Sociedad | 20 de noviembre

Malvinas y la soberanía

La causa Malvinas tiene una característica que la distingue de casi cualquier otra discusión política argentina. Es una política de Estado, una reivindicación histórica respaldada por la Constitución Nacional y sostenida durante décadas en organismos internacionales, foros diplomáticos y espacios multilaterales. Precisamente por eso resulta llamativo el intento reciente del gobierno de Javier Milei de apropiarse, al calor de una coyuntura mediática, de la bandera malvinera que él mismo contribuyó a debilitar durante gran parte de su gestión. Buenos Aires, 17 de noviembre de 2026. La secuencia es reveladora. El reclamo por las islas volvió a ocupar el centro de la escena pública después de que la Selección Argentina de fútbol hiciera suyo el mensaje de soberanía que históricamente moviliza a amplios sectores de la sociedad en la semifinal con Inglaterra el 15 de julio pasado. La enorme repercusión popular de esa manifestación, amplificada por el prestigio y la capacidad de convocatoria del seleccionado campeón del mundo 2022, reintrodujo el tema en la agenda nacional. Fue entonces cuando desde el Gobierno comenzaron a multiplicarse los gestos y declaraciones en defensa de la posición argentina.

La novedad no fue el reclamo en sí, sino quiénes lo formulaban. Durante meses, la administración libertaria había privilegiado una política exterior basada en el alineamiento incondicional con Estados Unidos y en una relación de particular cercanía con el Reino Unido, evitando cualquier confrontación que pudiera incomodar a sus socios estratégicos. La soberanía sobre Malvinas parecía haber quedado relegada frente a objetivos considerados más importantes por la Casa Rosada.

Pero una insinuación de Trump sobre la posibilidad de revisar el tradicional respaldo estadounidense a la posición británica modificó el clima político. Sin que existiera un compromiso concreto ni un cambio formal en la política exterior de Washington, bastó una sugerencia para que sectores del oficialismo presentaran el episodio como una suerte de avance histórico impulsado por la estrategia internacional de Milei.

El problema es que el reclamo argentino sobre Malvinas no puede depender de la generosidad de una potencia extranjera. Su fortaleza radica precisamente en lo contrario: en la acumulación de argumentos históricos, jurídicos y diplomáticos construidos durante décadas por el Estado argentino y reconocidos por buena parte de la comunidad internacional. Depositar expectativas en una eventual concesión de Washington implica desconocer una realidad elemental: Estados Unidos ha sido históricamente uno de los principales aliados estratégicos del Reino Unido y nunca ha puesto seriamente en cuestión la posición británica sobre las islas.

La contradicción es aún más evidente si se observa el discurso oficial sobre la soberanía. El gobierno reivindica la independencia económica y la libertad de acción del país, pero al mismo tiempo presenta como un triunfo nacional cualquier guiño proveniente de la principal potencia mundial. Es una concepción paradójica de la soberanía: se la invoca como valor simbólico mientras se acepta una inserción internacional crecientemente subordinada a intereses ajenos.

La Vuelta de Obligado, cuya memoria se evoca cada 20 de noviembre, no simboliza la búsqueda de protección bajo el paraguas de una potencia amiga, sino la defensa de la capacidad nacional para decidir su propio destino frente a presiones externas. Esa tradición no exige aislacionismo ni enfrentamientos permanentes, pero sí una política exterior basada en la autonomía, la coherencia y la defensa consistente de los intereses nacionales.



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