Buenos Aires, 8 de mayo de 2018. El 18 de julio de 1994 se produjo el ataque con un coche bomba a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Se trató del mayor atentado terrorista ocurrido en nuestro país, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas.

El atentado contra la AMIA registra un antecedente inmediato que fue el atentado a la embajada de Israel en Argentina, también ubicada en Buenos Aires, dinamitada con una bomba dos años antes el 17 de marzo de 1992, causando 22 muertos y más de doscientos heridos. Este atentado, por tratarse de una sede diplomática, fue investigado directamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que jamás terminó la investigación ni elevó la causa a juicio hasta el momento.

En 1991 el presidente Carlos Menem -de ascendencia árabe siria y religión musulmana-, sin autorización del Congreso Nacional, había ordenado la participación de Argentina en la Guerra del Golfo contra Irak, enviando dos fragatas a combatir bajo las órdenes de Estados Unidos.

Desde entonces mucho se ha hecho y poco esclarecido sobre quiénes y de qué modo realizaron estas acciones. Con el tiempo, además, la trama de complicidades y silencios se tragó la suerte corrida por Alberto Nisman, fiscal nombrado al frente de una procuración destinada exclusivamente a la investigación de este crimen que murió de manera sorprendente, después de años de no poder avanzar en el esclarecimiento del atentado, aunque procesó a los imputados actualmente sometidos a juicio.

Luego de veintiún años del atentado, en agosto de 2015 comenzó el segundo juicio, esta vez contra trece personas procesadas por el fiscal Alberto Nisman por participación y encubrimiento del atentado a la AMIA, relacionados con la llamada "conexión local". 

Son ellos Carlos Menem, expresidente de Argentina (1989-1999); Hugo Anzorreguy, ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Menem; Juan Carlos Anchézar, exsubsecretario de la SIDE; Patricio Finnen, ex jefe de contrainteligencia de la SIDE; Juan José Galeano, ex juez a cargo de la causa AMIA; Eamon Mullen, ex fiscal a cargo de la causa AMIA; José Barbaccia, ex fiscal a de cargo de la causa AMIA; Rubén Beraja, expresidente de la DAIA; Jorge Alberto Palacios, excomisario de la Policía Federal Argentina y exjefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires; Carlos Castañeda, excomisario de la Policía Federal Argentina; Carlos Telleldín, acusado de ser el entregador del coche bomba; Ana Boragni, esposa de Telleldín; Víctor Stinfale, exabogado de Telleldín.

Se los acusa de presionar indebidamente a funcionarios, encubrimiento, falsedad ideológica de documento público, violación de medios de prueba, abuso de autoridad, peculado, ofrecer sobornos, posible fabricación de pruebas, compartir información sensible con sospechosos, coacción y privación abusiva de la libertad agravada.

El juicio es dirigido y será sentenciado por el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Luciano Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel. En total actúan treinta y una querellas unificadas en seis cabezas: Memoria Activa (Asociación de amigos y familiares de las víctimas), 18J (Asociación de familiares), Apemia (Asociación de familiares), AMIA-DAIA, policías bonaerenses, Unidad AMIA (Estado argentino).

El 30 y 31 de marzo de 2017 renunciaron a sus cargos de querellantes de la Unidad AMIA del Poder Ejecutivo Nacional los abogados Mariana Stilman y Ezequiel Strajman, denunciando las instrucciones verbales y presiones recibidas del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, para limitar su accionar en el juicio y dejar de asistir a las audiencias. Ante los hechos, la asociación de víctimas del atentado Memoria Activa, publicó una carta abierta al presidente Macri sosteniendo que "lo que se busca desde el gobierno es encubrir a los encubridores que están siendo juzgados, desde agosto de 2015".

Otra renuncia sonora fue la del dirigente radical Mario Cimadevilla, que estaba a cargo de la Unidad de Investigación Especial AMIA, en el Ministerio de Justicia de la Nación. También en este caso por discrepancias con Garavano sobre la acusación a los ex fiscales imputados en el caso de encubrimientos de la AMIA. Días después de su renuncia y de haber denunciado al ministro, Cimadevilla sufrió un robo en su domicilio de Trelew. La casa fue asaltada el sábado 14 de abril por la noche por un grupo comando de al menos cuatro encapuchados que se llevaron documentación, el disco rígido de una computadora y papeles, por lo que Cimadevilla está convencido que no se trató de "un simple robo".

Cimadevilla había denunciado a Garavano por encubrimiento y otros delitos relacionados con la actuación del Estado en el juicio por encubrimiento del atentado. Para el dirigente radical, "el ministro Garavano violentó compromisos asumidos por la República Argentina en el orden internacional y por ende comprometió la responsabilidad internacional del Estado Nacional".

Cuando llega el final del juicio, pocas esperanzas hay para la verdad. El 24 de abril Sergio Burstein, familiar de las víctimas del atentado, declaró "no sé quiénes son los responsables del atentado, pero sí sé quiénes son los encubridores: AMIA y DAIA".

                                                                                                                         Santiago Pujol

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