Buenos Aires, 8 de junio de 2021. En la Ciudad de Buenos Aires hay 22 Centros de Desarrollo Infantil (CeDI), que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Son establecimientos preventivos de proyección social que atienden a niñas y niños desde los 45 días a los tres años, integrantes de familias en situación de vulnerabilidad social residentes en la Ciudad de Buenos Aires o cuyos adultos responsables trabajen en ella. La prestación del servicio es permanente durante el año.

El Gobierno de la Ciudad quiere llevar adelante el remate de ese edificio el próximo 2 de junio con una base de USD 295.081 y además, avanza en la subasta de un predio lindero ubicado en Pringles 354. Por esta situación, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) realizó varias presentaciones judiciales para detener ambos remates. Su titular, Jonatan Baldiviezo expresa: “Como sabemos, el Gobierno de la Ciudad ha llevado un plan sistemático de ventas de tierras públicas de edificios y departamentos de alrededor de 60 inmuebles, entre los que se encuentra el de Pringles 340 a 344 donde funcionaba un Centro de Desarrollo Infantil”. “Nos encontramos con un manejo de los bienes del Estado para favorecer a negocios especulativos y no a las necesidades de la comunidad educativa”.

Baldiviezo se refiere a la Ley 6.287 que fue sancionada por la Legislatura porteña el 5 de diciembre de 2019, solo con los 42 votos del oficialismo porteño, y que autorizó la venta de 58 inmuebles que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires catalogó como “innecesarios” para su gestión, según fue publicado en su momento en el Boletín Oficial. A la gravedad de este hecho, se suma que durante el tratamiento de este proyecto de Ley no se realizó ninguna instancia de participación ciudadana, a pesar de que “el Plan Urbano Ambiental obliga a que el manejo del Banco de Tierras e Inmuebles porteños debe llevarse adelante en varias instancias de participación”, agrega Baldiviezo. Se calcula que la venta de estos predios representa una superficie total de 40 mil m2.

En este marco, la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto a la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el IPYPP y la Defensoría de Laburantes, presentaron un amparo colectivo para que se declare la inconstitucionalidad de la ley N° 6.287 que habilita la venta de esos inmuebles del Estado, con el fin de evitar la privatización de los mismos. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad afirman que el dinero que se obtiene de estos remates es destinado a pagar Estudios de Opinión Pública y encuestas electorales como las que realizó el gobierno en abril de este año por más de $800 millones de pesos, o para costear la infraestructura de servicios para mega emprendimientos privados como el Parque de la Innovación, donde se adjudicó a la empresa Bricons S.A.I.C.F.I. la construcción de las veredas y la infraestructura de servicios por un monto de $998 millones de pesos. 

                                                                                                                 Santiago Pujol

 

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