Buenos Aires, 24 de marzo. Horas antes de que se declarara la cuarentena obligatoria para toda la población, la legisladora porteña Ofelia Fernández del Frente de Todes presentó un proyecto de ley para suspender todos los desalojos de la Ciudad de Buenos Aires por 60 días. El mismo abarca a “los inmuebles ocupados exclusivamente como vivienda”. 

“La presente Ley tiene por objeto resguardar de la afección del virus Covid-19 a un sector de la población definida como colectivos de riesgo, quienes requieren una especial protección por parte de las administraciones de justicia en el marco de respeto del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20”, añade la iniciativa legislativa. Fernández detalló que “la situación habitacional de la ciudad es alarmante”. En ese sentido recordó que “hay 250 mil personas viviendo en barrios populares con muchos problemas de acceso a servicios básicos, siete mil personas viviendo en la calle y 250 sentencias de desalojo para las próximas semanas”.

“Es algo básico”, opinó la legisladora y aseguró que se trata de una medida que el Gobierno Porteño “ya debería haber tomado para proteger a las personas más vulnerables”. “Si le pedimos a la gente que se quede en su casa, como mínimo debemos garantizar que el Estado no deje más familias en la calle de las miles que ya hay”, completó.

Asimismo se presentó otro proyecto, con cinco firmas de legisladores del Frente de Todes, para declarar por un año la emergencia para los servicios socio-asistenciales dirigidos a personas en situación de calle y riesgo de situación de calle. Las legisladoras Cecilia Segura, Laura Velasco, Victoria Montenegro, María Bielli y el legislador Manuel Socías, plantearon la puesta en marcha y fortalecimiento de programas y dispositivos como el ‘’operativo frío’’ y la ampliación, apertura y mantenimiento de lugares de alojamiento con personal de enfermería capacitado. 

La ley presentada establece también la provisión de elementos de higiene, profilaxis y material informativo; dar prioridad en el acceso a alojamientos y programas a mayores de 60 años, embarazadas, niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad o con alguna enfermedad que los incluya entre los grupos de riesgo. Finalmente un aumento presupuestario del 100% para el subsidio habitacional así como facilidades de gestión y asignación en 48 horas.

Segura apuntó que “para las personas en situación de calle es muy difícil cumplir con las medidas de higiene y aislamiento social que se están estableciendo para toda la ciudadanía, por eso resulta urgente poner en marcha políticas públicas para mitigar el contagio entre la población más vulnerable y el conjunto de la sociedad”.

La consigna es “Yo me quedo en casa” pero cómo puede quedarse en casa alguien que no la tiene. Cómo se lava las manos. A quién le pide ayuda si las calles quedan vacías y la mayoría está obligada a cerrar la puerta para recluirse. Vivir en la calle en tiempos de pandemia puede ser la cara más cruel de una crisis mundial que pone en peligro a todos. Según el Gobierno porteño, 1.146 son las personas duermen al ras de un cordón, tapándose con una frazada finita, apoyados sobre persianas de locales, dentro de un cajero automático, en la puerta de departamentos, en plazas. Pero según organizaciones sociales la cifra se eleva a 7.251.

"Desmentimos la ampliación de los lugares de albergue, la ampliación de equipos en calle, en cantidad muy por debajo de la demanda que la hora implica. Los pocos dispositivos habilitados no cuentan ya con vacantes para nuevos ingresos, no ha habido capacitación al personal y se continúa trabajando de manera habitual cuando la situación de público conocimiento no lo es. La alta demanda de la población en calle hace necesario un refuerzo inmediato de los recursos.", afirman los Trabajadores del BAP en estado de alerta y emergencia.

Y agregan: "Teniendo en cuenta el aislamiento impuesto como medida de protección a los ciudadanos y el cierre de comercios y comedores de donde estas personas obtenían el sustento diario para sobrevivir, alertamos acerca de la condición crítica alimentaria que están atravesando, no llevando nuestro programa más que sándwiches a muy pocos de ellos desde el dia viernes. Para paliar esto, se han dispuesto móviles de refuerzo para repartir alimentos con personal de la actual gestión, no habiendo estado esos alimentos cubiertos por cadena de frío que permitiera su conservación."

No sólo las más de 7250 personas que viven en situaciòn de calle son puestas en riesgo por la desatención oficial, también los propios trabajadores encargados de asistirlos. "La situación durante el fin de semana fue que salieron a calle entre 1 y 5 móviles con un profesional en cada uno, trasladando hasta 12 personas por móvil, sin las condiciones mínimas de bioseguridad y sin poder cumplir con la distancia mínima correspondiente entre personas. Los móviles no se están desinfectando luego de la jornada laboral, procediendo solamente a aspirarlos. A los y las profesionales, precarizados en su mayoría por ser monotributistas, con sueldos por debajo del nivel de pobreza, les han sido entregados un par de guantes y un barbijo por jornada de 8 horas, cuando se sabe que los mismos deberían ser cambiados cada 2hs. Estos móviles no están provistos de termómetros ni instrumental básico médico dado que brindan asistencia social de emergencia. Dentro de los móviles no se cuenta con barbijos de aislamiento para personas que presentaran con sintomatología compatible con COVID-19."

Ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, en otros centros urbanos de la Argentina y en el mundo. Las personas en situación de calle son además una población que por sus condiciones de vida conforman un grupo de riesgo. Muchas tienen edad avanzada y problemas previos de salud. En ningún caso puede creerse que tienen acceso a un entorno que les permita cumplir con las recomendaciones de salubridad e higiene que demanda la prevención del coronavirus.

“Es una situación tan inédita que tampoco tenemos una receta. Fuimos limitando nuestras actividades”, dice el párroco Walter Marchetti, de la Iglesia Nuestra Señora de Balvanera, más conocida por ser el santuario de San Expedito. “Sentimos la responsabilidad de cuidar tanto al voluntario como a la persona que vive en la calle. También queremos cumplir con las indicaciones de distanciamiento social que reclama el Estado y a este le cabe la responsabilidad de salir al encuentro de los hombres y las mujeres que están en esta situación”, dice y vuelve a remarcar: “La responsabilidad es del Estado, nosotros acompañamos”.

Sobre esa responsabilidad, el Gobierno porteño, a través de su Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, decidió este jueves acondicionar tres polideportivos para tener más plazas disponibles ante el aislamiento obligatorio.

Serán los polideportivos Parque Chacabuco (Comuna 7), Pereira (Comuna 4) y Avellaneda (Comuna 9) que estarán disponibles desde este viernes. “Entre los tres representarán 250 plazas adicionales y un centro -el de Parque Chacabuco- funcionará como albergue familiar”, dijeron voceros del ministerio a Clarín.

También enumeraron medidas previas: “Se amplió el horario de atención y apertura de los centros para garantizar la recepción de personas. Se capacitó a personal del programa Buenos Aires Presente (línea de atención social 108) y de los centros para que ante cualquier síntoma deriven en forma inmediata. Se prohibieron talleres y reuniones en los albergues. Y se puso en marcha un operativo especial para mayores que son revisados con termómetros láser, como los que hay en los aeropuertos”.

Por su parte, Susana Ordóñez, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y delegada del edificio de Santa Cruz 140 (que resistió un desalojo meses atrás) analizó que “es un desastre” que se tengan que estar reclamando estas cosas. “El otro día entre vecinos frenamos un desalojo en La Boca, ahora hubo uno a diez familias en Balvanera, hay varios con sentencia firme que se van a hacer pronto. Encima convivimos con el dengue del que tampoco nos cuidan, que crece por las obras que el gobierno no hizo”, dijo. “Tenemos un montón de problemas habitacionales y con esta crisis sanitaria empeora todo. Larreta se tiene que hacer cargo”, concluyó.

El miércoles pasado se desarrolló la segunda jornada de desalojo del hotel de la calle Catamarca 463, en Balvanera. El juez que intervino en el litigio puso fecha para este martes 17 de marzo, cuando empezó el proceso. Ese día fijaron una consigna policial para que toda aquella persona que dejara el inmueble no pudiera volver a ingresar.

Había personas que hace más de 10 años que vivían en el lugar, entre ellas más de 20 menores de edad. Los inquilinos cuentan que en un primer momento pagaban el alquiler a la dueña directa, pero luego se la abonaron durante el último año y medio a una especie de intermediario. Dijeron que días atrás les llegó la notificación sobre la orden de desalojo. Asesorados por un grupo de abogados, las familias solo lograron iniciar los trámites para acceder a un subsidio habitacional, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño. En los últimos días muchas familias buscaron nuevos hoteles, pensiones o lugares de residencia para dejar las habitaciones de la calle Catamarca.

El titular del Juzgado n.° 13 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Guillermo Scheibler, intimó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que en el plazo de cinco días remita los actos de creación y modificación del Programa Buenos Aires Presente, del Plan Prevención del Frío y Plan Prevención del Calor, y el Programa Atención para Familias en Situación de Calle, así como los que dan cuenta de sus tres últimas afectaciones presupuestarias. Asimismo, deberá informar todas aquellas medidas que se hubieran adoptado o planificado con relación a las personas en situación de calle y en riesgo a estarlo en el ámbito de esta ciudad frente a emergencia sanitaria vinculada al COVID-19. Todo ello en el marco de las causas conexas «Suleiman, Lilyan Varina contra GCBA y Otros sobre Amparo» y «Donda Pérez, Victoria Analía y Otros contra GCBA sobre Amparo –Salud».

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