Buenos Aires, 6 de octubre de 2021. “La toma se armó a raíz del aumento que tuvieron los alquileres durante la pandemia, por una pieza en la villa hoy se están pidiendo 12 mil pesos mensuales y no te quieren alquilar con niños”, dijeron las mujeres entonces. 

A las siete de la mañana, más de 50 policías armados entraron al barrio sin previo aviso, con una orden de allanamiento firmada por Patricia Ana Larocca, jueza en lo penal, contravencional y de faltas número 12 de la Ciudad. Cien familias, con más de 180 chicos y chicas permanecían en el lugar.

“Los funcionarios del gobierno de Larreta, la Fiscalía 11 y los policías de la Ciudad nos violentaron, la mayoría mujeres con sus hijos y quemaron las casillas, en algunos casos con las familias adentro”, dijo una joven desalojada. “No nos dieron tiempo a sacar las cosas, no tuvieron piedad ni de los niños, todo lo que teníamos se lo llevó el fuego en unos pocos minutos y luego fue removido con una topadora, venimos de escapar de los golpes de nuestras parejas y ahora sufrimos la violencia del gobierno”, expresó una señora junto a sus tres hijos. 

Muchas de las mujeres venían de sufrir violencia de género y desde el inicio de la toma estaban reclamándole al gobierno de la Ciudad la apertura de una mesa de diálogo para buscar soluciones a la situación de vulnerabilidad que atraviesan junto a sus chicos. La Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISyU), encargada de resolver los problemas habitacionales del barrio, se negó, y su respuesta fue ofrecerles un subsidio habitacional de 6.000 pesos durante seis meses para que se fueran del terreno. 

Ramiro Geber, abogado de las familias e integrante de la APDH, denunció que “ni la fiscalía (a cargo de Valeria Messaglia) ni el gobierno de la Ciudad quiso armar la mesa de diálogo”. “Lo único que querían hacer era un censo. Les pedimos garantías de que el censo no fuera utilizado para imputarlas, pero la fiscalía no accedió. El Estado porteño intentó imputar a 100 personas, trató de delincuentes a quienes están en un estado de vulnerabilidad social en vez de brindarles soluciones habitacionales y sociales. Actuó con el ejercicio de su facultad como aparato represivo y sin respetar la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que dice que el gobierno es responsable por las condiciones habitacionales de las familias y que debe garantizar la seguridad, la integridad y los derechos de cada uno de los porteños”.

Las familias denunciaron que el programa Buenos Aires Presente (BAP) discontinuó su asistencia durante la toma y que una vez efectuado el desalojo sólo les ofrecieron reubicarlas en paradores para pasar la noche, sin resolver el problema de fondo. Tras desarmar violentamente las viviendas funcionarios del GCBA comenzaron con la realización del censo, pero la mayoría de las familias desalojadas se negó a participar.

El Gobierno de la Ciudad defendió el operativo. A través del Ministerio de Desarrollo Humano, difundió el argumento de que se trataba de una “toma ilegal”,  que los ocupantes “nunca aceptaron ser censados ni la ayuda social y habitacional que se les ofreció” y que “los vecinos del barrio están en contra de la toma”. 

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