Buenos Aires, 5 de febrero de 2019. "Les interesa un pito la niñez", dice Gabriel Lerner, ex Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), al ser consultado sobre la idea de bajar la edad de imputabilidad penal a 15 años. Los trabajadores, en tanto, denuncian ajuste y precarización laboral en los centros porteños de detención de menores de edad. 

Celdas sin mobiliario ni baño. Falta de mantenimiento e higiene. Iluminación y ventilación natural prácticamente nula. Sectores con colchones acumulados, agua estancada y residuos en los pisos. Sin protocolo de evacuación ni certificado de salubridad. Estos son sólo algunos de los aspectos que describe un informe elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación. El estado de los centros de detención juvenil es alarmante.

Desde el año 2016, en que se trasfirieron a la órbita porteña los 5 Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado, el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad es el encargado de regular el Centro de Admisión y Derivación (CAD) ex -Instituto "Inchausti", el Centro "Belgrano", ambos en Comuna 3, el "San Martín" de Flores (Comuna 7), el Centro "Rocca" (Floresta) que fue clausurado judicialmente luego de un motín, y actualmente funciona en el Centro "Agote", en Palermo (Comuna 14).

Según la Asamblea de Infancias y Adolescencias de la CABA (APIABA) año tras año el Consejo de Derechos es postergado presupuestariamente, "sólo se le destina el 0.3% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires". Esta red que nuclea a más de 40 organizaciones especializadas en la temática de la niñez, denuncia precarización laboral, falta de recursos básicos para el trabajo, espacios de atención insalubres o inaccesibles, falta de formación y supervisión adecuadas "y magros salarios".

"A los Centros les falta comida, vestimenta y materiales necesarios para garantizar las condiciones mínimas de alojamiento de los menores de edad. Si un pibe ingresó al circuito penal es porque el sistema de protección de derechos falló. Y esto se debe claramente a la falta de presupuesto. En vez de poner plata en los organismos de la niñez, este Gobierno eleva el presupuesto en armas taser para las fuerzas de seguridad y le da vía libre al gatillo fácil", indica María Paula Vázquez, delegada de ATE, que hasta 2018 trabajó dentro del CAD Inchausti.

Vázquez describe que los Centros "parecen escuelas, pero al ingresar son bien semejantes a las cárceles. Es grave la falta de mantenimiento, de hecho, el Agote tiene varios informes y pedidos de cierre porque es un edificio que corre peligro de derrumbe. En verano el calor es sofocante y los ventiladores los ponen solamente en lugares comunes y grandes. Cualquiera que pise un centro cerrado, que vea dónde se alojan los pibes, advertiría que no son lugares de resocialización". 

Asimismo, el Defensor Público de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación, Damián Muñoz, afirma que hoy en día la situación edilicia de los Centros de Régimen Cerrado es "mala". "Hace años que deberían dejar de utilizarse esos edificios". Muñoz plantea la necesidad de una fuerte decisión política "acompañada de un presupuesto acorde, que diseñe y construya un dispositivo que le permita a los adolescentes cumplir su privación de libertad en las condiciones más dignas posibles".

Actualmente, 93 jóvenes viven en estos Centros en la cuidad, por disposición de los Tribunales Orales de Menores. El 94% son niños y el 6% niñas. "Siempre el encierro a temprana edad deja marcas muy profundas", añade Muñoz. Pero las cicatrices del encierro también se reflejan en la tortura policial. Distintos testimonios indican que los pibes reciben apremios por parte de la policía cuando son detenidos. "Luego del traspaso a Ciudad se profundizó la mano dura adentro de los centros cerrados. A los pibes que ingresaban golpeados le tomábamos el relato para realizar las denuncias. Pero no hubo mucho resultado", dice la delegada Paula Vázquez. Muñoz agrega: "Se pudo vislumbrar en el inicio de la nueva gestión una impronta de cierto empoderamiento del cuerpo de seguridad (encargado de la vigilancia y seguridad) en detrimento de las autoridades, operadores y equipos de los Centros que deberían ser ámbitos educativos".

Actualmente los adolescentes privados de su libertad son regidos por una ley promulgada en la última dictadura militar argentina. Es decir, con una impronta autoritaria, previa a la Convención de los Derechos del Niño: al menor de edad se lo condena como a un adulto. Por eso se reclama el cambio.

Según UNICEF, bajar la edad de imputabilidad no mejora la seguridad. "Es importante tener una Ley de Justicia Penal Juvenil acorde a la Convención del Niño que respete sus derechos y garantías, pero para ello no es necesario bajar la edad de punibilidad. Hay que trabajar con un enfoque de reinserción social", opinan.

Lerner afirma que en el campo de la infancia nadie apoya la baja de edad de punibilidad y denuncia que el Gobierno no escucha a los que trabajan con los pibes. "Hace falta una nueva ley penal juvenil que sea acorde al paradigma de derechos humanos, acorde a la convención de los derechos del niño. Pero reformar la ley no significa bajar la edad de punibilidad. El proyecto que impulsa el PRO no resuelve ninguno de los problemas, habilita enormes sanciones privativas de libertad y sigue dándole al juez penal de menores facultades propias de la vieja minoridad", expresa el ex secretario de la SENNAF.

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