Buenos Aires, 10 de julio de 2018. Los miembros de la comunidad senegalesa para llegar a nuestra ciudad viajaron más de un mes desde sus hogares, ingresaron por países limítrofes y todavía no tienen resueltos sus papeles migratorios. Muchos dejaron a sus familias y formaron otras acá, viven de a varios en pensiones y la venta ambulante es su única subsistencia. Parte del dinero que obtienen lo envían a África. La policía y la justicia los tienen de punto y los acusan de integrar una mafia, pero ellos se defienden y dicen que pese a la represión buscan mejorar su calidad de vida.

En 2010 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) emitió un fallo donde dice que la venta ambulante para subsistencia de los senegaleses no es punible. Sin embargo, la justicia porteña en los últimos dos años incrementó los allanamientos y operativos contra esta comunidad. Por caso, el 8 de junio la Policía de la Ciudad detuvo a 21 personas tras 27 allanamientos en viviendas de vendedores senegaleses de Once y Flores. Confiscaron más de 70.000 productos que los senegaleses revenden. Incluso les secuestraron ropa suya, cadenas religiosas, dinero que iban a enviar a sus familias o que iban a usar para comprar nueva mercadería.

"Somos vendedores ambulantes para sobrevivir", dice Jackson, quien se vino desde Senegal hasta Buenos Aires. Es un adulto joven y habla despacio y más allá de algunas pronunciaciones o conjugaciones, sus ideas y argumentos se entienden a la perfección. Dice que tardó un mes porque viajó en colectivo desde su hogar hasta Ciudad del Cabo (más de 10.000 kilómetros), en Sudáfrica y luego fue hasta Perú, por donde luego ingresó al país. Está casado y tiene dos hijos. Su familia vive con él en una habitación de hotel de Once. Además, hace envíos periódicos a su familia de África: "Trabajo para que tengan dinero, cuando nos detiene la policía no nos deja nada de mercadería, nos golpean y nos discriminan. Una vez volvía del mercado con una bolsa, me agarró la policía y me revisó, sólo por ser negro". 

Alpha vive una situación parecida. Enfatiza que el idioma es una barrera no con los vecinos, sino con las autoridades: "En la calle la policía te habla como quiere, te saca las cosas y no te quiere explicar qué está pasando". Ambos señalan que al no tener garantías inmobiliarias, los únicos lugares donde pueden ir son los hoteles familiares o las pensiones. Lo que se estila es alquilar cuartos entre tres, cuatro, cinco personas. Donde duermen es donde también depositan su mercadería. Once, Constitución, Flores son los barrios elegidos. 

De Senegal, sólo conocemos su fútbol y el Dakar, carrera que lleva el nombre de su capital. Fue una colonia francesa, que se independizó recién en 1960. Tanto Jackson y Alpha, como la mayoría de los senegaleses, son musulmanes. Es común verlos vestidos, sobre todo en verano, con sus túnicas tradicionales. Durante todo el año llevan cadenas que representan sus creencias. Lamentaron que muchas veces la policía les robó sus túnicas y sus cadenas durante los allanamientos. 

Desde hace dos años un grupo de vendedores senegaleses está en contacto con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Nicolás Caropesi es quien trata con ellos y afirma: "Lo suyo es un paso más en la precarización. Acceder a la documentación se complejizó. Pueden acceder a trámites de AFIP y hacerse monotributistas, pero como bancarizaron los pagos, muchos tienen deudas".

Caropesi señaló que si bien existe el fallo del TSJ, la justicia porteña inicia causas contra ellos y los acusa de violar el artículo 83 del Código Contravencional porteño (usar indebidamente el espacio público). También los acusan de resistencia a la autoridad, que es un delito en la órbita porteña, y de violar la ley de marcas, que es un delito federal. Esto puede complicar su residencia en el país. Tanto CTEP como el Ministerio Público de la Defensa denuncian que es una nueva modalidad conjunta de la Policía de la Ciudad y la justicia porteña para criminalizarlos y expulsarlos. 

Desde la justicia porteña, en especial a través de la fiscal Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35, denuncian que existen redes mafiosas que usan a los senegaleses como vendedores informales. Caropesi refuta: "Es una mentira. Con la excusa de la asociación ilícita se meten en sus casas y les roban dinero y pertenencias. Se aprovechan de su situación de vulnerabilidad, los persiguen y los golpean. Hay una lógica xenófoba contra la comunidad senegalesa que acciona de forma violenta", concluye. 

En la última semana de junio, nuestro portal web informaba "Fuerte denuncia de Amnistía Internacional contra el Gobierno de la Ciudad advierte sobre la criminalización y persecución a vendedores ambulantes senegaleses." Ahora también el reclamo llegó a la Legislatura. El 27 de junio se realizó una reunión conjunta de la Comisión de Prevención de la Violencia Institucional, que preside Myriam Bregman, junto la Comisión de Derechos Humanos, que preside Victoria Montenegro. Recibieron el testimonio de los senegaleses que viven una situación muy grave de represión cotidiana por parte de la Policía porteña. "En Buenos Aires el delito es ser de raza negra", dijo una de las víctimas.

                                                                                                         Juan Castro

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