Buenos Aires, 9 de febrero de 2021. Victor Martínez no es la primera víctima fatal en la cadena de supermercados COTO durante la pandemia. Antes habían fallecido Graciela Lucero y Jorge Alcaraz, ambos con décadas en la empresa.

Son parte de la ola de contagios que llevó a la empresa de Alfredo Coto a convertirse en la cadena con más casos. No conforme con eso, la cadena aprovechó una baja en los casos para exigir a todos sus trabajadores y trabajadores que regresen, aunque estuvieran cumpliendo licencias amparados por la ley.

"Los grupos de riesgo volvieron a trabajar desde noviembre bajo amenaza de despido con causa", contaron al sitio InfoGremiales desde la agrupación de Autoconvocados COTO. Dicen que "la cadena amenaza con armar una causa por abandono de trabajo". Así llegó la muerte de Martínez, que se desempeñaba como cocinero en la sucursal Balvanera.

Personalizan las acusaciones en Alfredo Coto, como responsable máximo de los supermercados, pero también en Ramón Muerza, dirigente del sindicato de Empleados de Comercio de buenas relaciones con el empresario y en su momento con el macrismo, por encubrir las irregularidades.

“Los compañeros se contagian y lamentablemente pierden la vida por la desidia de estos crápulas”, cargaron los autoconvocados contra empresario y dirigencia gremial.

Las denuncias contra Coto por la falta de cumplimiento de protocolos para minimizar contagios arrancaron apenas comenzada la pandemia, por redes sociales. En varias de ellas, se repetía que la empresa, ante la confirmación de casos positivos, no tomaba las medidas de desinfección correspondientes ni informaba adecuadamente al personal ni a los clientes sobre la situación.

El escenario se tradujo en malestar con la dirigencia gremial, y el surgimiento de referentes “autoconvocados” de los trabajadores ante el argumento de que los empleados de los supermercados están considerados personal esencial y poco se podía hacer. “Somos esenciales, no descartables. No le pedimos que hagan nada de otro mundo, sólo cumplir con lo que deben”, replicaron los referentes laborales que comenzaron a exponer la situación.

Las denuncias se acumularon y con ella un grupo de delegados hizo una presentación judicial que comenzó a investigar el fiscal Franco Picardi. Además de la falta de adopción de medidas obligatorias tras la detección de contagios entre el personal, esa presentación consignaba que la firma, en sus “distintas sucursales y la casa central, continuaron con la atención al público, y no realizó los aislamientos obligatorios, incrementándose el riesgo de contagio”.

Otro problema repetido en varias denuncias es que obligan a trabajadores con síntomas a seguir trabajando o que los envían al Hospital en transporte público, sin respetar las pautas establecidas para estos casos. Luego de la investigación de las denuncias, el Juez Ariel Lijo deberá determinar la responsabilidad penal de la empresa. 

   

La reciente tragedia de Martínez se suma a la muerte por covid-19 de Graciela Lucero, delegada gremial de la sucursal 63 de Pompeya, el pasado septiembre.

La trabajadora pertenecía a la agrupación Granate-Morada del propio gremialista denunciado Muerza. Pese a pertenecer al grupo de personal de riesgo por dializarse a causa de una falla renal y tener problemas de obesidad, no se había tomado licencia hasta contagiarse, en agosto. Semanas después falleció.

Un mes antes, murió también con covid-19 Jorge Alcaraz, un empleado con 25 años de trayectoria en la empresa que se desempeñaba habitualmente en el sector carnes de la sucursal 22 del barrio porteño de Belgrano, donde era delegado hasta que se distanció de Muerza. Se contagió cuando cumplía una suplencia en una sucursal de Quilmes.

“Nadie desde su lugar de trabajo, Supermercados Coto, controló su evolución y quien fue su referente sindical (por Muerza) se olvidó que la vida no tiene colores y que ese compañero no era solo un voto…”, acusó entonces la Agrupación Trabajadores de Comercio Federales a través de redes sociales.

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