Buenos Aires, 14 de mayo de 2019. La causa judicial por la muerte de Adrián, está caratulada como homicidio culposo y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 9 a cargo de Martín Peluso. Por el momento aparece como único imputado Eduardo Agustín Aguaviva, arquitecto responsable de la obra y empleado jerárquico de la constructora Caputo Hermanos S.A., cuyos dueños son Flavio y Hugo Caputo, hermanos de Luis Caputo, el ex ministro de Finanzas del actual gobierno nacional. 

El derrumbe ha dejado en evidencia la inoperancia y responsabilidad de organismos como la Dirección General de Protección del Trabajo (DGPT), la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC).

La AGC de la Ciudad informó que la obra de Pavón estaba habilitada, tenía seguro y director de obra. Sin embargo, el organismo señaló que en la última inspección, realizada el 25 de marzo pasado, habían detectado irregularidades que debían ser subsanadas. En ese momento intimó a la empresa constructora a realizar tareas de submuración. La nueva inspección estaba pautada para el día siguiente al derrumbe. 

La Agencia informó que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO), organismo que de ella depende, se presentó el 25 de marzo a una inspección donde la empresa fue intimada a realizar tareas de apuntalamiento de medianeras y canaleteo para mejorar la submuración. Pero a pesar de estas irregularidades y el constante reclamo de los vecinos, la obra no fue clausurada y para el 3 de abril, dos días después de la tragedia la DGFYCO tenía programada una nueva inspección para verificar que la empresa hubiera realizado las mejoras requeridas. 

La obra en construcción había sido denunciada por la UOCRA el 4 de febrero ante la Dirección General de Protección del Trabajo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por una serie de incumplimientos de Lybster SA. Según el gremio, el personal no tenía ropa de trabajo, ni cascos, ni calzado de seguridad, ni protecciones oculares y auditivas y la obra carecía de señalización y protección en zanjas y excavaciones. Además señaló que la empresa exponía a sus trabajadores a pocos metros de la máquina excavadora y no instaló escaleras pese a la profundidad de la excavación que se estaba realizando. 

Al día siguiente la DGPT labró dos actas digitales de inspección con los números 173407 y 184927, pero no clausuró la obra. Volvió el 14 de marzo y confeccionó una tercera acta (número 192760). Todas se pueden ver adheridas al cartel de obra que dice "Buenos Aires Ciudad" y debajo "Constancia de Inspección de Trabajo". Desde esa fecha y a pesar de que los vecinos continuaban quejándose de ruidos molestos y movimientos en sus viviendas, la DGPT no regresó al lugar hasta el derrumbe. Habían pasado diecisiete días desde la última vez. Recién el 4 de abril y tras el desenlace trágico, la DGPT colocó la faja roja de clausura sobre el portón.

                                                                                                                   

    Norberto Alonso

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