Buenos Aires, 28 de mayo de 2019. La firma del contrato de gerenciamiento por 30 años, con la opción de compra, del Centro Gallego de Buenos Aires que finalmente se selló el martes 21 de mayo en el Teatro Castelao, dejó entre los representantes, especialmente entre los integrantes de la comisión negociadora, un sabor agridulce.

“Hoy es un día de alegría para muchos pero para otros es un poco doloroso. Nosotros nunca quisimos vender el Centro Gallego”, dijo Patricia Pérez en el recinto, tras la rúbrica del acuerdo. “Nuestros mayores no hubieran querido esto para el Centro Gallego. Nosotros nos vimos obligados a decidir entre proteger a los socios, gallegos desvalidos de 80 años de socios, a quienes el señor interventor, en los últimos dos años y medio, desprotegió y dejó en la calle”, de acuerdo a lo publicado por la colega Mariana Ruiz en el periódico Crónicas de la Emigración de Galicia.

Tras dos horas de debate, la asamblea finalmente acordó el gerenciamiento de la entidad gallega de salud, por un período de 30 años, con opción de compra. BASA dijo que asumirá el pago de todas las deudas del Centro Gallego, que - según el titular de la corporación, Roberto Olmos - ascendería a unos $ 2.000 millones. Según publicó el diario Ámbito Financiero, "Olmos explicó que cuando hayan liquidado buena parte de lo debido estarían en condiciones de escriturar la compra-venta del inmueble, previo aval de la asamblea."

Si bien la Mutual del Centro Gallego cede el gerenciamiento, la entidad será el contralor de la gestión del grupo BASA y conserva, además, para sí el derecho de uso del primer piso del edificio del Centro Gallego, donde está la histórica Sala de Juntas de la entidad y la sede del Instituto Argentino de Cultura Gallega; la habitación en la que falleció el destacado político y artista gallego residente en Argentina y padre del nacionalismo gallego Alfonso Rodríguez Castelao; el Teatro que lleva su nombre, ubicado sobre la calle Moreno, la sede social de Valentín Alsina y el Panteón gallego en el cementerio porteño de La Chacarita.

Tras la rúbrica del contrato de gerenciamiento –que lleva la firma de Roberto Olmos, por parte del oferente, y del interventor judicial, Martín Moyano Barro, por el Centro Gallego de Buenos Aires–, BASA asumió el control del hospital desde el mismo miércoles 22 de mayo.

"Lo primero que vamos a hacer –anunció Olmos– será pagar los salarios de este mes para luego ponernos al día con los trabajadores del Centro, en total unos 300 empleados, mediante un plan de pago", publicó Ámbito. "Nuestra prioridad –indicó– es restablecer lo antes posible los servicios del centro hospitalario". Y para ello, avanzó, se traerá equipamiento médico, ya que "la entidad prácticamente está desmantelada y lo poco que tiene –dijo– es obsoleto", y se iniciarán obras de rehabilitación edilicia.

Olmos anunció asimismo que, "a partir de hoy, los socios del Centro Gallego de Buenos Aires pueden atenderse en cualquiera de los 18 centros sanitarios del grupo." El Grupo BASA tiene una trayectoria de casi veinte años y actualmente cuenta con una red propia de clínicas y de empresas de salud, que incluyen droguerías, farmacias y servicio de ambulancias, con la que cubre la atención integral de 800.000 personas, entre los que se encuentran afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica y PAMI, entre otras obras sociales.

La asamblea se inició pasadas las 6 de la tarde con 43 representantes, las autoridades de la Intervención Judicial del Centro; cuatro miembros del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social); representantes del grupo BASA y las autoridades del Centro Gallego proclamadas formalmente en la asamblea pasada, quienes siguieron el desarrollo de la reunión desde el primer piso del teatro Castelao, de acuerdo a lo que dispone el estatuto de la institución.

La asociada Carmen Hermida fue la primera en ponerse de pie y tomar el micrófono para dejar testimonio en actas de la asamblea que allí concluían 6 años de trabajo. "Fueron 6 años de trabajar (…)  y todo eso lo único que nos dio a nosotros fueron presiones y castigos", dijo, y avanzó: "Nos mandaron gente a nuestras casas. Fuimos todos amenazados, en el orden personal y la comisión negociadora". "Y lo queremos decir –continuó– para que todo el mundo se entere porque nosotros peleamos por el personal y por los socios del Centro Gallego". Además, agregó que a modo de "presión" todos los miembros de la comisión negociadora fueron sometidos a causas penales y civiles iniciadas por el interventor judicial. Si bien en las causas penales todos fueron sobreseídos, aún están en curso los juicios civiles".

En una breve y emocionada alocución, otra socia señaló además que fueron 6 años de pelea desigual contra "una intervención corrupta" que "vació" y "destruyó" el Centro Gallego. Intervención designada por el INAES, que depende del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, cuya titular es Carolina Stanley.

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