Buenos Aires, 10 de marzo de 2020. Fueron publicados el jueves 5 de marzo dos decretos que materializan un par de promesas que el presidente Alberto Fernández hizo el pasado domingo 1º en su discurso al dar comienzo a las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

En relación con la AMIA, Fernández en el Congreso, y a propósito de los servicios de Inteligencia, había anunciado que “a 26 años del atentado a la Amia” ordenaría a la AFI “desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de Inteligencia en los juicios en los que fueran investigados el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo”.

Así lo hizo con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en el que se otorga “el carácter de público (en los términos del inciso c del artículo 16 bis de la ley N° 25.520 y sus modificaciones) a toda aquella información brindada desde el Estado nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial”.

Ademas, en el artículo 3, se declara la “desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación” relacionada con el atentado perpetrado contra la organización judía en Buenos Aires.

Por un lado, fue publicado el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia para impedir que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) realice “tareas represivas” y que posea “facultades compulsivas o funciones policiales”, además de desactivar su participación en “tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia”.

Así, el DNU modifica el artículo 4° de la ley N° 25.520, para prohibir algunas funciones que llevaba adelante la AFI.

El nuevo artículo 4° dispuesto por el DNU presidencial establece: “Ningún organismo de inteligencia podrá:

1. Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal.

2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.

3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.

4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.

Por último, el Presidente creará una mesa de diálogo en el ámbito de la Jefatura de Gabinete con el fin de “procurar transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento y difusión de la información estatal sobre el atentado perpetrado”.

Esa mesa deberá estar conformada por representantes de la Agencia Federal de Inteligencia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Seguridad y del de Relaciones Exteriores y Culto.

Además, se invitará a representantes del Ministerio Público Fiscal, víctimas, familiares o querellantes en los procesos del referido atentado, su encubrimiento y demás delitos conexos para que también sean parte de la mesa que establece el DNU.

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