral ante la Sala VI de la Cámara del Crimen, solicitó revocar el archivo de la investigación y avanzar con la investigación de la conducta de Mauricio Macri, al igual que a la ministra de Salud porteña, Graciela Reybaud, y al ex director del Hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau.
Por su parte, la defensa del Jefe porteño consideró que no surgen elementos nuevos como para que se investigue el hecho, luego del archivo dictado en primera instancia.
Durante la audiencia, la defensa de Reybaud sostuvo que de la denuncia no surge ninguna imputación concreta en contra de la funcionaria y el defensor de Mercau y abogado de los Médicos Municipales, dijo que quienes deben ser investigados son los legisladores María José Lubertino, Jorge Selser y Alejandro Bodart, a los cuales acusó de haber armado una "operación mediática" contra el Jefe de Gobierno porteño y el sistema público de salud.
La Cámara integrada por los jueces Marcelo Lucini, Mario Filozof y Ricardo Pinto resolverá en los próximos cinco días si hace lugar al pedido del fiscal o si confirma el archivo del caso.
La causa refiere al caso de la mujer, de 32 años, víctima de una red de trata de personas de la cual se había fugado, que había sido autorizada a interrumpir su embarazo producto de una violación. El caso se ajustaba a lo establecido por un fallo de la Corte Suprema de Justicia y fue el propio Jefe de Gobierno quien anunció que la interrupción del embarazo se realizaría en un hospital de la Ciudad.
Sin embargo, no pudo llevarse a cabo porque una asociación civil contraria al aborto presentó un recurso de amparo, y la jueza nacional Myriam Rustán de Estrada, a cargo del Juzgado en lo Civil N° 106, decretó una medida cautelar que impidió la realización de la intervención.
El fallo de la jueza, que la Ciudad apeló, también prohibió que se realizara en cualquier otro hospital porteño. El estado público que adquirió el caso a partir de los dichos de Macri en una cena política en la Sociedad Rural, generó las condiciones para que una organización ultracatólica realizara un escrache en el hogar que la víctima ocupaba con sus otros hijos y que el capellán que se desempañaba en el Ramos Mejía la acosara en la sala de internación, prometiéndole condena eterna si abortaba.
El amparo reavivó la disputa que se vivió durante el tratamiento de la ley para regular el aborto no punible, sancionada por la Legislatura. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hizo cargo del caso, dispuso suspender la ejecución de la medida cautelar dictada por la Justicia Civil y autorizó la práctica de aborto no punible.
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