Buenos Aires, 16 de febrero de 2021. En un duro documento distribuido por las redes sociales, la Asociación Civil Memoria Activa, que lucha por la verdad y la justicia en la causa AMIA, se manifestó tras el fallecimiento del expresidente Carlos Saúl Menem, y expresó que el senador por La Rioja “murió tal como vivió: impune”.

“Menem al frente del Poder Ejecutivo Nacional durante el atentado a la embajada de Israel y a la AMIA, responsable principal si los hay de los peores horrores que vivió Argentina en democracia”. Así comienza el extenso comunicado publicado en las redes sociales de Memoria Activa.

En el documento se agrega: “En ningún momento amagó siquiera a contribuir a que los familiares de las víctimas y la sociedad que lo tuvo como presidente supiese la verdad. Por el contrario, se esmeró en tapar, desviar y callar aún desde el banquillo de los acusados por encubrimiento, a donde la solitaria lucha de los familiares logró llevarlo. El tribunal del juicio, en línea con las injusticias cotidianas, decidió absolverlo de sus delitos, algo que las querellas apelamos y aún esperamos se resuelva”.

Finalmente el texto cierra con un reclamo hacia la Justicia que colaboró para que el expresidente saliera airoso de la causa por el encubrimiento del atentado a la Amia. “Así, Menem, como tantos otros, murió tal como vivió: impune. Porque las instituciones estatales lo dejaron morir impune”, expresaron. “Pero su actuar ilegal está probado, la condena es pública y nuestra memoria, activa. Justicia, justicia perseguiremos...”, concluye el escrito.

En febrero de 2019, la Corte condenó al primer juez que investigó el caso, Juan José Galeano, y al secretario de Inteligencia de la época, Hugo Anzorreguy, por haber desviado la investigación, pero absolvió del mismo cargo al máximo responsable político del momento, el expresidente Carlos Menem.

Menem, que fuera el presidente de la Nación al momento del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)-que dejó 85 muertos en Buenos Aires-, era juzgado desde 2015 por sospechas de que entorpeció la investigación de lo que se conoce popularmente en Argentina como la "pista siria".

Concretamente se le acusaba de haber protegido a un comerciante de origen sirio llamado Alberto Kanoore Edul, sospechoso en la causa, que habría tenido vínculos con la familia presidencial.

Según la querella, el hermano menor del expresidente, Munir Menem, había intercedido ante Galeano para que no investigaran a Edul.

El veredicto, dictado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel, puso fin a una de las muchas derivaciones que tuvo el caso AMIA, cuya autoría intelectual se le atribuye a exdiplomáticos de Irán y que 27 años después sigue sin esclarecerse y sin un solo culpable juzgado.

En un comunicado anterior, Memoria Activa había informado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había "confirmado la responsabilidad del Estado argentino en el caso AMIA". 

El comunicado continuaba diciendo "Tras veintiséis años del atentado a la AMIA, años de lucha y de búsqueda de una verdad que aún no llega, finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó aquello que tanto denunciamos los familiares de las víctimas: el Estado argentino es responsable por la violación del derecho a la vida de los 85 muertos, por habernos negado nuestro derecho a la justicia y por habernos impedido y continuar impidiéndonos saber qué pasó aquel 18 de julio de 1994.

"Esto fue notificado por la CIDH el pasado 25 de septiembre, en el marco de la causa internacional que desde Memoria Activa, con el patrocinio del CELS, iniciamos en 1999 contra un Estado que había sido incapaz de impedir el ataque terrorista, que, tras el hecho, no daba respuesta alguna y que hizo todo lo contrario a investigar seriamente al poner sus instituciones al servicio del encubrimiento y por tanto de la impunidad.

"En este sentido, la Comisión afirma que las instituciones argentinas construyeron la impunidad con maniobras ilegales, con el armado de líneas de investigación que no tenían sustento y con el abandono de las que sí lo tenían, acciones que en su conjunto alejaron la posibilidad de conocer la verdad.

"Con esta vergonzosa actuación, sostiene el informe, el Estado violó el derecho a la vida, a la integridad personal de las víctimas y sus familiares, su derecho a una protección judicial adecuada, y el derecho de la sociedad toda a conocer la verdad.

"Ante esto, queda claro, y así lo sostuvo la Comisión, que más de dos décadas de organización, trabajo, persistencia y reclamo sostenido de los familiares de las víctimas nucleados en Memoria Activa, siempre a contracorriente de los poderes estatales, fue fundamental para que el deliberado desvío y encubrimiento saliera a la luz y muchos de sus responsables fuesen llevados a juicio y, en algunos casos, condenados.

"El daño institucional y social causado por la más que probada maquinaria encubridora es enorme y, lamentablemente, no se ha desarmado del todo el entramado de relaciones entre sectores del poder político, los servicios de inteligencia y miembros del poder judicial que impide y resiste que avancen las causas judiciales por las que seguimos reclamando.

"Hicieron falta muchos años y muchos escándalos para llegar a este momento. En ese tiempo, quienes eran niños en 1994 y perdieron a su padre o a su madre, se convirtieron en adultos mientras que padres y madres fallecieron sin saber quiénes fueron los responsables por la muerte de sus hijos. Hoy comienza otra etapa. La decisión de la Comisión Interamericana debería comprometer al Estado argentino a hacer todo lo necesario para que no haya otra generación que no sepa quién, cómo y por qué se cometió el peor atentado que sufrimos las y los argentinos."

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