Buenos Aires, 10 de agosto de 2021. En febrero de este año, al cerrar las deliberaciones del Consejo Federal de Educación, Fernández había dicho que “sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro”, para señalar lo miope que es intentar contraponerlas. En el encuentro de las máximas autoridades educativas de todas las jurisdicciones del país había quedado clara la voluntad compartida de buscar las más pronta normalización de la actividad educativa, pero sin poner en riesgo la salud de alumnos, familias y docentes. Porque es posible cuidar la salud y la educación al mismo tiempo.

Para la actividad escolar, la posibilidad de la interacción personalizada de docentes y alumnos es una instancia insuperable, por más que existan nuevos recursos tecnológicos para la educación a distancia, valiosos en sí, pero que no reemplazan la experiencia vital compartida de niñes y adultos en el ámbito escolar. 

Pero, claro, la salud de unos y otros también importa. Más si hay riesgo de vida. ¿Cómo preservarla en pandemia y dentro de un ámbito educativo? Ventilación, higiene, distancia y tapabocas, van de la mano con vacunación para todos y todas. Ahí radica el primer problema. No hay vacunas disponibles todavía para chicos en edad escolar. Si bien empezó la vacunación de los adolescentes, de momento está restringida a aquellos con enfermedades previas que pueden agravar un cuadro de Covid. Ni los chiquitos de jardín ni los que cursan la primaria tiene posibilidad de vacunarse aún.

Más allá de esto, de gran importancia para evitar la circulación del virus en las aulas, las otras medidas tampoco se cumplen en todas las escuelas porteñas, en especial en las públicas. Así lo evidenció días atrás el auditor de la ciudad, como consignamos en nuestra edición web de la primera semana de agosto. Lisandro Teszkiewicz denunciaba que por el desmantelamiento de la Dirección de Infraestructura Escolar, la ciudad había perdido la capacidad de asegurar el mantenimiento de los 816 edificios escolares con los que cuenta. 

Esa tarea está tercerizada en empresas privadas que pueden demorar meses en realizar los arreglos solicitados por los directivos de las escuelas, aunque cobran un abono mensual para hacer esa tarea. 

Así las cosas el mantenimiento registra retrasos significativos. “Por de pronto, a los arquitectos les falta auditar 115 escuelas, a las que no se les realizó la revisión periódica. Además, en otras 120 escuelas no se realizó el control de plagas y tampoco se cambiaron los vidrios en la mitad de las escuelas auditadas”, señalaba Teszkiewicz. Y continuaba afirmando que “en el período anterior al inicio de la pandemia, la situación ya era complicada, pero al iniciarse ésta, el Gobierno le quitó 528 millones de pesos a Infraestructura Escolar por medio de una Ley de Emergencia. Ahora, cuando se plantea la vuelta de la presencialidad total, aparecen otras falencias. Por ejemplo, en la Escuela Técnica Alejandro Volta los talleres están en el subsuelo, por lo que no puede existir la ventilación cruzada. Con esta situación, no se puede cumplir con el protocolo. Esto quiere decir que o abren sin protocolo o no abren”.

Otro problema que subraya el auditor es la falta de personal. “El protocolo dice que cuando sale un grupo y entra otro grupo, en el intervalo hay que limpiar y desinfectar, pero en una escuela de 27 cursos hay tres personas de mantenimiento y eso hace que sea físicamente imposible cumplir con el protocolo. ¿Me puede decir cómo van a hacer?”.

Teszkiewicz advierte además cierta negligencia en la provisión de los elementos necesarios para cumplir con los protocolos. “A una escuela que tiene 700 alumnos y 200 docentes le mandaron un Tótem de desinfección, una alfombra y dos termómetros. Cada vez que ingresaba un grupo, la cola era kilométrica, ya que todos los que llegaban tenían que desinfectar sus manos y se le debía tomar la temperatura”.

Estas situaciones son las que motivan el reclamo de los gremios docentes. Ahora mismo la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el mayor sindicato docente de la ciudad, se encuentra motorizando una campaña de recolección de adhesiones por la “presencialidad cuidada, con distanciamiento y protocolos”. Quienes suman su firma hacen suyo el reclamo de “la implementación de un protocolo que contenga el distanciamiento como una medida primordial para evitar la propagación del virus mientras se recupera la actividad presencial. Además, resulta imperioso el compromiso del Poder Ejecutivo para garantizar insumos que permitan una presencialidad cuidada, tales como elementos de protección personal y medidores de CO2.” El petitorio puede leerse y firmarse en https://forms.gle/dMvuPuG9ETQrrmUy8

En momentos que las mismas autoridades sanitarias locales advierten del riesgo de una tercera ola de contagios debido a la probable circulación comunitaria de la variante Delta del virus, extremar los recaudos parece elemental. Pero no para la ministra Acuña que insiste en una presencialidad forzada y a cualquier costo. Quizás piense que más contagios sea un precio que vale la pena pagar. El problema es que no lo paga ella. 

                    Santiago Pujol

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